20 de diciembre de 2013

DEL POR QUÉ NO PODEMOS ENTRAR HOY A LA UNIVERSIDAD.


 

Oh!!, nos adelantaron las vacaciones!, que chimba!, no hay clase el viernes… eso es lo que todo el mundo dice, pero pocos saben la razón por la que cancelaron las clases hoy viernes 20 de diciembre en la Universidad Nacional.


Desde las 11pm de ayer la universidad se encuentra militarizada, rodeada de policía y policía militar con el fin de prestar al seguridad a lo que va a ser algo sin precedentes en la universidad… la entrada del presidente de la Republica Juan Manuel Santos.

La UN se ha caracterizado siempre por mantener alejado de su campus a quienes hipócritamente dicen defenderla, pero con cada acción avanzan en su privatización, es por eso, que somos una de las pocas universidades en las que el rector no puede entrar al campus como Pedro por su casa, porque lastimosamente él es uno de los principales enemigos de la universidad y la educación pública en general y teme que se le exijan respuestas al ser visto dentro del campus.

Hoy Santos entra a la universidad para inaugurar lo que ha sido la salvación, proclamada por el rector Mantilla y su fiel escudero el vicerrector Hernández a la crisis de la UN, la Estampilla Pro Universidades que el congreso aprobó días antes.

Dicho bono cosiste básicamente en lo siguiente:

“Durante los primeros 5 años, esta estampilla recaudará más de 1,25 billones de pesos para la modernización de infraestructura de las universidades públicas, su tecnología, investigación, bienestar estudiantil, subsidios y desarrollo de nuevos campus universitarios estatales.”*

Pues siguiendo los lineamientos de la todopoderosa de la educación la Ministra Maria F. Ocampo, no podemos entender como ella piensa que con 1.25 billones de pesos en 5 años, se hará el salto a la modernización de las universidades, o lo que ellos llaman universidades del siglo XXI, es decir, piensen
ustedes cómo si AL AÑO el gobierno nacional aprueba un presupuesto en educación para TODAS las universidades públicas del país de 2 billones de pesos que se tiene que repartir, y aún con esto las universidades están sumergidas en una profunda crisis y muchas de éstas a tal punto que están amenazando ruina ( U. Nacional, sede Bogotá). 

Ha sido constante la política de la rectoría para buscar la autofinanciación de la universidad y esta estampilla no es la excepción, el objetivo es que el dinero acumulado por este medio (que sigue siendo supremamente inferior a el necesario para subsanar la crisis de infraestructura) en un primer momento sea invertido en fondos privados para “multiplicarlo” y así poder tener un respaldo para hacer un préstamo con organismos internacionales que acabara de hundir en la bancarrota a la universidad y a la educación en Colombia, esa es la forma en que Mantilla y su pandilla afrontan esta crisis, no exigen la plena financiación y ni defienden a la Universidad, si no que avanzan en la autofinanciación, lo que conlleba a que el Estado se libere de su obligación.


La determinación tomada hoy por las directivas de la universidad deja un par de cosas en claro:

Primero, que así como su elección, las decisiones de Mantilla son ilegitimas, además de inapropiadas y no cuentan con el apoyo de la comunidad universitaria, desde sus gastos innecesarios, su política con los trabajadores, la académica, hasta la decisión de recibir en la universidad al enemigo número uno de la educación en Colombia. Segundo la decisión de cerrar la universidad, demuestra que los estudiantes no van a dejar que las cosas pasen así como así, y desde este medio le mandamos un mensaje al rector: Renuncie, o la comunidad será la encargada de echarlo a patadas junto a su pandilla y su modelo de universidad.

Pero con todo y esto ellos auguran que será la salvación definitiva, que nos dará, óigase bien “desarrollo” en ciencia y tecnología, Bienestar estudiantil, y hasta Subsidios, como diría el compita ¡A BUENOO...! Es un tema para discutir y debatir, pues se está hablando de nuestro futuro estudiantil y el de los que nos seguirán, por ahora, ustedes mismos hagan sus conclusiones.

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10 de diciembre de 2013

Trabajadores y líderes sindicales de la USO fueron privados injustamente de la libertad

Este 6 de diciembre el Juez 46 de control de garantías le impuso privación de la libertad a los trabajadores y líderes sindicales del departamento del Meta, Héctor Sánchez, Campo Elías Ortiz y  Delio Naranjo, medida que tiene como trasfondo las protestas legítimas emprendidas y lideradas por estos tres trabajadores, en Campo Rubiales, Puerto Gaitán, en el 2011.

Esta decisión se toma con serias inconsistencias de fondo. Entre ellas, que la Fiscalía dijo que los tres trabajadores comandaban un grupo de 300 encapuchados, los cuales, según esta versión, se habrían tomado el campo petrolero; el fiscal había dicho que este campo “tiene el tamaño de 20.000 plazas de Bolívar”. Además, la Fiscalía asevera que los trabajadores habrían hecho un anillo de seguridad para secuestrar a 150 personas en presencia del Esmad.
Entre las contradicciones notorias del Juez, resaltando la versión de la Fiscalía, está aquella que gira en torno a la existencia de secuestro, a la par que dice que los carros y personas entraban y salían de la zona.
Para la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, es bastante grave que la Fiscalía centre su atención en decisiones conducentes a alterar la verdad jurídica, tales como el secuestro agravado,  el concierto para delinquir, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción a vías públicas. Para el Comité estas acciones se constituyen en un auténtico “descalabro jurídico”.
Es necesario agregar que el juez no actuó con ponderación y que no impidió la privación de la libertad de los tres trabajadores, -quienes fueron llevados a la Cárcel La Picota- aun reconociendo las contradicciones y asegurando que él no los estaba condenando y “que más adelante puede pedir la revocatoria de la medida”.
La FCSPP se solidariza con estos tres trabajadores y expresa su profunda preocupación por la persecución de la que son objeto los sindicalistas de la USO, en razón de sus justas reivindicaciones y por denunciar las arbitrariedades y graves afrentas por parte de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta.

Continúa oleada de detenciones de líderes sindicales en Colombia
La UNION SINDICAL OBRERA –USO- denuncia la detención, el día de hoy, de los compañeros CAMPO ELIAS ORTIZ, HÈCTOR SANCHEZ y JOSE DILIO NARANJO, trabajadores y lideres sindicales del Departamento del Meta, fueron privados de su libertad por las protestas obreras de 2011 y 2012 en el municipio de Puerto Gaitán y quienes laboraron en empresas contratisas de la multinacional PACIFIC RUBIALES.
La detención fue ordenada por la fiscalia 239 seccional Seccional de la Unidad de Libertad Individual, bajo las gravess acusaciones de secuestro agravado, obstrucción de vías, amenazas y violación al derecho al trabajo; seguramente aplicando el tenebroso “Estatuto de seguridad Ciudadana” que abre paso a una nueva etapa de judicialización del derecho de asociación y la protesta social. 

