5 Razones por las que defender y apoyar la propuesta construida por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE

El siguiente artículo fue enviado en el marco de la campaña Reportaje rebelde, recuerde que usted también puede hacer parte de esta campaña enviandonos sus artículos, fotos, videos etc al correo elrebelde.rb@gmail.com

Por: Felipe Marín Guzmán [1]

Introducción

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, nació como una experiencia de unidad y lucha de los y las estudiantes Colombianos, cuando ya nadie creía posible un experimento de esa magnitud, y experiencias como las del 71 y el movimiento estudiantil del programa mínimo eran miradas con más nostalgia que optimismo, cuando nadie pensaba que las comunidades universitarias se pondrían de pie: Justo en ese momento surgió la MANE. [2] La MANE vino a la vida a  la sazón de la más lesiva y regresiva reforma educativa que haya sido planteada por gobierno alguno en los últimos años, Santos y su ministra Campo venían por todo: Animo de lucro, profundización de las alianzas público privadas y el subsidio a la demanda como esquemas de financiamiento, primarizacion de la oferta educativa… El país entero vio a lo largo del segundo semestre de 2011 a los estudiantes, profesores, trabajadores, padres y madres de familia volcados a las calles de las más creativas e inusitadas formas,   luchando contra esta propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos,  que en  esencia planteaba la transformación de los pilares de la educación superior, cuyas instituciones pasaría de ser un centro de debate, lucha de ideas y construcción democrática de conocimiento, a mercenarias de monopolios privados y nichos para el lucro del capital privado . Hundida la reforma,  habida cuenta de las gigantescas movilizaciones que le expidieron el acta de defunción al proyecto de ley 112 de 2011,  culminaba para La MANE  “la parte más sencilla” de su  tarea, y emprendía una nueva e histórica labor,  de mayor calado y trascendencia, la MANE define como táctica   plasmar en una PROPUESTA, que concitara la unidad del movimiento estudiantil, social y popular, la visión, fines y principios  de la  educación superior que requiere nuestro país.

Fruto de este arduo proceso, que inicia en el momento mismo que es retirada la reforma del congreso de la república, y  que como es natural no estuvo exento de dificultades y problemas de diversa naturaleza,  En el VII plenario de la MANE los estudiantes colombianos aprobamos los aspectos principales que en términos políticos debe contener una propuesta de educación superior que apunte a resolver la histórica crisis del sector y apuntale un nuevo proyecto nacional: Soberano, democrático y en paz. 

A continuación planteamos 5 razones, No las únicas ciertamente, pero a nuestro juicio las centrales, por las que creemos la propuesta de la MANE debe ser retroalimentada, apoyada y defendida por todos aquellos que creemos que nuestro país merece un sistema educativo democrático, plural, critico, diverso, gratuito y al servicio del pueblo.

1)      La propuesta de la MANE, se ha construido a partir de un ejercicio inédito para los estudiantes Colombianos en particular y para la historia política del país en general, este proceso  consistente en llenar de contenido una propuesta para la educación superior, recogiendo para ello las opiniones, sentires y planteamientos de un amplio sector  de estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria como profesores, trabajadores y miembros de las organizaciones sociales, populares y políticas del país.     ( Este ejercicio, es Solo equiparable en alguna medida a lo realizado por el movimiento estudiantil de 1971 y su programa mínimo) son incontables los escenarios de discusión y debate que para este fin se han llevado a cabo: cientos de foros, seminarios, charlas, conferencias, mesas redondas… con un solo objetivo, articular una propuesta racionalizada que trasciende la protesta, el “abajo”, el “en contra”, para ello hemos generado innumerables espacios de debate amplio y construcción programática a lo largo y ancho de la geografía nacional,  en la que se han escuchado miles de voces, que han servido como insumo fundamental para la propuesta que hoy se expresa en la exposición de motivos y las conclusiones de la VII plenaria de la MANE realizada en días pasados.

Este proceso que hemos abanderado,  guarda enormes distancias con los diálogos por la educación superior que promueve la oficialidad a través del CESU, de composición mayoritaria de entes externos a la comunidad académica[3], estos espacios que mejor deberían llamarse monólogos por la educación superior, se han construido como escenarios que reproducen la anti democracia, la cerrazón y la terquedad del gobierno nacional, la misma que impulso a los estudiantes a inundar las calles de rebeldía e inconformismo en 2011, los mencionados diálogos con un  derroche infinito  de recursos,  y haciendo uso de toda la maquinaria del estado,  se han configurado como escenarios donde  terminan hablando los mismos, de lo mismo,  persiguiendo el mismo fin: Mercantilizar  la educación de Colombia.

2)      Porque la propuesta de la MANE contempla devolver a los colombianos el derecho a la educación, arrebatado por la neo liberal ley 30 de 1992 y las políticas educativas posteriores. La MANE plantea la superación de  las lógicas mercantiles y la apertura de caminos hacia una nueva educación que sea un derecho fundamental de todos y todas los colombianos y un bien común de la nación y el pueblo, ello quiere decir que a nadie podrá negarse el acceso, permanencia y egreso de las IES  en nuestro país, y que por el tipo de fines que persiguen, y la misión que le es substancial a estas instituciones, estas estarán blindadas del afán privatizador y mercantilista.

