18 de mayo de 2016

Próximo 30 de mayo será la hora cero de un nuevo Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular.


A finales de 2013, tras varias semanas de movilización en los campos y las diferentes ciudades del país, se logró instalar una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones agrupadas en la Cumbre agraria, étnica y popular y las distintas Dignidades agropecuarias del país con el objetivo de discutir y desarrollar soluciones que permitieran a los agricultores solucionar sus más sentidas necesidades en materia productiva y proporcionar al total de la población colombiana una verdadera seguridad y soberanía alimentaria.

Luego de 2 años, estos acuerdos no han sido cumplidos y, por el contrario, se han profundizado las políticas económicas que que han llevado a intensificar las desigualdades existentes en el campo históricamente y la destrucción de los diferentes ecosistemas en los territorios país.

En respuesta a esta situación, el próximo 30 de mayo será la hora cero de un nuevo Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular, que presione al Gobierno Nacional a cumplir con los acuerdos anteriormente pactados, y que busque posicionar en la sociedad la necesidad de conservar nuestras raíces, nuestros recursos naturales y la necesidad de consolidad una verdadera seguridad y soberanía alimentaria.

Son 8 los puntos que el gobierno Nacional ha incumplido luego de las masivas manifestaciones del 2013. Estos son[1]:

“Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan cómo se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos.  Territorios que se ha visto afectados por la implementación de un modelo agroindustrial y minero energético que esta generando despojo en los territorios.
La economía propia contra el despojo:  Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable con la tierra.
Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.
Paz, Justicia Social y Solución Política: Las comunidades y organizaciones aplauden y apoyan los avances en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, sin embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se involucre al movimiento social y popular en la discusión del proceso para construir una paz vinculante y participativa.
Derechos Sociales: Diferentes sectores del movimiento social han expresado la vulneración a derechos como la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación en la medida de que aún no se garantizan a toda la población colombiana y se profundiza cada vez más la crisis de des financiación estatal a hospitales y universidades públicas.
Relación Campo – Ciudad: Las comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un derecho fundamental y la protección a las fuentes hídricas afectadas por la otorgación de títulos mineros en diferentes regiones donde se encuentran. Además, demandan frenar la venta de empresas públicas como la ETB.
Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas antidrogas del gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación manual con glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisación que el mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por ende, exigen la creación de programas de sustitución gradual, concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.”

Es así que, la lucha por el campo no cesa, y nuevamente se dará otra batalla a nivel nacional en donde lo que se pone en juego es un país con una verdadera democracia, con soberanía alimentaria y soberanía nacional y la posibilidad de crear un escenario pertinente para la paz que tanto se anhela.