26 de marzo de 2014

HOY DE NUEVO LA UD EN LAS CALLES




“Que la lucha contra la mentira oficial y constitucional
sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma”

Octavio Paz-El laberinto de la soledad


Para muchas personas podrá parecer que hoy fue un día común y corriente en la capital del país, los trancones, los gritos y el caminar acelerado fueron una constante, pero en medio del tedio y la rutina se levantó una voz que se pronuncia, grita y se rebela contra una arbitrariedad cometida contra toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En noviembre del año 2013 el Consejo Superior Universitario (CSU), aprobó los acuerdos 008 y 009 (reforma académica y administrativa respectivamente) de una manera autoritaria que negó el legítimo derecho de toda una comunidad a escoger el rumbo que debe seguir su alma mater.

La reforma impuesta se caracteriza por una total falta de sustento epistemológico y científico, es decir, un sustento de forma y de fondo para justificar las atrocidades que se cometen en ella, por ejemplo: La desaparición de las facultades de ciencias y educación, Academia superior de artes de Bogotá (ASAB), medio ambiente y recursos naturales y tecnológica. La creación de una diversidad de carreras que no tienen un sustento presupuestal para su existencia. Se aumenta de una manera exagerada la carga horaria asignada a los y las docentes. La reforma fue aprobada con varios vicios de procedimiento que resultaron en una reforma que no se acopla a los estatutos de la universidad. Se puede evidenciar que los doctorados de la universidad se convertirán, al igual que en la Universidad Nacional, en los respaldos presupuestales de los pregrados generando un desfinanciamiento por parte del Estado.

Durante el año pasado hubo un proceso de movilización que logró generar una serie de acuerdos entre la comunidad universitaria y el CSU para no aprobar la reforma hasta que hubiese una discusión amplia y democrática para transformar la universidad de una manera acorde a las necesidades de la ciudad y el país, pero como siempre sucede en las esferas institucionales del “poder” universitario la reforma fue aprobada en vacaciones y bajo el secretismo usual de las directivas. 

Los aspectos mencionados y otros tantos que hacen parte de la crisis de la UD llevaron a que toda la comunidad  universitaria se volcará a las calles, en una marcha dirigida hacia la sede Sabio Caldas ubicada en la calle 40 con séptima, donde funciona la administración de la U, para realizar una toma cultural y exigir de manera tajante:

1. La renuncia del ilegitimo Consejo Superior Universitario
2. La derogación de los acuerdos 008 y 009
3. La construcción de una reforma desde una constituyente universitaria

Una vez la comunidad se concentró en la sede,
se dividió en varias mesas de trabajo: Constituyente, reforma, reforma laboral, veeduría ciudadana, ciencias y educación, persecución a pensionados y presupuesto. En estos momentos la comunidad está atenta a las conclusiones que resulten de estos espacios de trabajo para establecer una ruta de lucha y movilización para una autentica transformación de la UD.

Por último queremos aclarar que los medios de comunicación de paga mienten. Dicen que somos unos descocidos, que somos los nadies, que no existimos, que nuestra voz es vaga y sin sentido, anuncia que la marcha que se reunió en el planetario era una marcha que no tenía dirección y objetivo, pero les recordamos que aquí seguimos y que la UD va por la constituyente y seguiremos en movilización.

Desde las aulas de las Universidad Distrital:

Red Popular de Medios Alternativos UD
El Rebelde, Medios Alternativos 
Mochila Ambulante. 
Revista Utopía.

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25 de marzo de 2014

Santos presenta el "plan de choque para Bogotá"



Santos presenta el "plan de choque para Bogotá"

Hoy poco antes de las 8 de la mañana Santos dio una conferencia en la que presentaba el "plan de choque" para Bogotá resultado de la reunión iniciada ayer del concejo de ministros y el nuevo alcalde impuesto para la ciudad.

Parados sobre el informe del Contralor intentaran resolver la situación "caótica" de Bogotá, frente a lo cual en el mismo sentido El tiempo inicia su artículo sobre la noticia: "Lo que no logró durante sus dos años de administración como alcalde Gustavo Petro, se destrabó en una reunión de tres horas".