3)      Porque la propuesta de la MANE implica resolver la aguda crisis que hoy vive la educación superior en materia financiera, que hace que solo en las Universidades del SUE  el déficit (Esto es la diferencia entre las necesidades reales de las Universidades y los giros del estado)[4] ascienda a 11. 15 Billones de pesos. Esta situación tiene nefastas consecuencias sobre las universidades en distintos ámbitos: unas se están cayendo a pedazos como la UN sede Bogotá, otras tienen un solo docente de planta como la Universidad del pacifico y otras tienen matriculas de hasta 5 millones de pesos como la Universidad de Caldas.

La propuesta de la MANE plantea además de resolver la crisis originada en el esquema de financiación de la ley 30,  una apuesta por la gratuidad de la oferta educativa publica, entendida esta como posibilidad y necesidad de una sociedad más justa e incluyente, la gratuidad para la MANE significa  matricula 0 y condiciones materiales para la permanencia y egreso efectivo del ciclo de formación superior, la MANE plantea como eventuales fuentes de financiamiento de esta propuesta: La disminución de exenciones directas e indirectas a multinacionales y monopolios así como rebajas a los presupuestos destinados a seguridad y defensa y pago de la deuda.[5]

4)       Porque la propuesta alternativa de la MANE implica superar la anti democracia y la represión  a la protesta, la movilización y la organización  que han  imperado a lo largo de nuestra historia en las Instituciones de educación superior Colombianas, esta ausencia de participación de los gremios que integran la comunidad académica son puestas en  evidencia por  varios estudios que no temen afirmar que los escenarios de gobierno en las IES Colombianas son los más anti democráticos de américa latina. [6]Para superar la lógica según la que los que definen para dónde va la educación son los empresarios, banqueros y politiqueros,   y no los estudiantes profesores y trabajadores, la MANE plantea reformular las funciones y composiciones de los órganos de dirección de la educación superior en tanto IES y en tanto Sistema Educativo.

5)      El modelo educativo planteado y defendido por la MANE, apuntala un proyecto nacional  de nuevo tipo, diferente al implantado y defendido por las clases dominantes, caracterizado en el terreno educativo por una  comprensión reducida de la educación superior como formador de capital humano  al servicio de  los planes del gobierno de turno, que resultan siendo la entrega de la soberanía nacional, la anti democracia y el guerrerismo, en otras palabras  la educación superior que persigue la MANE le sirve a una idea de nación soberana, democrática y en paz.

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[1] Activista de la Federación Universitaria Nacional FUN-Comisiones MODEP, Representante Estudiantil al consejo Académico de la U. de Caldas y Vocero Nacional de Mane Colombia.

[2] A este respecto sugiero revisar la Crónica: “La Mesa que cambio la historia del movimiento estudiantil Colombiano” en tres entregas, escritas por el ex activista estudiantil y actual dirigente del MODEP: Alejandro Parra Giraldo en: http://lacolumnasemanal.blogspot.com/

[3] Al respecto ver declaraciones de Sergio Fernández, Vocero Nacional MANE en: http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3861:mane-dice-que-la-mayoria-del-cesu-no-son-miembros-de-la-comunidad-academica&catid=16:noticias&Itemid=198

[4] Ver Informe de la comisión técnica de vicerrectores administrativos del  Sistema Universitario Estatal, SUE: “Desfinanciamiento de la educación superior Colombiana”, Colombia  2012

[5] Ver documento : “Exposición de motivos de una nueva educación para un pais con soberanía, democracia y paz”, publicado por MANE Colombia en Septiembre de 2012, páginas 22 y 23  en: http://issuu.com/mane.academica/docs/documento_de_trabajo_exposici_n_de_motivos?e=4511390/2650977

[6] Ver : “El modelo de gobierno Universitario Colombiano, el más anti democrático de América Latina”, Por Edwin Villamil Garzón: Historiador y Magister en Historia UDEA, Activista Movimiento Por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP, en : http://bit.ly/J1bWtF

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La Libertad de Expresión a partir de la construcción de lo Público

PONENCIA DE LA MESA AMPLIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL FORO LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA UN

Como Mesa Amplia de la Universidad Nacional – MAUN queremos saludar este espacio

agradeciendo la oportunidad que se abre para discutir un tema tan importante para la

Universidad Nacional de Colombia, dada su actual condición de crisis. Es para nosotros y

nosotras un gusto poder discutir ámpliamente el carácter y el sentido de lo público.

Partimos de un marco conceptual y de acción que para nosotros y nosotras es fundamental:

lo público es lo común, ya que se trata del entramado de relaciones sociales que definen y

realizan los derechos y el bienestar colectivos. Pero además, si lo público es lo común,

entonces le es inherente un carácter diverso, teniendo claro que esta diversidad no está dada

por una supuesta sumatoria de individualidades, sino por el carácter social inherente a la

humanidad, cargada de múltiples formas de relacionamiento, entre ellas, las

conflictividades. Finalmente, el paso de la diversidad a lo común está mediado por una

única práctica que es, simultaneamente, su condición necesaria: la democracia. Única y

necesaria porque de ella depende que lo público, lo común, sea un proyecto colectivo.

Es por lo anterior que, en múltiples ocasiones y en diversos escenarios, hemos insistido que

el carácter colectivo de lo común choca con la idea formal de lo público como el resultado

de la suma de voluntades y expectativas individuales. Lo público, entendido como lo

común, nos lleva a la superación de criterios individualistas a través del encuentro de

mínimos comunes de acción que nos permitan construir y defender, legítimamente, el

interés general.