Estas detenciones se vienen a sumar a la detención del compañero DARIO CARDENAS, Vice- presidente de la USO Seccional Meta,semanas atrás; y a las centenares de detenciones de los campesinos de todo el país que se movilizaron clamando por sus derechos. La judicialización se ha extendido a defensores de derechos humanos como el compañero DAVID RAVELO y dirigentes como HUBER BALLESTEROS miembro ejecutivo del la CUT y de Fensuagro. 

Se ha anunciado el riesgo de nuevas detenciones a dirigentes de la USO, con lo cual se evidencia una vez más que el Estado y particularmente la Fiscalía General de la Nación están al servicio de las Empresas Transnacionales en desarrollo de la llamada “confianza inversionista”, lo que significa pisotear los derechos de los trabajadores, el derecho de asociación y las libertades sindicales para garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales y las vulneraciones aberrantes al medio ambiente. 

La gran paradoja, que debe conocer el país y la comunidad internacional, es que mientras el sistema judicial debía estar investigando a la PACIF RUBIALES y las empresas contratistas que la rodean por las graves violaciones de los derechos de los trabajadores, hacen todo lo contrario, en una actitud vergonzosa de sometimiento al capital transnacional, en contravía del interés nacional. 

Mientras el gobierno autoritario de Santos y el Fiscal Montealegre presumen de estar favoreciendo la paz con la insurgencia, al mismo tiempo desatan la más feroz persecución contra el movimiento sindical y establecen un ambiente de terror generalizado en el mundo laboral. 

Exigimos no solamente la libertad inmediata de los compañeros detenidos, sino el cese de la persecución del Estado contra los trabajadores petroleros y contra el movimiento social en el país, el reconocimiento a las libertades sindicales y los derechos de los trabajadores, la soberanía de la justicia colombiana frente a los intereses transnacionales y la derogatoria del “Estatuto de seguridad Ciudadana” y demás normas arbitrarias que judicializan la movilización social y pisotean los derechos de los trabajadores, configurando una dictadura civil en el país. 

Bogotá, diciembre 4 de 2013. 

UNION SINDICAL OBRERA -USO- 

COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS Y PAZ -USO-
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DEMOCRACIA SIN APODOS: ¡PETRO SE QUEDA!

Fue entonces cuando advirtió que lo más revolucionario en Colombia era la
lucha por la democracia. Alguien le preguntó ¿Pero cuál democracia, comandante? ¡La democracia sin apodos! Contestó.

                                                 -Jose Yamel Riaño (sobre Jaime Bateman)

¡Petro se queda! Con estas consignas y muchas más, el día de ayer  se inundó la plaza de Bolivar. Se inundó de indignación de lxs Bogotanxs, que viendo la inminente e injusta destitución del actual alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, decidieron movilizarse para defender su voto, aunque esto no es algo que deba molestar exclusivamente a aquellos que votaron por Petro, sino a todos los que votan, y es que este acto del procurador nos deja pensando ¿Es que el voto popular no importa? ¿Es que, parafraseando a Rousseau, el pueblo solo es libre en la elección de los miembros de su gobierno; pero una vez pasadas las votaciones el pueblo vuelve a ser esclavo?

En respuesta a lo anterior, el pueblo colombiano decidió que NO, que la democracia va más allá del acto de delegar responsabilidades a una pequeña élite, que la democracia es la definición autónoma del pueblo sobre sí mismo. Y por eso, este pueblo no dejará de movilizarse en protección a la democracia y los derechos políticos de todxs los colombianos.

Pero ¿por qué Petro se queda? La Bogotá Humana de Petro se basa en cuatro principios, 1. El respeto por todas las formas de vida, 2. La dignidad del ser humano, 3. La política del amor y 4. La defensa de lo público. Bueno, esto muy bonito en el papel, pero ¿Y en la práctica? En la práctica esto ha ido materializando a través de la no-segregación de la población, de la búsqueda de equilibrio ser humano-ambiente, las medidas de protección a comunidades LGTBI, protección de oportunidades en la ciudad sin razones de discriminación por género, la prohibición de corridas de toros en la ciudad, la estatalización de algunas funciones antes en manos de privados.

¿Qué ha logrado la Bogotá Humana?
Tasas más bajas de homicidios, reducción en tarifas de transporte público, reconocimiento del mínimo vital de agua potable para estratos 1 y 2, entrega de 2.000 equipos médicos para la ciudad, reducción de tarifas de aseo para todos los estratos, incremento de un billón anual para la educación, inclusión de población recicladora al esquema de aseo de la ciudad, instalación del centro más grande de Suramérica para la población LGTBI, atención integral a la población de Bronx, y la creación de la Secretaría de la Mujer.

Bueno, pero la defensa a Petro no se puede hacer solamente con lo que ha logrado como Alcalde, también lo encontramos en la inconstitucionalidad de su destitución.

Los problemas sobre la destitución empiezan con la siguiente pregunta ¿Está el procurador en la capacidad de sancionar a un funcionario público elegidos popularmente? El artículo 277.6 de la constitución dice que la función del procurador es la de “ejercer vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”. A la pregunta del comienzo, José Espinosa responde “la vigilancia no implica la sanción. De hecho, más adelante en ese mismo artículo se indica, en un ítem distinto de la lista, que la Procuraduría tiene la facultad de sancionar a funcionarios, pero ahí no se aclara, como antes, que esa facultad también aplica para aquellos elegidos popularmente.” He aquí la primera cuestión para dudar.

Seguidamente, cabe resaltar que la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido en su artículo 23 que “los Estados sólo pueden restringir los derechos políticos (inhabilitar a alguien, por ejemplo) si hay una condena de un juez competente en un proceso penal”. ¿Por qué?, de nuevo Espinosa nos dice “el proceso penal ofrece mayores garantías que el proceso disciplinario: el que acusa es diferente del que juzga, la primera instancia es diferente de la segunda, no hay tanta discrecionalidad en la aplicación de las normas, y quien falla es más independiente de la dinámica política”. Y es que ¿adivinen ante quién apela Gustavo Petro? Pues nada más y nada menos que ante monseñor procurador, injusto ¿no?

Finalmente, cuestión que hemos visto atormenta a muchos, dejamos esta pregunta ¿qué tan conveniente es que una persona, que no es elegida democráticamente por el pueblo, pueda destituir a un funcionario de elección popular?

Las razones para que Petro se quede son bastantes, aún con las críticas que pueden existir a su administración, pero acá la defensa es a la democracia, acá la defensa es a las decisiones del pueblo, acá la defensa es a la paz más allá de un papel. Y es por esto que lxs estamos invitando a que se movilicen y no dejemos pasar las actuaciones del procurador (hoy todo un dictador) que son peligro para la democracia en Colombia.