Santos al lado de un Rafael Pardo, a quien se le nota le dio duro la madrugada, prometió 300 policías más (sumados a los 700 recientemente asignados), un billón de pesos adicionales para el metro, reconstrucción de la troncal de la caracas y la auto-norte, financiación para la troncal por la Boyacá, metro-cables para Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Casuca, 10 mil viviendas subsidiadas en Usme, entre otras promesas hechas por el presidente Santos que por mucho sobrepasan un plan de acción inmediato para un alcalde encargado. Si en pocos meses el presidente debería aceptar una terna provisoria mientras se convoca a elecciones atípicas ¿A qué hora en la administración transeúnte de Rafael Pardo le dará cabida a proyectos tan largos en el tiempo? Antes de las declaraciones de Santos el secretario de integración social manifestaba en el programa el primer café de Canal Capital que con seguridad lo que presentarían seria el desarrollo y la proyección de lo que ya se venía haciendo, y por lo visto tiene razón pues el grueso del “plan de choque” es en esencia destrabar recursos para proyectos ya existentes.


Queda clara la intención de quienes manejan este país, pues Santos no toma las decisiones solo. Parece seguro que no aceptaran la terna y menos convocarán elecciones, y “a lo mal hecho” dejaran a Pardo hasta el 2015. ¿Democracia? ¿Donde?
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22 de marzo de 2014

Actos ilegales y violatorios de los DDHH por parte de Policía Metropolitana de Cali




Santiago de Cali, Marzo 20 del 2014

LA CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODOS y las organizaciones abajo firmantes, denuncian  ante la comunidad nacional e internacional, los actos ilegales y violatorios de los derechos humanos en los que ha incurrido  la policía metropolitana de Cali,  en contra los pequeños y medianos transportadores de la ciudad de Cali;  igualmente contra  las organizaciones sociales y de derechos Humanos que han acompañado las jornadas de protesta pacífica el día 19  de marzo en la ciudad. Esta jornada se ha planteado de manera pacífica y ha sido tratada de manera violenta y agresiva por parte de la fuerza pública, dejando como saldo la muerte de dos personas y varios heridos.

Antecedentes:
En el año de 1995, se crea el primer sistema de transporte masivo en el país, tras la inauguración del Metro de Medellín, en las principales ciudades de Colombia se venden las bondades de un sistema del transporte masivo; es así como se ve con optimismo la implementación de un sistema similar para su área metropolitana. Inmediatamente la administración municipal de Santiago de  Cali, con mucha efervescencia comenzó a bosquejar lo que sería el “Metro de Cali”.

Posteriormente en el año 2000 se inauguró en la ciudad de Bogotá, TransMilenio;  la sociedad caleña y Metrocali veían como otras ciudades “organizaban” la movilidad vehicular, pero la sucursal del cielo se sumía a la fecha en un  creciente caos vehicular de Cali.

En  el año 2001, La Unión Temporal Schroders – Corfivalle, se determina que la opción del metro para Cali, era demasiado costosa y Metrocali  construir un sistema de buses articulados, que tras la experiencia de Bogotá con TransMilenio, parecía  ser la mejor opción.

Entre  el año 2004 y el año 2007 se da la construcción de los corredores viales para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), pero sólo hasta el 12 de febrero del mismo año se anuncia que este entraría a funcionar en el mes de Diciembre del mismo año; la fecha llegó y su funcionamiento fue aplazado; un mal inicio, un augurio para lo que sucedería a futuro.

Pero el SITM MIO, vendía a la comunidad caleña,  a través de los medios de comunicación regional y nacional,  sus bondades,  la reducción del tiempo de recorrido, la comodidad, el aire acondicionado y otras; pero lo que omitían estos medios de comunicación y las autoridades municipales, para ese entonces JORGE IVAN OSPINA, es que nada de esto sería realidad, este es el negocio de unos pocos y la incomodidad y miseria de otros, de todos aquellos que dependen del transporte; conductores, pequeños propietarios, ayudantes de bus, calibradores, mecánicos y usuarios.

“Juntos pero no apretados”
Este ha sido el lema de las últimas jornadas de protesta por parte de los pequeños y medianos propietarios de buses;  los dueños de uno hasta tres o cuatro buses o busetas; jornadas que también han involucrado a los usuarios que se han agotado ante la mala prestación del servicio.
Las autoridades municipales han planteado que el buen funcionamiento del MIO  se va a dar, siempre y cuando desaparezcan los colectivos y busetas de las empresas  a los que ahora se les acusa de hacer paralelismo al SITM; empresas como: La Ermita, Recreativos, Río Cali, Alameda, Montebello, Coomoepal y los jeeps, conocidos como gualas, el transporte de la ladera de Cali;  empresas que aún cubren gran parte de la ciudad, lugares, barrios y comunas a los cuales no llega el MIO. Pero según su proyecto cubrirá el 97% del territorio municipal.