Como consecuencia de dicho marco conceptual, podemos entonces ubicar tres dimensiones

de lo público como proceso común. Primero, su dimensión histórica, pues es un proceso en

constante construcción, condicionado por el momento social y por los actores que lo

componen. Segundo, su dimensión política, en tanto su idea y su realidad expresan un

proyecto político de sociedad, es decir, el cómo se entiende y se lleve a cabo lo público es

reflejo de un tipo de sociedad y, a su vez, el tipo de sociedad es proyección de la

concepción de lo público. Tercero, su dimensión práctica, que se sintetiza en la siguiente

pregunta: ¿cómo y quiénes construyen lo público?

Este es nuestro marco general de cómo entendemos y ponemos en práctica el sentido y el

carácter de lo público en la Universidad Nacional. Pero nos falta un elemento tan

importante como concebir lo público como común, y se trata de lo real, es decir, para hablar

hoy de lo público en nuestro campus debemos hablar de su pérdida. Para nosotros y

nosotras, como MAUN, abrir la discusión frente a lo público debe partir necesaria y

urgentemente por ubicar la pérdida de lo público en la Universidad.

Hoy es evidente que lo público se desdibuja en el marco de una idea de país determinada.

La premisa del mercado como regulador de la sociedad, de lo común, se evidencia en la

idea gubernamental del mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea

necesario. Esta premisa ha sido la que ha reorientado, y sigue reorientando, la discusión de

lo público en su relación con el Estado y, por tanto, de las responsabilidades de éste con la

Universidad Nacional. Esta lógica ha cedido lo público, lo común, al mercado, o, para ser

más precisos, el mercado con su lógica a usurpado lo público: educación, salud, vivienda,

tierra, conocimiento, semillas, agua, genómica, etc. Lo público, lo común, expresado en los

derechos sociales, lo determinan la oferta, la demanda, la rentabilidad y la eficiencia. Hoy

ya no nos podemos referir al sujeto de lo público, sino al cliente de lo “público”.

Para el caso de la educación, este hecho es visible en el cambio de esquemas a la

financiación de la educación superior, donde la sinergia entre instituciones y modalidades

cede a la competencia por recursos para que las mismas puedan seguir existiendo, o la

financiación se desplaza de las instituciones a los clientes mediante la figura del crédito o

subsidio a la demanda. Esto desdibuja la autonomía universitaria, como presupuesto

específico y fundamental de la Universidad, pues el construir conocimiento y alternativas

colectivamente para el conjunto de la sociedad, queda supeditado por la búsqueda

permanente y frenética de recursos propios. Así, lo público, lo común, deja de tener una

función social general, y la Universidad asume lo público de manera particular, individual,

restringida a las expectativas de los consumidores (estudiantes) y de sus beneficiarios

(empresas, Estado).

Pero, ¿qué hacemos nosotros y nosotras, como MAUN, hablando de lo público como lo

común y su pérdida, en un foro sobre libertad de expresión? Pues bien, ya que el vehículo y

el garante de lo común es la democracia, de esta última es parte integrante la libertad de

expresión, y en nuestro contexto, la Universidad Nacional, así como en el resto del país,

específicamente debemos hablar de la pérdida de libertad de expresión.

En la Universidad Nacional, la pérdida de la libertad de expresión se puede ver en el

condicionamiento institucional para el acceso real de los sujetos que integran lo público, lo

común, a los medios y canales comunicativos de la institución. Los medios de

comunicación existentes no están al servicio del sujeto de lo público, que en nuestro caso se

trata de la Comunidad Universitaria. Los medios no son su voz, no son los comunicadores

de sus proyectos, no son los comunicadores de sus necesidades, solo son la voz de la

institucionalidad y de aquellos que se ajusten a sus parámetros. Ni Prisma-tv, ni UN-radio,

ni Carta Uiversitaria, ni UN-periódico, ni el portal web, expresan la situación universitaria,

no hablan de la crisis, no hablan de las necesidades y problemáticas de los estamentos que

componen la Comunidad Universitaria. Son la voz exclusiva, es decir, excluyente, de una

institucionalidad cada vez más ajena a la Universidad misma, que es cada vez más

gubernamental.

Por ello, la Comunidad Universitaria, especialmente el estamento estudiantil y laboral, han

recurrido a la apropiación de otros mecanismos que les permita recuperar y visibilizar su

expresión, su libertad de expresión.

Reconocemos de forma autocrítica que muchas veces estas formas de apropiación para la

defensa del carácter público de la universidad se ejercen desde una perspectiva también

individualista o particularista, en la que muchas veces prima pintar los salones hasta no

dejar un solo rincón con los nombres de las organizaciones, pensando en posicionarse en la

referencia de los y las estudiantes priorizando el yo por sobre lo colectivo.

Por otro lado reconocemos que también existe una suerte de autoritarismo por parte de las

organizaciones. Esto lo podemos ver manifestado de dos formas. Primero, en ocasiones las

formas de expresión de la Comunidad Universitaria se convierten casi que en órdenes que

le dicen a quien las lee que debe hacer y no se abren los temas con la intención de invitar a

reflexionar y pensar sobre los mismos. En segundo término vemos que muchas veces hay

una separación de las formas y los contenidos, donde no existe mucha preocupación por

cómo se exponen las cosas pues se supone que por ser correctas la forma es una cosa

secundaria.

