Durante la rueda de prensa realizada el día de hoy con varios de los abogados de lxs 13 jóvenes que fueron capturadxs el día 8 de julio y una de las voceras nacionales del Congreso de los Pueblos, se refirieron hoy nuevamente sobre el desarrollo del proceso y se denunció las múltiples irregularidades que se han presentado durante el proceso judicial, por un lado debido a la presiones políticas que se han venido ejerciendo sobre el proceso por parte de altas instancias de gobierno, tales como la presidencia y fiscalía, así como de los altos mandos de la policía para que el proceso no se dé de manera ágil, y tal como ellos lo requieren, hecho que se refleja en varias supuestas reuniones de la jueza con la policía, así como de la recientemente dictada orden de aseguramiento intramural contra lxs 13 jóvenes.
Estas irregularidades también se han evidenciado en varias locuciones que han tenido diferentes funcionarios estatales, así como el constante cubrimiento mediático que ha tenido los hecho y que ha servido para el señalamiento y estigmatización contra estos, los cuales se han dado por culpables desde el inicio del proceso, esto sin tener prueba alguna de su relación con los hecho de los que se les acusa y siendo si una violación al derecho a la presunción de inocencia de estos, así como al debido proceso, razón por la cual se solicita la veeduría del proceso a órganos tanto nacionales como internacionales.
Por otro lado se denuncia que las 13 personas acusadas son todas líderes sociales escogidas a dedo para generar señalamiento contra los procesos políticos y sociales que se han venido constituyendo en Colombia desde hace varios años, así como generar estigmatización contra las personas que ejercen su derecho a la protesta y todo tipo de expresión que se pronuncie en contra de las lesivas políticas gubernamentales, pese a lo cual se les ha contestado con movilización y con la reafirmación de la alegría y las ganas de seguir luchando por una sociedad más justa.
Finalmente, estas detenciones las cuales han sido no solo ilegales, sino además injustas, en un momento como el actual en el que se está negociando la paz y en el cual las organizaciones sociales vienen pidiendo la necesidad de participación de estas como actores activos del proceso de paz, genera mucha preocupación la verdadera intención de paz del gobierno, cuando pareciera que este le está declarando la guerra al movimiento social y popular del país, en un momento en que estos últimos son luchadores sociales que exigen cambio de las políticas gubernamentales que se han venido generando en los últimos tiempos y que han resultado en la reducción de derechos y libertades de la sociedad, en definitiva no puede haber paz, cuando no hay posibilidad de expresión de la inconformidad social por medio de la protesta, hechos como este son un pésimo precedente para la construcción de paz.
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