“Hoy por hoy, lo puede comprobar todo el mundo: en Colombia los órganos del Estado legislativo, ejecutivo, judicial, actúan únicamente de acuerdo con las necesidades, el querer y los designios de la minoría privilegiada”.

                                                                     -Jorge Eliecer Gaitán. 
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UNIDAD EN LA IZQUIERDA, TAN CERCA Y A LA VEZ TAN LEJOS

Opacada por la noticia de la destitución del alcalde de Bogota: Gustavo Petro, intenta surgir con fuerza propia la noticia de la alianza entre Progresistas, Partido Verde y la recién renacida Unión Patriótica, quienes lograron avanzar en la consolidación de una lista común para afrontar las próximas elecciones al congreso de la república, así como configurarse en un posible bloque para las presidenciales del próximo año.

La lista con candidatos como Antonio Navarro Wolff podrá recibir un impulso por la ola de indignación que recorre a Colombia luego de la decisión del procurador Ordoñez, el verdadero reto radica en que esta ola no se ahogue en el terreno de lo electoral, que sepa responder con altura al reclamo del pueblo colombiano para transformar un país con más de 60 años de guerra y  cargado de la esperanza de poder vivir dignamente, con justicia y libertad. La alianza tiene que estar en las calles, los barrios, los colegios, universidades y campos, donde la unidad de la gran mayoría del pueblo colombiano (que supera con creces a los 3 movimientos anteriores) logre consolidar  una unidad de principios, objetivos y sobre todo, unidad en la acción política que enfrenta el régimen establecido.

Pero esta es una sola cara de la moneda, pues en la unidad de la izquierda no todo es color rojo, esta apuesta implica la unidad y compromiso de todos los sectores que se hacen llamar revolucionarios, de oposición (verdadera, no Uribista), progresistas, democráticos, independientes, etc. Pero diferente es la realidad de Colombia, donde un partido como el Polo Democrático Alternativo, dominado por el MOIR, tristemente se perfila como el primer enemigo de la unidad del pueblo, reproduciendo las lógicas que por 60 años han impedido la unidad de la izquierda, siendo su única propuesta que todos construyan sobre sus dogmas, sus propuestas y sus condiciones, lo que no entienden es que cada vez se quedan más solos.

Si los llamados “dirigentes” no están a la altura de la realidad y las aspiraciones de su pueblo, están condenados a desaparecer del nuevo mundo que tarde o temprano construirán los de abajo, los más, los que a diario luchan por un mundo mejor.
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Trabajadores/as de BASURACERO quieren que Petro se quede

Con el nuevo sistema de basuras, Petro logró devolverle al Distrito el 52% de la propiedad del sistema de basuras, e iba por más.

Le dio prioridad al trabajo de las mujeres cabeza de hogar y mejoró las condiciones laborales de los y las trabajadoras de BasuraCero.

La destitución de Petro es la muestra de la alianza de los privados con las altas esferas de la politiquería del país, de la supuesta "ilegalidad" de hacer públicos los servicios de Bogotá. 
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9 de diciembre de 2013

Esta es la democracia mas antigua de América Latina

 43 años después del 19 de abril de 1970, fecha en el que la democracia fue violada, se presenta la misma situación en nuestro país. Hoy, 9 de diciembre de 2013, en el marco de las negociaciones en la Habana -negociaciones que tienen como gran tema la apertura democrática-, se violenta no sólo una alcaldía, sino la posibilidad de transformaciones gubernamentales, de que la oposición y la izquierda tengan la posibilidad de ser gobierno, para llegar a ser poder.

El procurador Ordoñez, santo inquisidor de la democracia, desde el pasado 21 de Junio de 2012, formuló el pliego de cargos contra el alcalde Gustavo Petro, haciendo mención a una supuesta falta gravísima por las irregularidades en la implementación del nuevo esquema de basuras de la capital. Para el Ministerio Público hubo una “falta de planeación y un presunto detrimento patrimonial por la cancelación de los contratos a los operadores privados de recolección de basuras y la contratación de volquetas para el esquema de recolección de desechos diseñados por la Administración Distrital”.

Sin embargo, es evidente la situación que afronta el país. La reconfiguración de un bloque de derecha que tiene como objetivo impedir a como dé lugar, las trasformaciones mínimas que necesita el país para avanzar en aperturas políticas y democráticas, algo que ha sido tan lejano y utópica en esta, la  “democracia” más antigua en América Latina.

La destitución de Gustavo Petro es un acto político, que manifiesta la intención de impedir la defensa y la reconstrucción de lo público, la construcción de políticas públicas que tengan como fundamento la defensa de la propiedad colectiva y los derechos del pueblo, en el sentido más ambicioso del término. Es un acto de la “Santa Sede Privatizadora” en contra de los logros de la alcaldía de Bogotá Humana, entre los que se destaca la reducción en las tarifas de transporte público, el reconocimiento del mínimo vital de agua potable para los estratos 1 y 2, la reducción de las tarifas de aseo para todos los estratos, el incremento anual de un billón de pesos en el presupuesto para la educación, la inclusión de la población recicladora en el esquema de aseo de la ciudad, la conversión de la Plaza la Santamaría a Centro Cultural, la Creación de la Secretaria de la Mujer, entre otros.

Pero además de la destitución por el cambio de sistemas de basuras, que no demuestra más que la “ilegalidad” inmersa en el Estado que tiene la estatización de servicios públicos, es bastante diciente el tiempo por el cual fue inhabilitado: ¡15 años! Cuando varios de los funcionarios que hoy están siendo juzgados por parapolítica, no alcanzan ni siquiera a los 8 años ¿Qué es más grave para el Procurador Ordoñez? ¿Una alcaldía de izquierda que va contra el santo grial de la privatización, que profana el nombre de la igualdad al instalar el centro más grande de Suramérica para la población LGBTI? Ó ¿Los crímenes atroces cometidos por los “ángeles” que vienen a cumplir con la Santa Orden de la inquisición, de matar a líderes populares y atormentar al pueblo colombiano? La respuesta, lastimosamente, parece más que obvia.

Otro debate que deja una preocupación en el país es, ¿Qué mensaje deja esto para la mesa de la Habana? En un proceso de negociación de apertura democrática y garantías para la oposición, este acto no es más que un mensaje de alerta de la actitud estatal, pues las garantías no es sólo que no se dé una muerte física a la política, sino también que no se mate a la política institucionalmente, pues es claro que la destitución de Petro es un ataque a su gobierno, a la izquierda del país, y demuestra la ausencia de condiciones para ser gobierno y llegar a ser poder.


Sin embargo, la actitud no debe ser el abandono de los diálogos y la continuidad de un método que desde hace varios años demuestra su incapacidad para un cambio efectivo en el país. El camino que se abre, es la movilización popular, una movilización que traspase las fronteras distritales y que ponga de presente el debate sobre la democracia y las garantías de la oposición, que van mas allá de un estatuto, sino de las formas de construir aquello que tanto dicen que somos pioneros en la región, la democracia. 
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La Procuraduría juega con candela

"Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas" 

Así termina el texto resolutorio por medio del cual el Procurador Alejandro Ordoñez imparte su santa y todopoderosa decisión, esperada y comentada desde hace semanas en todos los círculos sociales de Bogotá. Una vez emitida, previendo protestas en toda la ciudad, mando a desalojar las oficinas del ente de control.

