
Hacia las 3 de la tarde
de ese 9 de enero en las vías que comunican a El Tigre con las
poblaciones de La Hormiga y Orito, se instalan dos retenes militares
que no dejaban pasar ningún carro hacia El Tigre desde estas
poblaciones aledañas. Pero la pregunta que se han hecho estos trece
años en el tigre es: ¿cómo sí pudieron pasar las camionetas de
los paramilitares por estos retenes? ¿Cómo sí pudieron pasar más
de 150 hombres armados hasta los dientes? Es claro que contaron con
todo el aval del “glorioso ejército nacional”.
Es decir que los
culpables de estos muertos, del desplazamiento de la población, de
la desaparición forzada, de las casas quemadas, de los maltratos
físicos y verbales a mujeres entre muchas otras situaciones que
tuvieron que vivir, son tanto los paramilitares como el ejército. La
sevicia con la que se cometieron estos asesinatos, las atrocidades
que se hicieron con los cadáveres de las víctimas; todo bajo la
estricta vigilancia del ejercito, pues retiraron el reten hacia las 8
de la mañana del día siguiente, cuando ya había ocurrido todo y
los paramilitares ya habían abandonado la zona. De este hecho
ninguno de los paramilitares que están en proceso de desmovilización
ha aceptado la responsabilidad y por tanto no se ha hecho justicia.
Más allá de pedir
perdón y de ofrecer una indemnización, que además es “simbólica”
pues los recursos son limitados, se debería reconocer y judicializar de manera
directa la complicidad del ejército nacional en esta masacre
(ejército para el cual los recursos no resultan limitados). Resaltar
que todo el daño que sufrió la comunidad ese día y posteriormente,
pues la zona siguió bajo el control paramilitar, no se hizo sin el
conocimiento del gobierno y el apoyo de las fuerzas militares.
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