El día de ayer 14 de julio de
2016, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes
internacionales nos desplazamos desde Bogotá al Departamento de Boyacá, con el
fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos que se
presenta en este departamento con ocasión del paro nacional de transportadores
de carga, encontrando hechos que generan gran preocupación.
La Comisión documentó prácticas
que indican que el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD hizo uso arbitrario y
excesivo de la fuerza en el departamento, ha cometido graves violaciones a los derechos
humanos de las personas que participan en la protesta de los transportadores y
contra pobladores de los barrios y veredas ubicadas cerca de los puntos de
concentración de la protesta.
Los puntos visitados durante el
recorrido de la misión fueron: Cajicá (Cundinamarca), Germania (Tunja), Paipa,
Ciudadela e Higueras (Duitama) y Sogamoso. En donde tuvimos la oportunidad de
constatar la presencia amplia de pobladores quienes se han venido sumando a la
movilización social.
Durante el recorrido se
recopilaron testimonios de manifestantes y habitantes del departamento, quienes
además suministraron fotos y videos en que sustentan sus denuncias. Producto de
dicha de información de manera preliminar nos permitimos destacar los
siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión, ocurridos
principalmente de los días 9 al 12 de julio y que seránobjeto de un informe más
detallado y profundo el cual será publicado en los próximos días:
1. Personas heridas con
artefactos lanzados por el Esmad, que causaron hematomas y laceraciones en
rostro, cuerpo y cabeza de varias personas.
2. Personas heridas producto de
golpizas proferidas por parte del ESMAD con objetos contundentes.
3. Personas detenidas
arbitrariamente en varios puntos, entre estas 13 en el municipio de Cajicá, 4
en Venta Quemada y 4 que fueron retenidas temporalmente en Paipa.
4. Uso indiscriminado de gases,
en sitios cerrados contra los pobladores de las veredas y barrios cercanos a
los puntos de concentración; quienes manifiestan que les han sido lanzadas
capsulas de gases lacrimógenos al interior de sus casas, causando asfixia y
problemas respiratorios principalmente a niños y adultos mayores. Dichas
familias se encuentran atemorizadas.
5. El señalamiento y amenazas por
parte de la fuerza pública contra los manifestantes, y habitantes de este
departamento, especialmente a líderes y miembros de juntas de acción comunal,
mediante comentarios en los que se señala la intención de eliminarlos.
6. La ocupación de al menos una
institución educativa por el ESMAD en el municipio de Paipa.
7. El asesinato de Luis Orlando
Saiz en la ciudad de Duitama, el cual según testimonios de manifestantes y
pobladores que se encontraban en el lugar de los hechos, el joven fue impactado
por una granada de gas lacrimógeno lanzada directamente a su cabeza por parte
del Esmad el día 12 de Julio del presente año, cuando se trasladaba camino a su
casa después de la jornada laboral en el sitio conocido como Higueras. Versión
que coincide con el dictamen emitido el día 14 de julio de 2016, por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
8. La utilización de ambulancias
para el transporte de armas y miembros del ESMAD en el municipio de Paipa.
9. Militarización y medidas
propias de Estados de excepción, tales como toque de queda en ciudades como
Duitama.
10. Varios de los manifestantes
señalaron que luego de los ataques, las personas heridas se quejaron de la
atención inadecuada por parte del personal del hospital de Duitama, señalando
que por su presunta participación en la manifestación no podrían seratendidos.
En conclusión existe un temor
generalizado e indignación por parte de la ciudadanía ante los abusos de
autoridad cometidos por la fuerza pública y la posibilidad de que estos se
sigan cometiendo con graves consecuencias contra su vida e integridad personal.
Ante esta situación, las
organizaciones que conformamos la comisión de verificación de derechoshumanos:
RECHAZAMOS
Las medidas anunciadas por el
presidente Juan Manuel Santos Calderón en alocución presidencial el día 14 de
Julio, al considerar que estas se encuentran dirigidas a intimidar y
obstaculizar el ejercicio del derecho a la protesta social.
ALERTAMOS
Que de continuar el uso excesivo
e indiscriminado de la fuerza para reprimir las protesta sociales,tales como la
que se está presentado en este momento en el país, se genera un grave riesgo
para la vida e integridad de las personas, lo que puede incrementar el número
de personas gravemente heridas y/o muertas.
RESPONSABILIZAMOS
Al Presidente de la República
Doctor Juan Manuel Santos y al Director Nacional de la Policía General Jorge
Nieto Rojas, por las graves violaciones a los Derechos Humanos, que han sido documentadas
por esta Comisión y que pueden incrementarse ante las directrices trazadas y
consistentes prioritariamente en la represión a las manifestaciones.
SOLICITAMOS URGENTEMENTE
El acompañamiento y verificación
de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
EXIGIMOS
El desmonte del ESMAD por ser
incompatible con el Estado social de derecho y por ser un agente permanente de
vulneración derechos humanos. De manera inmediata que se cumplan con los
protocolos internacionales para que se garantice el derecho fundamental a la
protesta.
De las autoridades judiciales y
organismos de vigilancia y control, que se adelanten en forma inmediata las
investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de
derechos humanos.
En los casos del ejercicio del
derecho de protesta, antes de la intervención policial, se debe permitir la
participación de los gestores de convivencia o autoridades civiles. Que los
miembros del ESMAD porten sus insignias de identificación en todas las
actuaciones que realizan.
HACEMOS UN LLAMADO URGENTE
Al Gobierno Colombiano para que
retome la interlocución y el dialogo hacia una solución concertada sobre la
agenda de la movilización y expida una directiva garantizando el derecho a la protesta
social, reiterando la prohibición del abuso de la fuerza y las violaciones a
los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
A los medios masivos de
comunicación para que visibilicen la grave situación ocasionada por la
represión indiscriminada contra la población el departamento de Boyacá y
divulguen sin censura lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su
responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
La Misión de Derechos Humanos
estuvo conformada por las organizaciones: Campaña Defender la Libertad Asunto
de Tod@s, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité
Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Banco de
Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, Unidad de Trabajo
Legislativa del Congresista Alirio Uribe, Corporación Social para la Asesoría y
Capacitación Comunitaria, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los
Pueblos, Fundación Jishana Huitaca, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello,
Rebeldia Estudiantíl Organizada, El Rebelde Medios Alternativos.
Adicionalmente se contó con la
observación internacional de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Red de
Hermandad y Solidaridad con Colombia.
De igual manera se contó con el
apoyo de varias organizaciones de Derechos Humanos en Boyacá, tales como el
CPDH seccional, Sindicato Sutimac Nobsa, Grupo Vida, Memoria y Dignidad,
Cospacc Boyacá, Casa de la Mujer y organizaciones sociales y gremiales tales
como Dignidad Papera, la Confederación Colombiana de Transportadores, y la
Asociación Colombiana de Camioneros
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