Como se sabe, desde distintos flancos de los sectores más tradicionales de la ciudad (como sus aliados los constructores, negociantes de la salud, y otros que sienten en riesgo sus negocios), se erigieron constantes e inmensas presiones contra el proyecto de gobierno encabezado por el destituido alcalde, bajo su bandera: "Bogotá. Humana".

Las presiones de estos sectores no paran de escucharse. Día tras día, los medios de comunicación le dan espacio, y le hacen eco a sus comentarios, enfatizando que la actual es "una alcaldía improvisada".

El argumento mayor de estos sectores –también retomado en su resolución por el Procurador– es que "[...] se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia [...]". El sacrosanto "derecho" a la propiedad privada, y el privilegio de ésta sobre la propiedad pública es, por tanto, el factor fundamental que desencadenó el alboroto entre los sectores tradicionales de la ciudad y su decisión de sacar del edificio Liévano a Petro. El peso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), afectada en su pretensión de llevar el crecimiento de la capital mucho más allá del río Bogotá, especulando con tierra que deja de ser vendida por hectáreas para serlo por metro cuadrado, construyendo por debajo de la cota del río del mismo nombre, no hay duda que influyó en la firma de la Procuraduría (ver recuadro otros factores). No hay que olvidar que esta pugna también fue asumida, con abierto liderazgo, por el actual ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona.

Para ello desataron, en primera instancia, la recolección de firmas en procura de una consulta popular que lo revocara, las cuales fueron reunidas y confirmadas por los entes respectivos, pero la cual –como se ha confirmado en todas las consultas de este tipo realizadas en el país– cuenta con pocas posibilidades de éxito.

Quedaba entonces el camino de la Procuraduría, que una y otra vez, bajo la dirección de Ordoñez no ha cejado de tomar decisiones que afectan los derechos de sectores progresistas del país, como las mujeres que luchan por el derecho al aborto, o quienes lo hacen por el matrimonio entre personas del mismo sexo. La persecución de personalidades del país que están por un acuerdo de paz, tampoco han quedado por fuera del todo poderoso Procurador.

Es decir, la pugna que está en curso en Colombia, como quedó dicho en un artículo publicado en esta misma página ("¿Por qué es de derechas el Procurador?") "se da entre el país institucional y el país social. Y en esta polarización la última palabra –la última– aún, contra todas las apariencias, no está dicha". Pero el señor Alejandro Ordoñez, al emitir la resolución del 9 de diciembre, destituyendo a Petro, dio otro paso hacia atrás al tratar de golpear de manera frontal a la izquierda, en esta ocasión, midiendo fuerzas con el conjunto de ella, la cual se debe sentir tocada –más allá de sus postulados ante el gobierno de Gustavo Petro– a plenitud.

Ahora la palabra siguiente está en la decisión del pueblo de Bogotá de aceptar de manera pasiva el desconocimiento de su voto –por medio del cual eligió a su actual alcalde– o hacer respetar el mismo. Al momento de escribir esta nota la plaza de Bolívar de Bogotá parece indicar que la pasividad se rompe y la última palabra podría atizar la candela con que juega el Procurador.

OTROS FACTORES: 

La Procuraduría General de la Nación, no hay quien lo niegue en Colombia, es un baluarte de los sectores más retardatarios de Colombia. Sectores que olvidan que la separación entre Estado e Iglesia fue uno de los logros del liberalismo del siglo XIX y XX, así tal logro tardara décadas en llegar a Colombia. Pero también, olvidan estos sectores que el Estado no puede controlar la vida privada de ningún ciudadano.

Esos sectores, añorantes del alcanfor y el incienso, y defensores a ultranza de la desigualdad social, tratan de no perder terreno político ni gabelas económicas, y alistan todas sus baterías para las elecciones al Congreso y a la presidencia por escenificarse en el 2014. Y actúan, al mismo tiempo, para recuperar el bastión Bogotá, perdido para ellos desde hace una década larga; al tiempo que maniobran para evitar que el proceso de paz tome la forma de un acuerdo entre iguales, sellándose producto del sometimiento de una de las partes. Guerra es lo que desean y auspician.

Es decir, detrás de la decisión del señor Ordoñez se siente la mano política, del "señor de los ocho años", y de todos sus aliados, los cuales retoman posiciones ante el propio gobierno Santos, que sin dejar de pescar en río revuelto, también termina afectado por esta decisión.

En efecto, todo parecía indicar que Santos compartía la destitución del alcalde capitalino pero para inicios del 2014, pues la misma le restaba bríos a la izquierda sin implicar un nuevo ejercicio electoral, simplemente obligaba a la selección de un sucesor –de terna del mismo partido– del alcalde destituido. Pero la destitución decembrina obliga a citar a nuevos comicios en el curso de los próximos 55 días (contados desde el momento que se surta el fallo definido), es decir, el pronunciamiento del Procurador ante la muy segura interposición de alegato de la parte afectada interfiere en las elecciones citadas en toda Colombia para marzo del 2014, sin dejar de afectar las de mayo.

Pero al mismo tiempo tiende un inmenso nubarrón sobre las negociaciones de paz en curso en La Habana, y las por abrirse con el eln; sin duda, los insurgentes valorarán esta decisión como un pésimo antecedente para su proyectada participación política sin armas. ¿Qué seguridad brindan los poderes reales en Colombia para quienes demandan democracia, justicia social, igualdad, y otros factores reales que cimentan la democracia de hecho y no de palabra?

La lucha entre movimientos sociales, factores políticos progresistas de distinto orden, la derecha santista y la derecha a ultranza que encabeza el personaje de los "ocho años" se encona, ¿tendrá capacidad la izquierda para no permitir su derrota en el escritorio? ¿Se impondrá la calle al bolígrafo?

Autor: Equipo DesdeAbajo
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1 de diciembre de 2013

CARTA DEL PROFESOR LEOPOLDO MUNERA


Profesor
Genaro Sánchez Moncaleano
Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia.


Señores y señoras
Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia.


Respetados profesores y estudiantes:

Reciban un saludo cordial.

El Consejo de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia decidió, en su sesión ordinaria número 11, otorgarme la Medalla al Mérito Universitario en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Así consta en la resolución 266 del 2 de agosto de 2013, proferida por dicho cuerpo colegiado. Les agradezco a ustedes y a la comunidad académica de la facultad la postulación para dicha distinción, así como a los miembros del Consejo de la Sede que con su voto mayoritario me la concedieron. Acepto la medalla como un honor académico y un reconocimiento a mis actividades cotidianas en la universidad.