Para la entrada en funcionamiento del MIO, se inicio un proceso de chatarrización de buses de las empresas que entraron a operar en SITM de la ciudad, la alcaldía de Cali, negoció  con los grandes propietarios del transporte de la ciudad, los vinculó al gran negocio de la privatización del transporte; 4 operadores serían los llamados al gran pastel;  Blanco y Negro Masivo, Grupo Integrado de Transporte – GIT, Unimetro y Empresa de Transporte Masivo – ETM. Estas empresas están en su mayoría conformadas por los tradicionales empresarios del transporte de la ciudad. Metrocali les asigna las rutas y las frecuencias de operación; pero esta chatarrización aún, al 2014 se está cancelando.

Pero este no es la única controversia que ha generado el MIO, las autoridades municipales se comprometieron con los pequeños y medianos propietarios que serían participes de este sistema si contaban con un lote automotor moderno y en buen estado, lo que hizo que muchos de estos optaran por créditos para nuevos buses, lo que hace que ahora se cuenten con buses y busetas de modelos del año 2000 hacia acá, por los cuales ahora les ofrecen 80 millones de pesos, lo cual no cubre la deuda que ahora tienen;  propuesta que no han aceptado; pero la respuesta de las autoridades del tránsito y transporte es suspender las licencias de operaciones de las empresas, declarándolos transporte ilegal, al cual hay que combatir e inmovilizar, vulnerándose los derechos fundamentales  de cientos de familias que dependen del negocio del transporte en Cali; de igual forma vulnerándose el derecho a la movilidad de los usuarios, estos se sienten engañados, el tiempo de espera y recorrido ahora incrementado en 40 minutos y más.

El abuso de autoridad y su actuación ilegal.
No han sido pocos lo señalamientos contra la fuerza pública en las últimas jornadas de inmovilización del “transporte ilegal”; el abuso, el golpe y las detenciones arbitrarias han sido la constante  por parte de la policía, del ESMAD;  esta actuación desmedida y arbitraria ha dejado heridos, detenidos y muertos, un alto costo que los medios de comunicación, regionales y nacionales, no han señalado, para estos cómplices del abuso y el asesinato, el costo se mide en cuantos han sido los buses del SITM afectados en la jornadas de protesta.

Desde el inicio de la jornada de protesta el día 19 de marzo del 2014, se había planteado el taponamiento de las entradas y salidas de la ciudad de Santiago de Cali; fueran bloqueadas doce vías de la ciudad, entre ellas las salidas a los municipios de Jamundí, Candelaria, Buenaventura, Palmira y Yumbo. Los transportadores, ayudantes, calibradores mecánicos y usuarios entre otros, iniciaron la jornada esperando que sus demandas fueran atendidas y se pudiera llegar acuerdos con el alcalde RODRIGO GUERRERO.

En las horas de la mañana se registran ya atropellos y disturbios en la vía Cali-yumbo; se presenta entonces la detención del periodista JUNIOR SANCHEZ, del Canal C de televisión local; quien  se percata de la primera irregularidad de la policía, el usar los chalecos volteados o al revés para evitar  ser identificados por sus números y de esta forma  poder actuar de manera desproporcionada en contra de los manifestantes, es detenido y conducido a la estación de policía de la Flora; en horas de la tarde es llevado a la fiscalía para ser judicializado.

Esta irregularidad se continua presentado en este lugar; aquí el encargado de derechos humanos de la policía metropolitana de Cali, Subteniente CARLOS MUNIVE; constata junto a miembros del COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, organización de derechos humanos que estaba en el lugar, la irregularidad antes mencionada, se hace registro fotográfico y fílmico. En este mismo lugar se señala por parte de transportadores los atropellos de los cuales han sido objeto, señalando al patrullero CALDERON, identificado con el numero 40139, de ser quien había atacado a un grupo de manifestantes de la empresa de transporte Río Cali, este había lanzado contra una mujer y otros manifestantes bombas aturdidoras y posteriormente les había agredido con golpes de bolillo.
En este lugar hacen presencia dos personas, hombres vestidos de civil quienes no portan ningún tipo de identificación y hacen registro fílmico a los manifestantes y a los miembros del comité de solidaridad con los presos políticos; al exigírseles su identificación, se niegan; pero uno de ellos le manifiesta al subteniente CARLOS MUNIVE que quien está adelantando la vigilancia fílmica es el TENIENTE RUEDA, coordinador de policía judicial de la SIJIN.

