A finales de 2013, tras varias semanas de movilización en los campos y las diferentes ciudades del país, se logró instalar una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones agrupadas en la Cumbre agraria, étnica y popular y las distintas Dignidades agropecuarias del país con el objetivo de discutir y desarrollar soluciones que permitieran a los agricultores solucionar sus más sentidas necesidades en materia productiva y proporcionar al total de la población colombiana una verdadera seguridad y soberanía alimentaria.
Luego de 2 años, estos acuerdos
no han sido cumplidos y, por el contrario, se han profundizado las políticas
económicas que que han llevado a intensificar las desigualdades existentes en
el campo históricamente y la destrucción de los diferentes ecosistemas en los
territorios país.
En respuesta a esta situación, el próximo 30 de mayo será la hora cero
de un nuevo Paro Nacional Agrario,
Étnico y Popular, que presione al Gobierno Nacional a cumplir con los
acuerdos anteriormente pactados, y que busque posicionar en la sociedad la
necesidad de conservar nuestras raíces, nuestros recursos naturales y la
necesidad de consolidad una verdadera seguridad y soberanía alimentaria.
Son 8 los puntos que el gobierno
Nacional ha incumplido luego de las masivas manifestaciones del 2013. Estos son[1]:
“Tierras, territorios y
ordenamiento territorial: En este punto las comunidades
le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan cómo se
organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de
derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios
indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios
afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la implementación
de un modelo agroindustrial y minero energético que esta generando despojo en
los territorios.
La economía propia contra el
despojo: Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que
se derogue la ley ZIDRES que ha promovido
inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los
pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas
culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad
alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de
la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades
también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma
Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería, Energía y Ruralidad: Las
últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales
para la explotación del subsuelo ha incumplido con los
acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta
previa a las comunidades para los proyectos de
extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política
minero energética más amigable con la tierra.
Derechos políticos, garantías,
víctimas y justicia: Las
comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de
Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los
derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de
hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios ,
a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se
encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.
Paz, Justicia Social y Solución
Política: Las comunidades y organizaciones aplauden y apoyan los avances
en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, sin
embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se involucre al
movimiento social y popular en la discusión del proceso para construir
una paz vinculante y participativa.
Derechos Sociales: Diferentes
sectores del movimiento social han expresado la vulneración a derechos como la
educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación en la medida de que aún
no se garantizan a toda la población colombiana y se profundiza cada vez
más la crisis de des financiación estatal a hospitales y universidades públicas.
Relación Campo – Ciudad: Las
comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un
derecho fundamental y la protección a las fuentes hídricas afectadas por la
otorgación de títulos mineros en diferentes regiones donde se encuentran.
Además, demandan frenar la venta de
empresas públicas como la ETB.
Cultivos de Coca, Marihuana y
Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas antidrogas del
gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación manual con
glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisación que
el mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca,
marihuana y amapola. Por ende, exigen la creación de programas de sustitución
gradual, concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.”
Es así que, la lucha por el campo
no cesa, y nuevamente se dará otra batalla a nivel nacional en donde lo que se
pone en juego es un país con una verdadera democracia, con soberanía
alimentaria y soberanía nacional y la posibilidad de crear un escenario pertinente
para la paz que tanto se anhela.
[1]
Tomado de: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/15/colombia-vuelve-el-paro-nacional-el-30-de-mayo-tras-dos-anos-de-incumplimiento-del-gobierno/,
consultado el 18 de mayo del 2016.
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