No obstante a esto, la Comunidad Universitaria históricamente ha generado formas

artísticas y culturales con importantes desarrollos en medio de la falta de democracia y la

ausencia en la libertad de expresión. Muchos son los grupos de teatro, colectivos

muralistas, caricaturistas, etc. que existen y han existido en medio del activismo de la

Universidad Nacional. Producto de estos desarrollos ha habido para el país importantes

aportes en materia artística y cultural cómo la Escuela Nacional de Caricatura de cuya

construcción hicieron parte activistas estudiantiles, entre otros ejemplos.

Los mejores desarrollos en este sentido han sido propuestas profundamente

transformadoras que con muchísimos colores e impregnadas por todos lados de alegría

creadora distorsionaron la normalidad y la cotidianidad de los espacios. De este entusiasmo

revolucionario debe beber el movimiento universitario hoy. Ir en contra de sus propios

dogmas y recrearse permanentemente como lo viene haciendo a distintos ritmos desde que

existe.

Tanto este proceso de apropiación como la construcción global de libertad de expresión lo

vemos desde una concepción en la que al centro del sujeto del derecho se encuentra el

colectivo y no el individuo.

La conquista de la libertad de expresión debe superar la idea de que uno es tan libre de

dañar las pintas, como el que inicialmente la pintó pues en esta idea supuestamente la

libertad de expresión existe y supuestamente el sujeto de ella es fulano o fulana.

La superación de esto debe llevarnos a pensar que el sujeto principal del derecho a la

libertad de expresión debe ser la Comunidad Universitaria. Parados sobre una concepción

colectiva de los derechos.

Queremos resumir nuestro aporte a la construcción de libertad de expresión en dos cosas:

- Democratización del acceso a los medios de comunicación de al interior de UN.

- Oxigenación, replanteamiento y diversificación de las formas comunicativas de la

Comunidad Universitaria.

Frente a la construcción de lo común queremos ante todo partir de la siguiente afirmación:

nosotros/as somos defensores de lo público, y por tanto luchamos por ello. Normalmente

por lo público se entiende lo que nos pertenece a todos pero a ninguno, es decir, lo que le

pertenece al Estado. Sin embargo, el Estado no es ni representación ni construcción de

todos/as, sino que por el contrario, se encuentra ajeno las necesidades y aspiraciones de la

población, es un ente totalmente diferente a todos, por tanto, creemos que la defensa de lo

público no es la defensa de la propiedad del Estado en sí mismo.

Para nosotros y nosotras, lo público hay que defenderlo para la construcción de lo común,

lo que se construye a partir de la subjetividad colectiva y de las necesidades que, en este

caso, como sector estudiantil tenemos. Por eso creemos que la Universidad nos pertenece,

no sólo a nosotros como estudiantes, sino a toda la Comunidad Universitaria y debe

pertenecer a los sentires y las necesidades de los diferentes sectores del pueblo. Esto es la

construcción de lo común.

Por tanto, cuando nos planteamos la defensa de lo público, lo hacemos partiendo de la

construcción y apropiación de lo común, del campus universitario y de las relaciones que

en él se dan. Entonces, ¿qué es la propiedad común? La propiedad común es una propiedad

pública que, en lugar de tener patrones públicos o dueños públicos, es propiedad de sujetos

activos y es administrada-organizada por ellos, por tanto nosotros construimos Universidad

entendida como territorio común, y además, con la pretensión y la lucha incesante de que

seamos nosotros/as como comunidad, las que definamos el rumbo de la Universidad, su

sentir y su carácter.

Al referirnos a lo común entonces, hablamos principalmente del ejercicio de los sujetos y

las formas en las que estos apropian su territorio. En la Universidad, el movimiento

estudiantil históricamente ha utilizado diferentes formas de apropiación del campus, las

jornadas culturales, las diferentes movilizaciones, las pintas, los murales, etc.

Estas formas son expresiones de la necesidad de constituir la comunidad universitaria como

el actor colectivo que define el rumbo de este, el espacio público-común. Por eso,

consideramos que las diferentes formas de manifestación y expresión política que ha

asumido históricamente el movimiento estudiantil, tienen como objetivo la apropiación y la

construcción de lo común. Por último, enfatizamos en que el carácter de la educación (no

entendida de una forma reducida a la academia, sino a la educación como relación

constitutiva de la sociedad) debe ser un bien común, en la medida que el conocimiento y la

educación como sus contenidos sustanciales son el resultado histórico y acumulado de las

prácticas sociales de la comunidad humana, por consiguiente, es inapropiable por los

particulares o por las entidades del Estado y no puede ser objeto de intercambio mercantil,

definición que le da la MANE en la propuesta de articulado de ley de educación superior.

Defendemos lo público a partir de la apropiación del territorio, de la construcción de lo

común, los murales son un elemento de ello, aunque no es lo único que lo define. Hacerlo,

es parte de la defensa de lo público, no de la transgresión de las propiedades del Estado,

sino de la construcción de las propiedades comunes de la comunidad universitaria.

Consideramos de suma importancia en esa defensa de lo público avanzar hacia una

concepción colectiva de los derechos. Debemos dejar de considerar que el problema es "mi

libertad de expresión" o "su libertad de expresión", para empezar a pensar que el sujeto

principal del derecho no es el individuo sino, en este caso particular, la Comunidad

Universitaria. Nos hacemos llamar comunidad universitaria y esto se debe ver reflejado en

las luchas constantes por el goce efectivo de estos derechos. Tenemos que trascender la idea

de "derechos individuales", ya que sin el reconocimiento del otro como parte esencial de

nuestra vida y desarrollo no se puede avanzar en la búsqueda de un bien común, y de la

reivindicación de lo público.