Se constata por parte del COMITÉ  DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, en horas de la tarde en la ESTACIÒN DE POLICIA DE LA FLORA, la detención de dos menores de edad, los cuales corresponden a los siguientes nombres:

FELIPE CANTOR ROMERO, detenido por la policía en lugar conocido como SAMECO, vía Cali-Yumbo.

EMMANUEL DOMINGUEZ ZUÑIGA, detenido en SAMECO cuando se encontraba en compañía de su padre; transportador, en el momento de la captura es golpeado, hecho que constata posteriormente el funcionario de la seccional Valle del Cauca del comité de solidaridad con los presos políticos; señalamos entonces que posteriormente se lleva presenta otra irregularidad, le hacen firmar un acta de buen trato, sin permitirle a su padre EDUARDO DOMINGUEZ  leer el acta, esta es elaborada por el patrullero FRANCO adscrito a la mencionada estación, recupera la libertad sólo hasta el día 20 de marzo en horas de la mañana.

De igual forma se encuentra detenido el señor JAIRO VILLAMARIN, detenido por miembros del ESMAD cuando transitaba por al puente de SAMECO, siendo acusado de participar en la jornada de protesta.

Estando los defensores de derechos humanos,  llega un agente de policía con el chaleco volteado, al cual el subteniente CARLOS MUNIVE le llama la atención sobre esto, identificándolo entonces con el numero 165094.

CUATRO ESQUINAS.
Posteriormente en el distrito de Aguablanca, oriente de Cali, se constatan los siguientes hechos:
El asesinato del señor EVERT GARCIA, quien participaba en la jornada de protesta, recibe un disparo de arma de fuego en la cabeza, los manifestantes que participaban de la jornada de protesta señalan  a los miembros de la policía que hacen presencia en el lugar de ser quienes disparan contra el manifestante.
La otra persona asesinada es ÓSCAR MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA, de 22 años, registró un impacto de arma de fuego en la cabeza. Aunque el conductor de la empresa Coomoepal  fue remitido al Hospital Universitario Evaristo García, murió, de igual forma se señala a miembros de la fuerza pública de ser quienes dispararon contra el conductor.
En este lugar, siendo las 7:30 de la noche la policía hace presencia de manera violenta, disparando contra los manifestantes y los miembros de derechos humanos que hacían presencia en el lugar; estos se identificaron ante la policía, pero esto único que provoco fueron insultos y amenazas, ante los reiterados reclamos sobre el uso de la armas de fuego en contra de los manifestantes, los miembros de la policía del GRUPO DE OPERACIÓN ESPECIAL (GOES) manifestaron a los miembros del Comité de Solidaridad con los presos políticos, que tenían las armas fuera para “darles”; señalamos que por lo menos en dos oportunidades dispararon hacia el lugar donde nos encontrábamos.
No solamente se señala el uso desproporcionado de las armas de fuego contra los manifestantes, como un acto irregular,  si no que aquí se dificultad la identificación de quienes dispararon, ya que portaban chalecos antibalas que no permitían hacerlo, por lo cual actuaban libremente de esa forma.
Todo lo anterior, constituyen graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, por lo cual solicitamos respetuosamente que se lleve a cabo una intervención inmediata por parte de las entidades correspondientes con el fin de que cesen estas graves actuaciones irregulares, arbitrarias y hostigamientos, así como que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
Solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en la zona y responsabilizamos a el alcalde RODRIGO GUERRERO y su secretario de transito ALBERTO HADDAD, de promover la violencia y no el dialogo  para la resolución de conflictos dando como resultado mediante el uso excesivo de la fuerza el deceso de dos personas y decenas de heridos.

Exigimos el respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la protesta social, la cual no puede ser estigmatizada y criminalizada, de igual forma que se respete el derecho a la defensa de los derechos humanos.

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODOS.
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS.
COMUNIDAD SIRIRI.
PROCESO NACIONAL IDENTIDAD CALI- PALMIRA.
SINTRAUNICOL CALI.
Santiago de Cali, Marzo 21  del 2014.
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20 de marzo de 2014

¿Qué pasa en la UPTC? ¿Porque el descontento de los estudiantes?






