CARTA DEL PROFESOR LEOPOLDO MUNERA

Profesor Genaro Sánchez Moncaleano Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia. Señores y señoras Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia. Respetados profesores y estudiantes: Reciban un saludo cordial.

El Consejo de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia decidió, en su sesión ordinaria número 11, otorgarme la Medalla al Mérito Universitario en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Así consta en la resolución 266 del 2 de agosto de 2013, proferida por dicho cuerpo colegiado. Les agradezco a ustedes y a la comunidad académica de la facultad la postulación para dicha distinción, así como a los miembros del Consejo de la Sede que con su voto mayoritario me la concedieron. Acepto la medalla como un honor académico y un reconocimiento a mis actividades cotidianas en la universidad.

Como ustedes saben por experiencia propia, en el último mes, nuestra facultad ha vivido bajo los efectos del derrumbe del cielo raso en una parte del segundo piso del edificio 201, debido a problemas en su cubierta, cuya gravedad aún no ha sido determinada, que eran plenamente conocidos por la dirección de la sede y la universidad. Como uno de ustedes afirmó en el Consejo ampliado de la Facultad, tuvimos la suerte de que ninguna persona hubiera sufrido daños físicos debido a este infortunio anunciado y previsible.

Durante estos días he visto el desasosiego, la rabia controlada y la creatividad de muchos de los estudiantes de derecho y ciencia política que no entienden cómo en la principal universidad del país puede suceder un hecho así por la desidia de las directivas de la Sede y la negligencia del Gobierno Nacional. Asimismo, los esfuerzos de mis colegas, algunas veces desesperados y autoritarios, para que no se derrumbe el proceso pedagógico que animan y los intentos de la dirección de la facultad por guardar un equilibrio imposible entre las reivindicaciones justas de la comunidad y las instrucciones erráticas de la Vicerrectoría de la Sede. Todos en la facultad hemos hecho el mayor esfuerzo para no perder el semestre académico, a pesar del destino errante que hemos debido afrontar de un edificio a otro, al ritmo de una inexistente programación unificada de los espacios académicos en la Sede de Bogotá.

Hasta el momento ni el Rector, ni el Vicerrector, ni la mayoría de los miembros del Consejo Superior, con la Ministra de Educación como su presidenta, han asumido frente a nuestra comunidad las responsabilidades que les corresponden o la han convocado para que colectivamente encontremos soluciones ante los problemas que impiden el desarrollo normal de nuestras actividades. Por el contrario, solo hemos recibido comunicados de la Vicerrectoría de la Sede que intentan maquillar los problemas de infraestructura de diferentes facultades y la gravedad de la situación actual, o declaraciones públicas de la Ministra que pretenden descalificar nuestra protesta con cifras que resultan ofensivas si se toma en consideración la profunda crisis financiera de las universidades públicas colombianas.

Conocedora del déficit de funcionamiento de la Universidad Nacional que supera los cincuenta mil millones de pesos en 2013, la Ministra le informa al país como un gran logro que ya destinaron seis mil cuatrocientos millones para infraestructura, desde luego, sin que vayan a la base presupuestal. Con respecto a los 11,15 billones de pesos requeridos por el sistema de universidades públicas para seguir funcionando en las precarias condiciones actuales, que pusieron de presente ante la opinión pública los vicerrectores del SUE a finales de 2012, la Ministra considera que los recursos de algunas estampillas y del CREE ($1,5 billones repartidos en todas las instituciones de educación superior) constituyen un “compromiso superior” y “soluciones concretas”, orientadas a acallar a quienes supuestamente hacemos “política”, en sentido peyorativo, por decir la verdad que ella desea ocultar.

El discurso gerencial manejado desde la cartera de educación, que supone la ignorancia de los destinatarios, es humillante para un académico que merezca tal denominación. La mayoría de nuestras instituciones públicas se han visto obligadas a ofrecer educación a distancia o descentralizada de mala calidad, a transformar sus profesores o investigadores en consultores o a funcionar con plantas docentes precarias por el chantaje financiero de los gobiernos nacionales que niega de raíz cualquier tipo de autonomía universitaria.

Sin embargo, por tratarse de nuestros colegas, es más indignante aún que se celebre como un hecho histórico la aprobación de una estampilla para la Universidad Nacional de Colombia, y para el sistema financiero, después de un intenso cabildeo propio del clientelismo heredado del Frente Nacional, que sin duda puede aliviar la crisis de infraestructura que la dirección de la universidad ha negado sistemáticamente, pero que es un simple paliativo para la crisis estructural de las finanzas públicas de nuestras instituciones. Ojalá el aleteo de las aves rapaces y el ruido de sedas y plumas de los áulicos que tiene toda administración pública, incluida, desde luego, la universitaria, no impida que se definan con claridad las prioridades en términos de infraestructura.

Sería inaudito que con los nuevos recursos sigamos invirtiendo proporcionalmente a la riqueza de las Facultades, a su cercanía con la dirección universitaria o en virtud de proyectos sin estudios serios de factibilidad, como ha sucedido con la Clínica Santa Rosa, la cual, luego de más siete años, no resuelve la inaplazable necesidad de un hospital para la facultades del área de la salud. Personalmente tengo la esperanza de que no se continúen relegando las inversiones urgentes, como las de las Facultades de Artes y Derecho, a los últimos lugares, detrás de construcciones suntuosas para alimentar el prestigio personal de sus proponentes, las cuales no resuelven las necesidades más sentidas de los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos.

Por las razones expuestas con anterioridad he tomado la decisión de no asistir a la ceremonia de entrega de las distinciones académicas y de donar el dinero, al que tengo derecho por haber recibido la medalla, para el fondo solidario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales que ustedes tengan a bien indicarme. Constituye este un gesto simbólico frente a la indolencia que el Ministerio de Educación y la Dirección de la Universidad Nacional y de la Sede de Bogotá han mostrado respecto a nuestra facultad. De nosotros depende que el deterioro de la Universidad Nacional de Colombia y de las instituciones públicas de educación superior no siga al ritmo del incremento de una retórica institucional destinada a negar lo evidente.

Atentamente,

Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor Asociado
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia.

CC: Consejo de Sede, Consejo Académico y Consejo Superior.