Como ustedes saben por experiencia propia, en el último mes, nuestra facultad ha vivido bajo los efectos del derrumbe del cielo raso en una parte del segundo piso del edificio 201, debido a problemas en su cubierta, cuya gravedad aún no ha sido determinada, que eran plenamente conocidos por la dirección de la sede y la universidad. Como uno de ustedes afirmó en el Consejo ampliado de la Facultad, tuvimos la suerte de que ninguna persona hubiera sufrido daños físicos debido a este infortunio anunciado y previsible.

Durante estos días he visto el desasosiego, la rabia controlada y la creatividad de muchos de los estudiantes de derecho y ciencia política que no entienden cómo en la principal universidad del país puede suceder un hecho así por la desidia de las directivas de la Sede y la negligencia del Gobierno Nacional. Asimismo, los esfuerzos de mis colegas, algunas veces desesperados y autoritarios, para que no se derrumbe el proceso pedagógico que animan y los intentos de la dirección de la facultad por guardar un equilibrio imposible entre las reivindicaciones justas de la comunidad y las instrucciones erráticas de la Vicerrectoría de la Sede. Todos en la facultad hemos hecho el mayor esfuerzo para no perder el semestre académico, a pesar del destino errante que hemos debido afrontar de un edificio a otro, al ritmo de una inexistente programación unificada de los espacios académicos en la Sede de Bogotá.

Hasta el momento ni el Rector, ni el Vicerrector, ni la mayoría de los miembros del Consejo Superior, con la Ministra de Educación como su presidenta, han asumido frente a nuestra comunidad las responsabilidades que les corresponden o la han convocado para que colectivamente encontremos soluciones ante los problemas que impiden el desarrollo normal de nuestras actividades. Por el contrario, solo hemos recibido comunicados de la Vicerrectoría de la Sede que intentan maquillar los problemas de infraestructura de diferentes facultades y la gravedad de la situación actual, o declaraciones públicas de la Ministra que pretenden descalificar nuestra protesta con cifras que resultan ofensivas si se toma en consideración la profunda crisis financiera de las universidades públicas colombianas.

Conocedora del déficit de funcionamiento de la Universidad Nacional que supera los cincuenta mil millones de pesos en 2013, la Ministra le informa al país como un gran logro que ya destinaron seis mil cuatrocientos millones para infraestructura, desde luego, sin que vayan a la base presupuestal. Con respecto a los 11,15 billones de pesos requeridos por el sistema de universidades públicas para seguir funcionando en las precarias condiciones actuales, que pusieron de presente ante la opinión pública los vicerrectores del SUE a finales de 2012, la Ministra considera que los recursos de algunas estampillas y del CREE ($1,5 billones repartidos en todas las instituciones de educación superior) constituyen un “compromiso superior” y “soluciones concretas”, orientadas a acallar a quienes supuestamente hacemos “política”, en sentido peyorativo, por decir la verdad que ella desea ocultar.

El discurso gerencial manejado desde la cartera de educación, que supone la ignorancia de los destinatarios, es humillante para un académico que merezca tal denominación. La mayoría de nuestras instituciones públicas se han visto obligadas a ofrecer educación a distancia o descentralizada de mala calidad, a transformar sus profesores o investigadores en consultores o a funcionar con plantas docentes precarias por el chantaje financiero de los gobiernos nacionales que niega de raíz cualquier tipo de autonomía universitaria.

Sin embargo, por tratarse de nuestros colegas, es más indignante aún que se celebre como un hecho histórico la aprobación de una estampilla para la Universidad Nacional de Colombia, y para el sistema financiero, después de un intenso cabildeo propio del clientelismo heredado del Frente Nacional, que sin duda puede aliviar la crisis de infraestructura que la dirección de la universidad ha negado sistemáticamente, pero que es un simple paliativo para la crisis estructural de las finanzas públicas de nuestras instituciones. Ojalá el aleteo de las aves rapaces y el ruido de sedas y plumas de los áulicos que tiene toda administración pública, incluida, desde luego, la universitaria, no impida que se definan con claridad las prioridades en términos de infraestructura.

Sería inaudito que con los nuevos recursos sigamos invirtiendo proporcionalmente a la riqueza de las Facultades, a su cercanía con la dirección universitaria o en virtud de proyectos sin estudios serios de factibilidad, como ha sucedido con la Clínica Santa Rosa, la cual, luego de más siete años, no resuelve la inaplazable necesidad de un hospital para la facultades del área de la salud. Personalmente tengo la esperanza de que no se continúen relegando las inversiones urgentes, como las de las Facultades de Artes y Derecho, a los últimos lugares, detrás de construcciones suntuosas para alimentar el prestigio personal de sus proponentes, las cuales no resuelven las necesidades más sentidas de los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos.

Por las razones expuestas con anterioridad he tomado la decisión de no asistir a la ceremonia de entrega de las distinciones académicas y de donar el dinero, al que tengo derecho por haber recibido la medalla, para el fondo solidario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales que ustedes tengan a bien indicarme. Constituye este un gesto simbólico frente a la indolencia que el Ministerio de Educación y la Dirección de la Universidad Nacional y de la Sede de Bogotá han mostrado respecto a nuestra facultad. De nosotros depende que el deterioro de la Universidad Nacional de Colombia y de las instituciones públicas de educación superior no siga al ritmo del incremento de una retórica institucional destinada a negar lo evidente.

Atentamente,
Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor Asociado
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia.

CC: Consejo de Sede, Consejo Académico y Consejo Superior.
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19 de noviembre de 2013

Apropósito de la Toma del Ed. Manuel Ancizar de la U. Nacional




El día de hoy, 19 de noviembre, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas de la Universidad Nacional se tomaron el edifico Manuel Ancizar para exigir mecanismos claros para la solución de los problemas estructurales que aqueja la facultad y la Universidad.

Antes de las 7 de la mañana, varios estudiantes ingresaron al edificio Manuel Ancizar, en el cual funciona la parte administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencia políticas y varias clases de estas y otras carreras, impidiendo el ingreso de administrativos, docentes y estudiantes. Esta acción surge de la desesperación de saber que aún no existen mecanismos claros que nos den confianza sobre el rumbo de la facultad y la ciudad universitaria.

En el marco de las tensiones producidas por los bloqueos, propios de los debates universitarios, que vale aclarar que muchas veces son reducidos a la simplicidad del hecho, y no a la profundidad política que merecen; los estudiantes insistieron, a partir de la toma del edifico como herramienta de presión, la instalación de una mesa de interlocución y de concertación sobre las decisiones que se deben tomar en torno a la facultad, en respuesta a la problemática de infraestructura y la calidad académica que hoy acongoja a esta comunidad.