Por último decir que la crisis que hoy vive la universidad (que más que ponerla en ideas

elevadas hoy se ve desafortunadamente en lo más cotidiano), requiere tanto de una CU

cohesionada y no dividida como está hoy, como de la diversidad de la que esta compuesta

la universidad para que las distintas expresiones y posiciones que existen confluyen en lo

que a todos nos debe ser común: la idea de una Universidad Nacional con excelencia y de

cara al país.

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El congreso de los pueblos frente a la movilización campesina del Catatumbo

La grave situación que vive la región del Catatumbo en estos días, es una explosión social acumulada en largos años de abandono estatal que no ha garantizado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, mayoritariamente campesina.  Desde la colonización petrolera iniciada hace ya 90 años, la prioridad allí siempre ha sido el saqueo de los recursos mineros y energéticos y, por lo tanto, la seguridad de las empresas que intervienen, por lo que ha sido permanente la utilización de las fuerzas militares y paramilitares por parte del establecimiento, con los altos niveles de victimización por todos conocidos. Y los esfuerzos propios de los catatumberos y las catatumberas por construirse un territorio para el Buen Vivir, han sido estigmatizados y desarticulados una y otra vez de manera violenta.

El tratamiento del Estado a la situación económica y social de la población no se ha modificado. A la par que impulsa ahora múltiples megaproyectos económicos de explotación integral de todos los recursos del Catatumbo, planea la consolidación del control militar del territorio, ampliando la presencia de las Fuerzas Armadas en todos sus componentes, centralizados en la Fuerza de Tarea Conjunta “Vulcano”, con sede en el municipio de Tibú, en la frontera con Venezuela. La respuesta violenta que el gobierno ha dado a la protesta social que hoy se desarrolla, se inscribe en esa estrategia.Por tales razones, el Congreso de los Pueblos:

1. Responsabiliza al gobierno nacional de la muerte de los campesinos Edwin Franco Jaime, de 22 años de edad, y Yonel Jácome Ortiz, de 28 años, las heridas graves a más de una docena de ellos y los daños de los bienes materiales de la población.  El constante señalamiento del gobierno sobre las tales “infiltraciones” sólo buscan justificar el tratamiento militar de la protesta social. Este manejo pretende legalizarse con la idea de que los civiles constituyen un blanco legítimo, como ha quedado expreso en la reforma al llamado “fuero militar”. Es lo que se ha aplicado con los disparos hechos por el ejército sobre la concentración campesina en Ocaña, Norte de Santander.

2. Reconoce y promueve todas las acciones que hoy construyen la territorialidad campesina, la cual es aceptada inclusive por la comunidad internacional, como derecho imprescindible para la sostenibilidad de una cultura que mantiene un gran porcentaje de la seguridad alimentaria y cuyo modelo productivo reduce el calentamiento global del planeta. Las identidades culturales son la base fundamental para un ordenamiento democrático de los territorios alrededor de los Planes de Vida integrales.

3. Llama al fortalecimiento de la articulación de los diversos procesos sociales regionales, para garantizar la defensa del territorio, la permanencia en él y para posibilitar la construcción comunitaria de las condiciones ambientales, sociales, económicas y políticas necesarias para la vida digna de los pueblos que los habitan. Y llama también a seguir moviendo de manera unitaria todos los conflictos, para enfrentar el modelo neoliberal y sus transnacionales que invaden nuestros territorios.

4. Exige del gobierno nacional la cancelación del Plan de Consolidación del Catatumbo que profundiza la militarización contra el pueblo en aras del denominado desarrollo; parar la criminal política de erradicación de los cultivos de uso ilícito; atender por fin las reclamaciones de las comunidades campesinas e indígenas y respetar el derecho de la población del Catatumbo a decidir el futuro de su región. Bogotá, junio 25 de 2013

Congreso de los Pueblos
Construyendo país para la vida digna!

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EL GRAN COLOMBIANO.

El Gran Colombiano.

Un título muy trascendental a decir verdad, ya que esta iniciativa del canal Histoy Channel buscaba un personaje representativo y que en el trascurso de la historia colombiana hubiera marcado una pauta, una diferencia, que hubiera alcanzado logros que beneficiaran al país, lastimosamente en el desarrollo del programa influían varias empresas las cuales por distintas razones “dieron su granito de arena” en la votación posicionando como “Gran Colombiano” al ex presidente  Álvaro Uribe Vélez, claro está que los colombianos que votaron no conocían mucho de la historia de este personaje, es por esto que se hablará de por qué hoy muchos de los Colombiano no aceptamos a este sujeto como una digna representación para ser nombrado “El Gran Colombiano”.

