8 de abril de 2015

Apostamos por una paz diferente a la pacificación

Apostamos por una paz diferente a la pacificación



El proceso de paz adelantado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC necesita el respaldo social y político en nuestro país de los amplios sectores sociales; ello sin duda es la primera intención para movilizarnos, fortalecer la idea de afrontar la terminación de un conflicto político y armado a través de una negociación política es hacer énfasis en la naturaleza política del mismo. Un conflicto nacido de los problemas sociales y políticos de nuestro país, no puede encontrar otra salida diferente a la confrontación política, y el escenario propicio para esta confrontación hoy es un proceso de paz.

Sin duda podemos tener inconformidades con la manera en que se han venido desarrollando los diálogos en Cuba, pero la apuesta política por otro tipo de sociedad hoy demanda exigir la finalización de la guerra para encontrar un camino transitable hacia la paz. Por eso debe ser enfático el llamado al establecimiento público de una mesa de conversaciones entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, y el inicio de conversaciones con otros sectores de la insurgencia que se han mantenido en la idea de recurrir a la acción armada como vía política de confrontación.

La posibilidad de afrontar estas discusiones con altura y seriedad hacia el conjunto de la sociedad colombiana requiere el cese al fuego como medio para disminuir progresivamente el derramamiento de sangre no sólo de los contendientes, sino de la población civil, involucrada en las confrontaciones militares.

Los procesos de paz deben llenarse de las millones de voces que a diario se expresan desde los barrios y veredas colombianas, las comunidades, sectores y procesos sociales deben estar presentes en la terminación de la confrontación armada, no por ser parte activa de la contienda militar, sino por ser los actores sociales que viven día a día las problemáticas nacionales que han dado vida a la violencia. Nosotro/as, las millones de colombiano/as que vivimos los rigores de la desigualdad nacional, somos los que debemos hablar en voz alta frente a las trasformaciones que requiere el país para transitar hacia la terminación de las hostilidades armadas. 


Apuestas de paz


La paz se ha constituido en un crisol acomodado a cada sector político, de allí la imperiosa tarea de disentir frente a los “proyectos de paz” que la ven como una oportunidad política y económica para ganar gobernabilidad y posibilidades de explotación de los recursos naturales en las zonas de presencia guerrillera. Nuestra visión de paz debe ser clara, rompe con esa concepción mercantil donde un acuerdo con la insurgencia desemboca en mayores tasas de ganancia económica para los mismos sectores privilegiados de siempre. El proyecto de paz que impulsamos representa la opción por construir un país con democracia, justicia social y garante de su propia soberanía, lo que necesariamente implica el concurso de toda la sociedad colombiana, no exclusivamente de “plenipotenciarios” y negociadores en una mesa.

Contrario a lo pregonado por el establecimiento y los medios de comunicación, arrodillados a los grandes grupos económicos, las conversaciones de paz adelantadas entre el Estado y la insurgencia deben tocar temas profundos y estructurales de la problemática nacional, de lo contrario el conflicto pervivirá. Temas como la tierra, los hidrocarburos, los recursos naturales deben ser tomados en consideración, el modelo económico se debe negociar. La apuesta militar del Estado, centrada en la persecución del supuesto “enemigo interno”, orientada por una doctrina militar guerrerista y para nada patriótica debe ser revisada y ajustada hacia una sociedad que transite por otras formas de tramitar los reclamos y la protesta social, es impensable la idea de buscar una salida negociada y estar “perfeccionando” cuerpos militares como el ESMAD para arremeter contra lo que se creería seria la expresión idónea de la participación social en un escenario de “paz”, es decir, la movilización social. La doctrina militar de Seguridad Nacional, aun imperante en las Fuerzas Militares permite la persecución y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya con el concurso o con la permisión de los cuerpos de seguridad del Estado, esta debe trasnformarse.

Si el estado ha decidido negociar con la insurgencia colombiana ha reconocido su naturaleza política como actores sociales deliberantes en la realidad nacional, resulta por lo menos hipócrita la idea de ver entonces a los prisioneros de los grupos guerrilleros como delincuentes comunes, la naturaleza de su delito debe ser asociada a la confrontación política, son prisioneros políticos y así deben ser tratados. 

Sin embargo, la posibilidad de que temas cruciales como estos sean abordados pasa por la apuesta por presionar un escenario social donde el conjunto de la sociedad colombiana debata y llegue a acuerdos para la terminación de las confrontaciones armadas en el país, un tercer escenario de discusión con el gobierno debe ser reclamado desde los movimientos y sectores sociales. 

El país requiere transformaciones sociales, económicas y militares, no podemos afrontar las conversaciones de paz con la falsa idea de cambiar todo para no cambiar nada.

Debemos exigirle al gobierno colombiano que no avance en su política nacional en contravía de las necesidades de transformación que demanda la realidad colombiana, su hoja de ruta, sintetizada en el Plan Nacional de Desarrollo profundiza las condiciones de inequidad y concentración de la riqueza en nuestro país, elementos catalizadores del conflicto histórico que hoy tratamos de resolver.


La paz será la cosecha de un pueblo que lucha por la vida.