Producto de la presión política generada por tener un edifico administrativo cerrado, el Decano Genaro Sánchez, hizo presencia con varios consejeros de la Facultad, desde tempranas horas, valorando la situación. Dadas las discusiones y exigencias que desde los y las estudiantes se plantearon al Decano, y en particular, haciendo referencia al compromiso político que debe tener la administración de la facultad en la

De esta discusión, producto de la voluntad política de las partes en aras, no de desbloquear un edificio simplemente, sino de garantizar democracia directa de la comunidad universitaria sobre las decisiones de la facultad, se concertó la creación de una Mesa de Interlocución, Control y Vigilancia, que tendrá la función de participar activamente en los espacios de decisión, control y vigilancia a los procesos y dinámicas para resolver las problemáticas de infraestructura y desarrollo académico, a corto, mediano y largo plazo. La participación de cada estamento en dicha mesa la decidirá autónomamente cada uno de ellos, en procesos democráticos; esta mesa será instalada en un acto público el próximo miércoles 27 de noviembre a las 9am en el Aud. Camilo Torres de la Facultad.

La ganancia que consiguió la comunidad universitaria, producto de la toma del edificio, es fruto de los aires que gritan democracia, entendiendo que uno de los problemas fundamentales y en parte, central de la universidad, es quien la representa, quien la gobierna y la forma en la que esto se ha plantado. Es por esto, que esta mesa es una gran inicio para avanzar en conquistas locales, que permitan que el poder constituyente de pasos fuertes para destituir la actual forma de ejercer el poder político de la Universidad y quienes lo representan, y avanzar en la constitución de un nuevo poder constituido, que no sea otra cosa, que la expresión permanente de las fuerzas vivas de la Universidad.

La toma finalizó alrededor de la 1:40pm, con la lectura del comunicado construido colectivamente, y la firma de quienes participaron en ella. Se convoca ampliamente a los y las estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencia Política a participar en el proceso asambleario el día de mañana, 20 de noviembre a las 9am.


solución estructural a esta situación, se concertó la exigencia puntual planteada por los estudiantes en toma, dicho proceso se dio en una reunión de varios delegados estudiantiles, profesorales y administrativos.


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18 de noviembre de 2013

Declaración Pública 2do Encuentro "defender la libertad: asunto de tod@s"




Los días 15 y 16 de Noviembre nos reunimos en Bogotá al menos 300 personas, provenientes de 14 departamentos de Colombia, para llevar a cabo el Encuentro por la Libertad y el Derecho a la Protesta, convocado por la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todos, La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE.
En un primer momento se realizó una Audiencia en el Congreso de la República sobre el tratamiento de la Fuerza Pública a las manifestaciones sociales, en la que asistieron los representantes a la Cámara Iván Cepeda, Hernando Hernández y Carlos Amaya, la cual contó con la presencia del General Jesid Vázquez de la Policía Nacional, Javier Tamayo de la Defensoría del Pueblo, Carlos Valdés Director del Instituto colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Andrés Idarraga Director de Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá y más de 350 personas asistentes.

En ésta se presentaron 25 testimonios y se recogieron más de 60 denuncias en las que se documentó el uso de un marco legislativo que restringe y criminaliza la protesta social, ocasiona o facilita el  uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, la estigmatización de la protesta social y sus líderes,  la realización de montajes judiciales en su contra y la aplicación de medidas propias de un Estado de facto, producto de las cuales 15 manifestantes perdieron la vida, 12 de ellos por arma de fuego, cerca de 3000 personas han sido detenidas arbitrariamente, más de 180 enfrentan procesos judiciales, 51 se encuentran aún privadas de la libertad y al menos 800 personas resultaron heridas.

El Encuentro continúo con la realización de una Asamblea en la que se presentaron los resultados de los Encuentros regionales realizados y se acordaron propuestas dirigidas al Gobierno Nacional, autoridades judiciales, órganos de control, el poder legislativo y las organizaciones y movimientos sociales de Colombia.
  
En desarrollo del II Encuentro Nacional de la Campaña “Defender la Libertad: Asunto de tod@s”, se abordaron dos problemáticas que han afectado a la ciudadanía colombiana en lo corrido del año 2013: La detención arbitraria y la brutalidad policial.

En las distintas mesas de trabajo conformadas, se reafirman elementos que caracterizan este tipo de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, se concluye una vez más la sistematicidad de  los casos de brutalidad policial cometidos contra jóvenes en las ciudades y manifestantes en todo el país, incluyendo graves agresiones contra mujeres, niños y niñas. El abuso policial se entiende enmarcado en una “Doctrina de seguridad” en la que están formadas las fuerzas policiales y lo asumimos como parte de la guerra contra el pueblo, en dos ámbitos: por un lado, el ataque directo a los derechos a la protesta y la movilización, violando así pactos y tratados internacionales que reconocen el derecho a la movilización y la protesta social; y por otra parte, como el abuso cotidiano de la policía que se manifiesta en el ámbito urbano en la ocupación de barrios populares (a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ) y la militarización de las zonas rurales (a través de planes de consolidación).

Por su parte, las detenciones arbitrarias se entienden como el desarrollo de una política estatal que restringe ampliamente el derecho a la libertad y criminaliza el derecho a la protesta. En ese sentido, se reafirma la necesidad de generar acciones integrales y conjuntas que permitan a los sectores populares organizados, hacer frente y visibilizar estas violaciones a los Derechos Humanos y reaccionar ante las políticas que las promueven e incrementan.

En términos de formación, se definen planes conjuntos encaminados a elaborar, reproducir y difundir material pedagógico que permita a los distintos sectores que se movilizan conocer qué es una detención arbitraria, la brutalidad policial y qué hacer ante estas situaciones. Además de masificar jornadas de capacitación, desarrollando una pedagogía popular que permita recoger los distintos niveles académicos y necesidades puntuales de cada región; y el uso del arte y la cultura como estrategia pedagógica de formación.

La campaña se ratifica en la necesidad de continuar profundizando en el análisis del modus operandi y estructura de las fuerzas represivas del Estado, para que las denuncias recojan su naturaleza e identifique no sólo autores materiales sino altos mandos. Igualmente en consolidar una plataforma de denuncia nacional, que pueda ser difundida y alimentada ampliamente y en la que se incluya los sectores rurales.

La campaña rechaza la investigación de hechos de abuso policial y detención arbitraria por la Justicia Penal Militar y oficinas de control disciplinario interno por lo que su estrategia jurídica estará dirigida a impedir que las mismas continúen bajo su competencia.

El encuentro determina que se deben definir acciones conjuntas de movilización y acción política por el desmonte del ESMAD, promover la derogatoria de la directiva sobre el uso de la armas con letalidad reducida y aumentar las acciones integrales contra la política que criminaliza la protesta.
La campaña apoyará las acciones que se impulsen contra el servicio militar obligatorio,  por el derecho a la objeción de conciencia y la desmilitarización de la sociedad y los espacios comunitarios urbanos y rurales.