- Un caso imposible de cerrar, pues nunca callaran la voz de un pueblo que exige Justicia:

En enero del presente año al ex presidente Uribe se le reabrió una investigación en la fase preliminar, por sus nexos paramilitares, más exactamente por sus directos vínculos con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Antioquia de donde era entonces Gobernador este personaje (1995-1997) para ser exactos, dentro del proceso también se menciona la responsabilidad sobre varias masacres efectuadas por este grupo paramilitar en ese departamento durante el periodo que ejercía la Gobernación de este Departamento. Como si fuera poco esta “presuntamente” involucrado con el seguimiento, acoso y una gran serie de amenazas, efectuadas por la ya desaparecida institución DAS, a los contradictores del gobierno Uribe y por último es necesario tener en cuenta que en el periodo 2003-2006 los grupos paramilitares se “desmovilizan”, lo anterior debería ser normal, el problema son las extrañas circunstancias en las que se dio este proceso y aún más bajo el creciente Gobierno de Uribe.

Lo anterior no es invento de los medios como dirían muchos, patadas de ahogado como dirían otros, provienen de declaraciones reales de desmovilizados de las Autodefensas que se encuentran en la cárcel, más exactamente: Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes declararon en una entrevista para el Congresista Iván Cepeda.

- El negocio de: Agro ingresos Seguros.

Una polémica donde uno de los culpables es la victima gracias al “drama” de su esposa y a los medios de comunicación, estamos hablando de Andrés Felipe Arias, pero bueno este personaje no actuaba solo, es entonces cuando se le acusa a Uribe de haber metido la mano en el proyecto y beneficiar a una gran cantidad de familias con seguros multimillonarios, el problema es que estas familias no los necesitaban, son familias de la “alta sociedad” de la costa caribe Colombiana y encontramos varios nombres de reinas de belleza que accedieron a la “humilde” ayuda del gobierno Uribe.

Evidenciamos en familias como las de Silvestre Dangond Lacouture, los módicos subsidios de 447 mil millones de pesos, que según ellos llegarían a los pequeños campesinos pero no en dinero o progreso como muchos creeríamos, sino por el contrario en empleo, es decir brindarían empleo para los menos necesitados, entonces ¿acaso no eran subsidios para los necesitados?, porque empleo para alguien que ha sufrido los daños colaterales de una guerra cada vez más financiada y promovida por el mismo Estado.

Por último, las familias a las cuales beneficiaron como son de buen corazón y les dan trabajo a los campesinos necesitados, también dieron varias colaboraciones para su gobierno y reelección, pero por supuesto hay que entender como por ejemplo la señorita Valerie Dominguez Señorita Colombia (2005) no cuenta con recursos y por esto recibe subsidios tan jugosos.

-“Debemos agradecer al Ejercito, a los héroes de Colombia, y al señor Uribe por el buen entrenamiento de los Paramilitares”.

Muchos hemos escuchado la problemática que generaron las declaraciones del mercenario Israelí Yair Klein sobre el entrenamiento otorgado por su parte con la gran colaboración del ejército nacional a grupos paramilitares, pero no para ahí, la más crucial y problemática fue: "Lo único que puedo decir en que uno de los estuvo involucrado en ese grupo (de entrenamiento) fue luego con el tiempo presidente de Colombia", seguido de: "Ustedes saben perfectamente quién es”. Para muchos es suficiente esta declaración, para otros es insostenible, sin argumentos y falsa. 

Este mercenario además afirma que era inevitable que el DAS no supiera de la existencia de estos entrenamientos y lo más agravante que el Ejercito en compañía del ministerio de Agricultura llevan a cabo la venta de ganado para poder costear los repetidos viajes del mercenario a Colombia, y no precisamente de paseo, era para brindarles entrenamiento en bases militares a paramilitares, para desarrollar trabajos urbanos en su mayoría. Tal era la intensidad de los entrenamientos que lo que más les dieron fueron balas sostiene Klein. (3)

“Que gran Colombiano tenemos”, es inevitable no rechazar esta elección, y muchos dirán que es tan solo un programa de televisión, pero no es solo eso, es la imagen que le estamos dando a todo el mundo, una imagen donde los paramilitares Gobiernan hacen y deshacen con este país, pero más grave aún es la imagen que nos estamos dando a nosotros mismos, la de un país sin memoria, lo cual es más preocupante que lo que piense cualquier otro país, olvidamos nuestros muertos, los crímenes y admiramos asesinos, es importante entonces mover este mensaje, mostrarle a todo el que esté a nuestro lado que no podemos seguir creyendo en los grandes medios de comunicación, que no nos podemos quedar tan solo en protestar por las redes sociales, y aun más importante: NO PODEMOS SEGUIR SIENDO UN PAÍS SIN MEMORIA.

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CRISIS EN EL CATATUMBO EN MEDIO DEL FUERO PENAL MILITAR

En medio de la crisis que se vive en este momento en el Catatumbo por la exigencia que realizan los campesinos de respetar los acuerdos y reglamentar esta parte del país como Zonas de Reserva Campesina, existe una gran preocupación: los desmanes de la fuerza pública que en estos momentos ya están amparados por el Fuero Penal Militar.

La Fuerza de Tarea Vulcano del ejército, encabezada por el General Marcolino Tamayo, junto con el ESMAD, han perpetuado crímenes contra la comunidad de Tibú y Ocaña, no sólo con el uso excesivo de la fuerza, sino convirtiendo a la comunidad campesina en prácticamente un actor armado, dándole un trato de este carácter con sus declaraciones y acciones, violando totalmente el Derecho Internacional Humanitario.

