24 de enero de 2012

Señor presidente: pedir perdón no es suficiente


El día lunes, Santos se reunió con varias de las víctimas de la masacre ocurrida en el tigre, un caserío ubicado en el departamento de Putumayo. La masacre que tuvo lugar el día 9 de enero de 1999, dejó 28 personas muertas y 14 desaparecidas según cifras oficiales, pues las extraoficiales se calculan en más de 50 personas. Lo que el presidente no es capaz de reconocer es que las mismas fuerzas armadas que tanto defiende y pretende proteger con la reforma a la justicia y su fuero militar, son las mismas que permitieron que esta tragedia se pudiera desarrollar de la manera en que se desarrolló. 

Hacia las 3 de la tarde de ese 9 de enero en las vías que comunican a El Tigre con las poblaciones de La Hormiga y Orito, se instalan dos retenes militares que no dejaban pasar ningún carro hacia El Tigre desde estas poblaciones aledañas. Pero la pregunta que se han hecho estos trece años en el tigre es: ¿cómo sí pudieron pasar las camionetas de los paramilitares por estos retenes? ¿Cómo sí pudieron pasar más de 150 hombres armados hasta los dientes? Es claro que contaron con todo el aval del “glorioso ejército nacional”.

Es decir que los culpables de estos muertos, del desplazamiento de la población, de la desaparición forzada, de las casas quemadas, de los maltratos físicos y verbales a mujeres entre muchas otras situaciones que tuvieron que vivir, son tanto los paramilitares como el ejército. La sevicia con la que se cometieron estos asesinatos, las atrocidades que se hicieron con los cadáveres de las víctimas; todo bajo la estricta vigilancia del ejercito, pues retiraron el reten hacia las 8 de la mañana del día siguiente, cuando ya había ocurrido todo y los paramilitares ya habían abandonado la zona. De este hecho ninguno de los paramilitares que están en proceso de desmovilización ha aceptado la responsabilidad y por tanto no se ha hecho justicia.

Más allá de pedir perdón y de ofrecer una indemnización, que además es “simbólica” pues los recursos son limitados, se debería reconocer y judicializar de manera directa la complicidad del ejército nacional en esta masacre (ejército para el cual los recursos no resultan limitados). Resaltar que todo el daño que sufrió la comunidad ese día y posteriormente, pues la zona siguió bajo el control paramilitar, no se hizo sin el conocimiento del gobierno y el apoyo de las fuerzas militares.