El II Encuentro Nacional resalta el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá de impulsar la concertación de un protocolo para la actuación de la fuerza pública en casos de protesta social y crear un mecanismo de verificación de estas actuaciones con participación de la sociedad civil.
Demandamos la derogatoria de la Ley de Seguridad Ciudadana y el retiro inmediata del Proyecto de Ley 091 que penaliza el ejercicio de la protesta social. Reivindicamos el derecho a la ocupación de vías y carreteras como parte esencial del ejercicio del  derecho a la protesta de los sectores inconformes y la disidencia social.

Bogotá, 16 de noviembre de 2013
DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TOD@S

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9 de noviembre de 2013

EN ESTA OCASIÓN LA PASTA MILAGROSA PERDIÓ SU PODER

MÁS DE DOS (2) AÑOS DE DOLOR Y SUPLICIO SOPORTÓ EL DETENIDO POLÍTICO MIGUEL ZULETA PARADA, POR UNA GRAVE ENFERMEDAD.

La  Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se permite denunciar a nivel nacional e internacional los siguientes.

HECHOS.

Hoy  07 de Noviembre de 2013, los detenidos políticos recluidos en el Establecimiento de reclusión del Orden Nacional -ERON- Picaleña en Ibagué Tolima, llamaron para informar que se acababan de enterar del fallecimiento del detenido político MIGUEL ZULETA PARADA identificado con el  TD200584,  recluido en el bloque 2 patio 1B,  pertenecía al ejército de liberación nacional ELN.

El detenido político MIGUEL ZULETA PARADA, había fallecido desde el pasado 03 de Noviembre de 2013, por falta de atención médica eficaz y oportuna, después de haber soportado por más de (2) dos años una enfermedad catastrófica, que frecuentemente presentaba inflamación en su rostro y que progresivamente aparecía en varias partes de su cuerpo acompañado de un sarpullido que luego se convertían en ampollas que le causaban un dolor muy agudo y fiebre muy alta, tanto así que perdía los sentidos.

En  el mes de Septiembre de 2012, nuestra Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, conoció de estos episodios que padecía el detenido político MIGUEL ZULETA PARADA, logrando que fuera remitido del Establecimiento de reclusión del Orden Nacional ERON Picaleña en Ibagué Tolima, al Hospital Federico Lleras Acosta sede el Limonar, donde fue hospitalizado por más de dos meses por presentar  ampollas en su cuerpo que le causo mucha fiebre escalofrió y un dolor insoportable.

Ya hospitalizado en varias ocasiones presento los síntomas arriba mencionados con reacción tan fuerte que lo mantuvo postrado en la cama por varios días, sufriendo continuas recaídas como mucho dolor inflamación pérdida de peso y apetito.

En el presente año le diagnosticaron SÍNDROME DE REITER o artritis reactiva, afección sistémica que lo mantuvo todo este año en muy mal estado de salud, perdida de peso dolores insoportables.

El 14 de mayo de 2013, el detenido político MIGUEL ZULETA PARADA, informe a nuestra Fundación, que presentaba dolor intenso y recurrente de oído y que por parte de E.P.S. CAPRECOM no había sido posible que lo valorara el otorrino, ya que es la encargada de la salud.

Debemos manifestarle que en el presente año presento varios episodios  que se caracterizaron  por inflamación permanente en las articulaciones que le dificultaban para la movilidad y algunas veces padecía de dificultad al orinar, conjuntivitis, así como muchísimas  lesiones de la piel e irritación de la mucosa de los ojos.

Por todos estos síntomas permanentemente debía solicitar el servicio de salud del establecimiento, para que le suministraran medicamentos para el dolor,  pero lo único que le recetaban para sus dolencias era  LA PASTA MILAGROSA ACETAMINOFEN, que para el caso del detenido político  MIGUEL ZULETA PARADA, había PERDIÓ SU PODER.

El 09 de octubre  de 2013, llamo a nuestra Fundación el detenido político  MIGUEL ZULETA PARADA,  para informar que llevaba 15 días con una recaída con mucha fiebre escalofrió dolor en las articulaciones perdida espontánea del conocimiento.

Al dia siguiente 10 de octubre de 2013, nuestra Fundación envió un trámite urgente a defensoría del Pueblo y  a la doctora Imelda López Solórzano directora del Establecimiento de reclusión del Orden Nacional -ERON- Picaleña en Ibagué Tolima. 

El 17 de octubre de 2013, se le envío con otro detenido una SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA PENA PREVENTIVA DE LIBERTAD POR LA PRISIÓN DOMICILIARIA, teniendo en cuenta que su estado de salud empeoraba y cada día estaba en más grave estado de salud.
  
Nuestra Fundación, acompaño y realizo seguimiento permanente a la enfermada del detenido políticoMIGUEL ZULETA PARADAhaciendo solicitudes a las autoridades penitenciarias y órganos de control encargados de vigilar el respeto y garantías de los derechos de las personas privadas de libertad, quienes hicieron casos omiso a nuestras solicitudes.


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6 de noviembre de 2013

Sin techo no hay derecho: convocan a reinciar clases


El día de mañana, 7 de noviembre, los estudiantes de derecho y ciencia política reiniciarían clases, las condiciones y el mecanismo, deja aun mucho por decir.

La administración de la Facultad de Derecho y Ciencia Política hizo el llamado a la comunidad de la facultad a reiniciar las clases este jueves, con un gran listado de “salones” disponibles para el desarrollo académico. Sin embargo, pareciera que la intención es poner en mayores riesgos a los estudiantes y profesores, pues los nuevos sitios asignados tienen grandes riesgos de colapsar.

Cómo se dudaba de los salones en los que se iba a recibir clases, el pasado martes un grupo de estudiantes y profesores, con presencia del Vicedecano de la facultad, fueron a verificar el estado de los salones para recibir las clases, y la sorpresa que ellos y ellas se llevaron fue bastante grande. En el edificio de Enfermería, el cual ha estado cerrado por riesgo de colapso, habilitaron dos salones, en los cuales uno era el archivo y por tanto estaba lleno de carpetas, y el otro no tenia sillas, los dos claramente, siendo las antiguas oficinas de rectoría, no tienen una capacidad para clases de mas de 6 personas.

En el edificio del polideportivo, un salón de los 2 dispuestos, tiene puestos destinados para primarias, es decir para un promedio de niños/as de 10 años. Además, en Química Farmacéutica, otro de los edificios donde se supone los estudiantes verían clases, se han hecho varias “reparaciones” para mejorar la infraestructura del edificio, debido a que cuando llueve se inunda gran parte del piso, la gran idea fue la construcción de unas zanjas al rededor del edificio, que al día de hoy están cubiertas por pasto y por tanto no son visibles al paso, lo que ha causado graves accidentes en la comunidad que frecuenta la zona.