La preocupación se agudiza porque desde el pasado 17 de junio se aprobó en la Cámara de Representantes la ley estatutaria que reglamenta el Fuero Penal Militar, la cual protege de antemano a las FF.AA. en su accionar criminal, en este caso, en las acciones realizadas en el Norte de Santander. A continuación presentamos sólo algunos de los puntos que afectan de manera directa la situación que se vive en el Catatumbo:

1. Se crea la figura del “blanco legítimo”: quienes según esta ley pueden ser, entre otros, los civiles que participen directamente en las hostilidades. En ese sentido, afirmaciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos -máximo comandante de las FFAA- la semana pasada, en las que afirma que las movilizaciones del Catatumbo están infiltradas por la guerrilla, convierte a los campesinos de  antemano  en blanco legítimo, por supuestos colaboradores de la insurgencia.

2. Se crea el tipo penal de falso positivo: según esta ley, el servidor público que matare a una persona en estado de absoluta indefensión. En razón de lo anterior, desde la visión del gobierno, los campesinos no están en absoluta indefensión, pues están confrontando a las FFAA a partir de la movilización, por tanto, cualquier muerte de alguno de ellos, no sería tipificado como falso positivo, es decir que no sería una violación al DIH y el caso sería llevado a Justicia Penal Militar, sí es que llega a ser investigado.

3. Se modifican las causales de ausencias de responsabilidad: Donde los miembros de las FFAA pueden actuar según sus propias interpretaciones de la noción de legítima defensa, lo que puede conllevar que los militares se sientan tan “atacados” por las piedras de los campesinos, que actúen –como ya lo han hecho- en legítima defensa, a partir de un exceso en el uso de las supuestas armas legales.

En Colombia se está legislando para la guerra, con la aprobación en el último año de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley estatutaria de Fuero Penal Militar y la reforma al Código de Policía; pero no solo se está legislando, sino que se está actuando para la guerra, las actuales manifestaciones de los campesinos existen incluso en razón de lo ya acordado hace años en cuanto a la ley 160 de 1994 que reglamenta las Zonas de Reserva Campesina y lo ya reafirmado por los puntos de “acuerdo” en cuanto al tema agrario en la Habana, son atacadas por el Estado, en razón de lo que la institucionalidad ha venido afirmando desde los inicios de los diálogos de la Habana: el modelo político y económico no se negocia, es decir, la paz no se negocia, se decreta a punta de bala y represión, como lo intenta hacer en estos momentos las FF.AA. en el Catatumbo.

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NADA ES ¡IMPOSIBLE!!! PRESIDENTE SANTOS

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente-investigador

Universidad Nacional de Colombia



Uno de los mártires y victimas más simbólico de la historia de la violencia en el país es el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, a él se le atribuye una bella y significativa frase que hoy le viene muy bien al presidente Santos a raíz de sus declaraciones sobre las solicitudes de las FARC-EP en la mesa de conversaciones en relación con el tema de la Participación Política: lo imposible no es mas que lo difícil visto por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza.



No se trata de la buena fe de que habla el presidente cuando afirma “para llegar a la paz, para llegar a los acuerdos, se requiere buena fe, - y - de parte nuestra está esa buena fe”; esa fe de la que habla el presidente es desafortunada pues el sentido de esa buena fe esta dirigida a reclamar honestidad y sinceridad en materia de compromiso con el proceso y no creo que las FARC-EP hayan dado menos muestras que el gobierno al respecto, en estos meses de conversaciones y acuerdos, habiendo resuelto casi en su totalidad el punto primero de la agenda que hace referencia a uno de los problemas estructurales que dieron origen al conflicto: El tema agrario.



La Fe de que nos habla Gaitán es otra fe es la que hace referencia a la convicción que se debe tener para sortear toda dificultad y sacar adelante un proceso que se constituye por si mismo una necesidad urgente y prioritaria. Es la Fe que es capaz de derrumbar montañas de objeciones porque se alimenta de la esperanza viva de paz que tiene este país y que se ha hecho explicita en múltiples foros, marchas, congresos, paneles, columnas de opinión, seminarios, talleres, cátedras y cuanta forma de organización y convocatoria de demanda, reflexión y análisis de paz se han dado y se siguen dando, incluso encabezadas por el propio mandatario. Total, lo imposible no es más que lo difícil y, nadie ha dicho en este país que sacar adelante un proceso de paz es fácil, que no hay que ponerle fe y llenarse de esperanza.



El Primer informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, FARC-EP, dado a conocer el pasado 21 de Junio, en La Habana-Cuba, muestra la magnitud del esfuerzo que se ha hecho y la importancia de los acuerdos alcanzados. Desmiente completamente la idea de que la FARC-EP va hacer la revolución en una mesa de conversaciones y que el gobierno esta entregando a la subversión el país. No existe en ese informe nada distinto a la necesidad de emprender un conjunto de transformaciones democráticas que contribuyan a generar mejores condiciones de vida, trabajo, convivencia y productividad en el campo y en la ruralidad colombiana, propuestas que están revestidas de la mayor legitimidad social y gremial porque fueron construidas desde los resultados de los distintos eventos democráticos en los cuales se pudieron expresar todos los sectores de la sociedad.



Si hay una fuerza que haya revolucionado su pensamiento ha sido la FARC-EP, se han inscrito en un proceso de transformaciones democráticas, realistas y viables, no solo en lo agrario-rural cuya defensa central se ubica en torno a las Zonas de Reserva Campesina, la defensa de las tierras comunitarias indígenas y colectivas afrodescendientes, al mejoramiento de las condiciones de vida rural y a la protección del medio ambiente, sino, en el tema de la participación política, no reclaman otra cosa que la ampliación y la profundización de la democracia que desde luego requiere, como todo, transformaciones democráticas que comprometen desde luego la institucionalidad del Estado.