En tiempos de vacaciones, cuando los estudiantes, profesores y demás entes de la universidad estaban lejos de ella, se empezó a cocinar una propuesta de reforma al artículo 19 del Estatuto General de la UPTC, la que permitiría la postulación del actual rector y de antiguos rectores para volver a ejercer este cargo. Inocentes a estas maromas politiqueras estábamos todos y todas l@s que conformamos la U.



Sin embargo, con el regreso a clases empezaron a salir a la luz pública estas acciones propias de una administración ilegitima. Sus decisiones expresadas en el Consejo Superior Universitario terminaron por ser conocidas por el conjunto de la comunidad universitaria, luego de que en la primera sesión de éste fuese votada de forma afirmativa dicha modificación; no obstante a puertas del segundo debate, estudiantes y algunos profesores entraron en dinámica de asamblea permanente, elemento de poca relevancia para el CSU que termino ratificando la modificación al artículo 19 del estatuto.

Y la reforma al reglamento estudiantil qué?

De manera similar, oculto a la comunidad universitaria, se presenta una propuesta de modificación del reglamento estudiantil, que a todas luces atenta contra los intereses toda la comunidad. Aun a pesar de no conocer a profundidad su contenido vale la pena preguntarse ¿Se ha socializado la propuesta?, ¿fue concertada con los estudiantes?

¿Y estos acontecimientos que nos dejan?

Además de dejarnos una universidad más anti-democrática e ilegítima. Como estudiantes de la UPTC entendemos que la democracia es concebida como la forma más participativa de la toma de decisiones que le competen a un conjunto de sujetos sociales. Nos preguntamos, entonces ¿qué es lo que emana el CSU? acaso un falso halo de participación y representatividad de la comunidad académica.

Por otro lado como estudiantes de la UPTC y como medios alternativos Rechazamos la resolución 2325 del 17 de marzo de 2014 en la cual la administración expresa de manera antidemocrática el receso académico indefinido y rechazamos el proceso de militarización por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que se ha generado en la universidad desde el comienzo de los bloqueos y que se ha venido intensificado con la toma de la universidad.

Por ultimo hacemos la invitación a todos los upetecistas, boyacenses y colombianos a que nos hagamos participes de los procesos de movilización y de los escenarios de debates para la construcción de una propuesta unificada, en la cual todos tengamos la posibilidad de participar y de decidir el rumbo de nuestra querida UPTC.

ELREBELDEBOYACÁ
(Medios alternativos)

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19 de marzo de 2014

Muere preso político en Cómbita (Boyacá) por Inasistencia Médica


EL REBELDE Medios Alternativos, respalda el comunicado emitido por el colectivo de prisioneros políticos del patio Nº 1 de la cárcel de Cómbita (Boyacá), ante el fallecimiento del prisionero político Ramón Emilio Mallarino, ocurrida el 18 de marzo del presente año.

Vía: Colectivo de Prisioneros Políticos y de Guerra, Cómbita (Boyacá)

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y a la entidad prestadora del servicio de salud Caprecom por la negligencia y el abandono en el que se encuentran sumidas la cárceles del país. La desidia por parte de dichos entes sigue costando cientos de vidas en las cárceles nacionales, mientras el gobierno nacional alaba y elogia la reforma a un código penitenciario obsoleto que no plantea cambios estructurales sino escuetas reformas que no resuelven la crisis carcelaria.