Además, la mayoría de las clases de pregrado de la Facultad tienen un promedio de 60 estudiantes, algunas hasta de 80 personas, y pocos salones de los asignados tienen dicha capacidad, sin mencionar, que los mejores salones serán destinados para las clases de posgrados, teniendo las peores condiciones los casi 2.000 estudiantes de pregrado de la facultad, quienes tendrían que soportar la prelación existente en la facultad a los cursos de posgrado, por ser fuente de financiamiento.

A pesar de la evidente crisis de infraestructura que vive la nacho, la semana pasada unimedios dijo que no había tal crisis, y al día de hoy, publica una noticia donde el director de infraestructura de la universidad dice: “Lo que tuvimos fue una saturación exagerada de agua en las canales. Estas se rebozaron, duplicaron el peso del cielo raso y este, obviamente, colapsó.”, refiriéndose al desplome de parte del techo. Es claro que lo que se tiene es una saturación exagerada de incompetencia en la administración, que tiene como consecuencias 3 edificios de la sede Bogotá cerrados, lo que va a traer algo mas evidente que el colapso, y es el desplome definitivo de la UN como universidad pública, pues es evidente el interés de la administración por dejar pasar estas situaciones sin mayor intervención, para iniciar por ese camino, el proceso de privatización de la nacho, acompañado de la venta de terrenos del CAN para supuestamente salvar a la U' de esta crisis.

Ante esta situación, la comunidad académica de la facultad ha tenido reuniones casi que diarias, para decidir el rumbo que colectivamente deben tomar. En el marco de esos procesos, se ha dejado manifiesto las siguientes exigencias:

  1. No se ingresará al edificio de Derecho y Ciencia Política hasta que se compruebe técnicamente que no existe ningún riesgo para la comunidad de la facultad, proceso que debe ser avalado por la misma comunidad.
  2. Se debe suspender de inmediato el contrato que se tiene para la construcción del edificio de posgrados de la Facultad de Derecho y la Facultad de ciencias económicas, que haciende a más de 2 mil millones de pesos.
  3. Reponer el tiempo académico hasta ahora perdido en su totalidad.
  4. Reasignar salones en el área cercana a la Facultad, y donde existan condiciones dignas para recibir las clases, sin hacinamiento ni riesgos de mas colapsos.
  5. Información pública sobre el contrato a realizar para la intervención necesaria del edifico de derecho, y tiempo estimado para ello.
Por lo pronto, los 295 cursos que se ofrecían en el edifico de Derecho y Ciencia Política, estarán en todo el campus, desde hemeroteca hasta SINDU, desde Genética hasta Diseño Gráfico, probablemente sin puestos suficientes ni condiciones dignas para la academia. Mientras el rector sigue sentado en un sofá de plumas de ganzo, pensando como destruir la UN, poniendo mas cámaras para los revoltosos que se niegan a recibir una academia mediocre y proclamando toque de queda todos los viernes. No hay algo mas evidente, y es que la comunidad universitaria QUIERE QUE RENUNCIEN estos gerentillos de Mantilla y Hernandez, e iniciar de una vez por todas la deuda que tenemos con la nación, y es una autentica democracia universitaria.

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29 de octubre de 2013

Desalojados estudiantes de la UdeA en campamento y huelga de hambre.

DENUNCIA PÚBLICA:

La Comisión de Derecho Humanos de la Marea denuncia el desalojo a estudiantes que protestaban pacíficamente en las instalaciones de la Universidad de Antioquia. El día 28 de octubre de 2013, a las 7:15 p.m., en la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia se determinó la realización de un campamento y una huelga de hambre en los bajos del bloque administrativo de la Universidad (bloque 16) como mecanismo de protesta pacífica pidiendo respuesta al Pliego de Exigencias de los estudiantes de la Universidad de Antioquia (para ampliar el contexto, ver alerta temprana 002 y comunicado “Bienvenidos administrativos, las puertas están abiertas” en estudiantesudea.blogspot.com). 

En la madrugada del 29 de octubre, siendo las 2:35 a.m., llegan a la portería de Ferrocarril sesenta efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) manifestando tener la orden de desalojar el campamento y siendo las 2:40 ingresan al campus universitario dando a entender que no había otra salida que el desalojo por parte de los manifestantes. 

Se intentó generar una interlocución para establecer unos mínimos acuerdos para la realización de la actividad y dar las claridades necesarias en cuanto a las intenciones de la acción de protesta con el secretario general Luquegi Gil Neira, el Vicerrector General John Jairo Arboleda y el rector Alberto Uribe Correa pero fue inútil, nunca contestaron a los defensores de Derecho Humanos ni a los manifestantes y lo único que hicieron fue apagar sus celulares.

La única información que pudimos recopilar es que la orden del desalojo se realizó desde la Gobernación de Antioquia por medio del secretario de gobierno Santiago Londoño, debido a la información del Comité Rectoral de la Universidad de Antioquia.Responsabilizamos al secretario de gobierno Santiago Londoño por generar la orden de desalojo por medios violentos sin buscar alternativas pacíficas, violentando el derecho a la protesta que legítimamente los estudiantes estaban ejerciendo al interior de la Universidad y retrocediendo en los avances alcanzados en la Mesa de Interlocución (espacio generado por los Colectivos de derechos Humanos estudiantiles tendiente a la solución de conflictos por medios no violentos). 

También responsabilizamos a los órganos directivos de la Universidad, Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Comité Rectoral por haberse negado a reunirse con el Comité de Delegados de la Asamblea General de Estudiantes para buscar soluciones a la coyuntura actual de la Universidad, en especial al Comité Rectoral quien emitió un comunicado el día de ayer con la orden de cerrar la Ciudad Universitaria para impedir que se desarrollara la actividad de protesta de los estudiantes y generar una situación de desinformación sobre las intenciones de dicha actividad.Vemos con preocupación que la administración de la Universidad sigue tomando decisiones autoritarias y cierra las puertas a las soluciones de los conflictos por medio del dialogo y el debate negándose sus órganos directivos y decisorios a reunirse con los estudiantes para solucionar las problemáticas que los estudiantes expresan en su pliega de exigencias, y como única respuesta está una campaña de desprestigio a la lucha estudiantil como sucedió en los lamentables momentos de la Universidad el 15 de septiembre de 2010. 

Por ultimo informamos que los estudiantes que se mantenían realizando la huelga de hambre y el campamento, desmienten la aseveración del comité rectoral sobre el bloqueo a las actividades administrativas, emitiendo un comunicado en el que se manifiesta que las puertas están abiertas para el desarrollo de dichas actividades y en su firme intención de protesta pacífica se retiraron de las Instalaciones de la Universidad sin entrar en confrontación con la fuerza pública, en estos momentos se encuentran en la Unidad Permanente de derechos Humanos de la Personería de Medellín. Es necesario que del claustro universitario desaparezca el miedo al debate por parte de los órganos directivos y se dé ejemplo de solución de conflictos por medios no violentos.

Comisión de Derechos Humanos Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia – MAREA


- Nota Tomada del Sitio WEB:


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