Pero, nótese bien, las FARC-EP no están exigiendo expropiación de la totalidad de la tierra para distribuirla entre los campesinos que hubiese sido el camino por una revolución socialista, ni están transformando el Estado Social de Derecho en una Estado Totalitario de un único partido. Nada de eso están proponiendo.



En materia agraria, han acordado un paquete de reformas democráticas que garantice al país el desarrollo de la economía campesina que es el soporte esencial de la seguridad alimentaria y de la sustentabilidad ambiental de la nación, al lado de un modelo de economía comercial con zonas de desarrollo empresarial que garantice condiciones laborales dignas a los trabajadores del campo. Claro, hay que titular la tierra que los campesinos culturizaron e hicieron productivas de los baldíos de la nación, hay que ofrecerles las mayores garantías para que dignifiquen su vida contando con apoyos técnicos y crediticios, subsidios para campesinos que producen la canasta alimentaria nacional, mercados seguros, vías para sacar sus productos. Desde luego que es necesario enfrentar el latifundio improductivo, ese es un reclamo no solo de las FARC-EP, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC- lo ha hecho bandera reivindicativa de la Sociedad y sabe que es necesario recuperar para la agricultura 20 millones de hectáreas de esa ganadería extensa e improductiva. Para decirlo en pocas palabras lo que se esta proponiendo no va mas allá de lo que necesita el país en materia de una Reforma Rural Integral o de una posible Reforma Agraria Democrática.



En materia de transformaciones política no veo amenaza de ninguna naturaleza en el Decálogo de Propuestas sobre participación política presentada por las FARC-EP a la mesa de conversaciones; qué puede amenazar la institucionalidad política y el Estado Social de Derecho propuestas como una reestructuración democrática del Estado y una reforma política que amplié los escenarios de participación a todos los sectores de la sociedad; el reclamo del ofrecimiento de garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno sin que tenga que soportarse la estigmatización política y la ofensiva de cualquier Procurador General de la nación anclado en un pasado sectario y clerical; garantías para que quienes estuvieron en la guerra puedan pasar al ejercicio de la política si hay un acuerdo final, no es de eso lo que se les reclama, de que cambien las armas por votos… entonces porque se escandalizan ante la posibilidad que lo hagan y se llenan de vallas sectarias las ciudades del país; será que es absolutamente imposible democratizar la información y la comunicación y abrir a la democracia de opinión los medios masivos de comunicación, porque eso hace parte fundamental de la construcción de un modelo de convivencia democrática autentica; qué de extraordinario e inviable tiene, de imposible, para utilizar los términos del presidente, reclamar el estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios o la participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica o, ofrecer garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de otros sectores sociales excluidos o que, se estimulé la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América o que se promueva una cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y se garantice el derecho a la protesta y la movilización social y popular que esta contemplado en la constitución política. O que se haga uso, si así se requiere para garantizar la paz del país de los artículos 374 y 376 que definen los criterios para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.



Las constituciones y las leyes, los pueblos las promulgan para que les ofrezcan las mejores condiciones para vivir en paz y con la mayor libertad, bienestar y seguridad posible, no para que se conviertan en un obstáculo cuando la voluntad general de la nación esta demandando de encontrar el camino de una paz estable y duradera. El instrumento no puede doblegar la voluntad humana ni ser obstáculo para que los cambios que se requieren se produzcan.



No veo en las propuestas presentadas por la FARC-EP nada de imposible para un gobierno que no ha perdido la fe y que mantiene viva la esperanza nacional de Paz.



Señor presidente no convierta el tiempo de las conversaciones, la dejación de armas y una Asamblea Nacional Constituyente en inamovibles, en imposibles, porque eso conduciría al fracaso un proceso que se ha llevado sin duda alguna de manera exitosa…hasta hoy.





Bogotá, Junio 22 de 2013.

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Fuerza pública disparó contra campesinos y Comisión de Verificación

Ocaña, Norte de Santander.- Las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte de la Comisión de Verificación en Ocaña, Norte de Santander, denunciaron que fueron atacados con armas de fuego por parte de la Fuerza Pública.

Según la denuncia, sobre la una de la tarde del sábado 22 de junio cerca del sitio conocido como Aguas Claras, la Comisión fue atacada por la Fuerza Pública con disparos de fusil.


Esta Comisión había salido desde Cúcuta hacia Ocaña con el objetivo de observar los abusos de la Policía contra los campesinos que se encuentran protestando por la grave crisis humanitaria que vive la Zona del Catatumbo.


Según la información los integrantes de la comisión y la comunidad permanecieron tumbados en el piso por más de media hora, tiempo que duraron los disparos.


Ante el ataque las defensoras y defensores de derechos humanos se vieron obligados a retroceder  y salvaguardarse en la vivienda de una familia.


Posteriormente helicópteros de la Fuerza Pública lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma sobre todas las personas que se encontraban en esa zona, incluido el personal de la comisión. Igualmente la comisión informó que hay 7 campesinos heridos. 


Para el congresista Iván Cepeda ese comportamiento de las Fuerzas Militares en Ocaña "es la presentación en sociedad del uso de la fuerza respaldado por el nuevo fuero militar".

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