Denuncia pública

Los prisioneros políticos y de guerra del Patio n° 1 de Alta Seguridad (Penitenciaría Cómbita / Boyacá) hacemos una enérgica denuncia contra las autoridades de esta penitenciaría y su cuerpo médico.
Lo mismo tiene sustento por el homicidio del prisionero político Ramón Emilio Mallarino Ibargüen, quien hace más de 15 días venía presentando graves quebrantos de salud. El jueves 6 de marzo, el compañero fue sacado del patio en camilla al área de sanidad y ahí sólo le recetaron analgésicos para el dolor, a sabiendas de los médicos, que al compañero se le había estrangulado una úlcera gástrica. Ramón Emilio estaba vomitando sangre y lo devolvieron al patio otra vez. Nuevamente, el martes 11 de marzo el compañero se agravó. Volvimos a sacarlo en camilla. Igual que la primera vez, sólo le recetaron pastas para el dolor y lo devolvieron para le patio.
El mismo martes 11 por la tarde lo bajamos otra vez a sanidad. Allí lo dejaron en una celda lo más parecido a un calabozo. Ayer 17 de marzo lo enviaron de nuevo al patio, pero el compañero Ramón Emilio venía moribundo y nos tocó presionar con la huelga de hambre y la no contada para que lo atendieran en sanidad. Sin embargo hoy 18 de marzo, en horas de la mañana, el capitán Hernández y el director Jorge Contreras nos citan a una reunión para informarnos que el compañero Ramón Emilio había muerto la noche anterior.
Hacemos responsables intelectuales y materiales del homicidio del compañero al director Jorge Alberto Contreras, al capitán Hernández Aguilar del Inpec y al médico Garen De La Cruz por no haber remitido al compañero a un hospital o clínica donde atendieran su grave enfermedad. Lo hubieran podido salvar. Fueron negligentes y primó más el criterio de seguridad que el derecho a la vida y a la salud.
Denunciamos que estos son los gestos de paz del gobierno nacional con los prisioneros políticos y de guerra que estamos presos de las FARC-EP.
Exhortamos a nuestros compañeros en las montañas y en la mesa de negociación para que se hable por nosotros y no se permita que se asesinen a los guerrilleros y prisioneros políticos de esta manera tan cruel en las cárceles colombianas.
Cordialmente
Colectivo de Prisioneros Políticos y de Guerra, Cómbita (Boyacá)
Marzo 18 de 2014






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18 de marzo de 2014

Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria



Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz
Cumbre Agraria, Campesina y Popular / Martes 18 de marzo de 2014



1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial

El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

Por lo anterior, Exigimos:

Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.

El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

Resguardos indígenas y territorios ancestrales

Territorios colectivos afrocolombianos

Zonas de Reserva Campesina

Zonas Agroalimentarias

Zonas de biodiversidad

Territorios interétnicos e interculturales

Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.

Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.

Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.

Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.

Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.

La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.

Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.

Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.

Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.

Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.

Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.

Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.

Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.

Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.

El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.

La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.

La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.

El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.

La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.

2. La economía propia contra el modelo de despojo

El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.

Por lo anterior, Exigimos:

La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.

La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.

Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.

Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.

El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.

Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros.

Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.

Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.

La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.

La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA.

La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.

Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.

La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.

Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.

3. Minería, energía y ruralidad

La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.

Por lo anterior exigimos:

Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.

Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades.

Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero- energético del país.

Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.

La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.

La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.

Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.

Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.

En ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.

Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias.

Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.

La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.

Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos. 
Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.

4. Cultivos de coca, marihuana y amapola

Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Por lo anterior, Exigimos:

El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.

Un programa de sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.

Un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro descendientes y Campesinos).

La liberación de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.

No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.

Una política de sustitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.

Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de derechos. 
Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados. 


Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.

La sustitución debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional. 

Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción. 

Respeto y promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.

Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.

No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación.

El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.

5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia

Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática

Por lo anterior, Exigimos:

La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.

Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares.

La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.

Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.

Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.

Garantías para el derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.

Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.

El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.

Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.

Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.

Abolir la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.

Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.

Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.

Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.

Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación.

Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.

Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.

Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.

Tipificación del feminicidio como un delito autónomo.

Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.

Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes.

Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

Otorgar reconocer y garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.

Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.

Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.

Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.

Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.

Reconocimiento y la no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares

Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.

Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares. 
Democratización del espectro electromagnético.

6. Derechos sociales

Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.

Por lo tanto, Exigimos:

El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.

Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.

Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.

Derogar la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.

Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.

cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.

Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.

Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.

Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.

El fin de la política del subsidio a la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación a las personas perseguidas.

La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.

Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.

Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común.

Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.

La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.

El servicio de energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios.

Programas masivos de vivienda rural digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneración justa y seguridad social.

Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estratégicos de guerra y confrontación.

Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social. 
La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.

7. Relación campo-ciudad

La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.

Por lo anterior, Exigimos:

La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.

La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia. 
Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.

Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal con veeduría de las comunidades.

En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.

Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.

Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios.

Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.

Exigimos una reforma urbana integral que incluya:

Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.

El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.

La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.

La creación de la ley orgánica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida.

Participación comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades.

Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.

8. Paz, justicia social y solución política

Las anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios.

Por lo tanto, Exigimos:

La solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.

Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participación en los procesos de negociación, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones.

La implementación de una política integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional.

Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.

La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.

La eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.

La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversión social.

-Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política para la construcción del movimiento social por la paz; Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de estado.

Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.





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