18 de noviembre de 2014

Los diálogos deben afrontarse superando la idea moral de identificar buenos y malos




Los diálogos deben afrontarse superando la idea moral de identificar buenos y malos


La real posibilidad de afrontar una salida negociada a la confrontación de más de cinco décadas no pasa únicamente por la disposición de las partes enfrentadas a ponerle fin a la guerra, requiere de la madurez humana y si se quiere política de todos los colombianos de afrontar nuestros problemas sin limitarnos a juzgar todos los hechos, actores y propuestas desde la óptica moral del bueno y el malo. 

El conflicto colombiano quizá representa una de las confrontaciones armadas con mayor extensión en el tiempo del mundo occidental, hoy Colombia sigue contando con varias estructuras armadas que indiscutiblemente de los matices ponen en entredicho una de las máximas de la ciencia política weberiana, el monopolio de la violencia por parte del Estado. Estas estructuras por supuesto no sólo son aquellas que han decidido confrontar al Estado bajo la modalidad insurgente, allí también subsisten estructuras paramilitares (hoy maquilladas bajo el término de bacrims) que de alguna forma impiden el ejercicio normal del estado en ciertos territorios.

La naturaleza de nuestra guerra ha implicado la imposibilidad militar de la victoria por parte de las guerrillas, pero sin duda estas tampoco han podido ser derrotadas por las Fuerzas Armadas colombianas, ni siquiera con el no despreciable apoyo paramilitar. Aun cuando los proyectos guerrilleros parezcan estar más cercanos a la resistencia armada que a la ofensiva militar, lo cierto es que son una realidad y para pretender su desaparición o por lo menos su transformación hacia proyectos políticos sin armas debe necesariamente pasarse por unos diálogos y acuerdos de paz.

Dese Belisario Betancur (82-86) esta idea ha rondado a los jefes de gobierno sin excepción hasta hoy, ni siquiera aquellos de orden más guerrerista como Uribe pueden aseverar no haber buscado negociar con el ELN y las FARC. Los diálogos con Betancur a pesar de no convocar al conjunto de la insurgencia dado que proyectos como el ELN el MIR-Patria Libre y el PRT no se sumaron a las conversaciones, son quizá uno de los procesos con mayor alcance, las FARC, el EPL, el M-19 y otras agrupaciones firmaron acuerdos de cese el fuego y trataron de desarrollar procesos políticos sin armas que sin embargo, fueron acribillados por el naciente paramilitarismo que a todas luces opero en conjunción con los altos mandos militares como demuestra la experiencia histórica de la Unión Patriótica y el Frente Popular. Sin dudas el final de estas negociaciones no sólo obedeció a las oposiciones encontradas en la jerarquía militar y en las elites regionales, también lo hizo la pervivencia al interior de las insurgencias de proyectos estratégicos donde la guerra constituía un camino factible para sus objetivos políticos.

La desmovilización del M-19, una fracción del EPL, el Quintín Lame y el PRT como resultado de negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco (86-90) y del propio Cesar Gaviria (90-94) no significaron el desarme del ELN y las FARC, quienes incluso intentaron de manera conjunta una negociación con Gaviria bajo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que se vio truncada por múltiples factores, entre ellos el secuestro del ministro Argelino Durán por parte del EPL, pero también por sucesos como el bombardeo a Casa Verde que significo que el diálogo arrancara truncado.

Sin dudas la negociación más paradigmática con la guerrilla de las FARC ha sido la enmarcada en el proceso del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (98-2002), que incluso corría paralela a las conversaciones con el ELN cuyo proceso fue impedido por las presiones paramilitares en lo que se pensó como la Zona de Encuentro en Santa Rosa, Sur de Bolívar, impidiendo su instalación. 

Muchas han sido las razones aducidas al fracaso de estas conversaciones, (secuestros, acciones militares, etc.) sin embargo, como el llamado ha sido a abandonar el juicio moral de detectar a buenos y malos, preferimos optar por la idea de ver allí dos proyectos que se sentaban a conversar con la idea de hacer un alto en la ofensiva militar sin abandonar la idea de derrotar a su adversario. Pastrana jamás ha merecido el título del presidente más tonto del país, pues si concedió despejar una gran zona a la insurgencia no desestimo esfuerzos en la firma del Plan Colombia y la profesionalización de las Fuerzas Armadas por entonces muy golpeadas, incluso en su moral de combate, ingeniería sin la que el Plan Patriota y el Plan Consolidación del gobierno de Uribe habrían sido solo una fantasía. Pero las FARC también acudieron con la intención de reforzar su Plan Estratégico y de re oxigenar su prestigio y legitimidad como proyecto político lo que sin duda dejaba poco espacio a una seria intención de paz.

Las conversaciones adelantadas con el gobierno Santos parecen ofrecer intenciones serias de paz, por parte de los tres actores. Sin duda la concepción de paz varia conforme a cada uno, así la apuesta de paz del gobierno no es la misma del ELN ni tampoco de las FARC, pero parecen compartir no sólo el reconocimiento del adversario sino también la franqueza en la necesidad de pactar con éste su propia transformación como proyectos políticos, incluso el propio gobierno que quiere mostrarse como una opción de tercera vía, la apuesta estratégica de los tres negociantes es la paz, con sus innegables matices. 

El momento crucial por el que pasan estas conversaciones una vez más llama a la madurez humana y política, si las conversaciones han decidido desarrollarse en medio de la confrontación armada, la guerra pondrá también sus condiciones, no resulta para nada sensato aplaudir la arremetida militar del Estado y sus positivos militares y, condenar ferozmente una acción lógica de toda confrontación armada, la retención de un mando enemigo. Incluso parece más insensato vanagloriarse de la muerte de un mando enemigo que su retención y respeto por su vida, esto nos pondría en una escala de valores donde “dar de baja” resulta más ético que cualquier otro tipo de trato hacia el adversario, así, la muerte de Alfonso Cano parece una muerte buena, mientras la retención de un General de la República, el General Alzate comandante dela Fuerza de tarea Conjunta Titán parece un acto de barbarie, dos hechos lógicos e indeseables de la confrontación armada juzgados desde la moral parecen entonces productos de eventos y escenarios totalmente diferentes.

El llamado constante por parte de las dos insurgencias colombianas a pactar un cese bilateral al fuego podría ser no sólo un ambiente propicio para las conversaciones, sino un factor decisivo en la reducción de estos hechos que se suman a la retención de los soldados en Arauca y la muerte de los indígenas en el Cauca.
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20 de octubre de 2014

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

El pasado sábado se aprobó en el Senado el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el presidente Juan Manuel Santos desde julio de este año.

El PGN, es la forma de materialización del Plan Nacional de Desarrollo de un país, para el caso de Colombia, es la forma como se llevan a la realidad los lineamientos de política para los países “en vía de desarrollo”; que para organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y para la casual conveniencia de los capitales internacionales (donde tienen inversiones los grupos empresariales de las familias que gobiernan Colombia), implican la primarización de la economía, centralizar la regulación estatal, abandonar las empresas estatales, adecuar la educación a las necesidades del sector productivo, eliminar aranceles a los bienes de capital, disminuir los costes laborales con recortes a las cotizaciones de seguridad social; todo esto con el fin de elevar la inversión de capital transnacional aumentando la confianza (quien no confía en un país con los pantalones abajo), resultando por consiguiente un abandono de los sectores reales de la economía nacional a la voluntad de los inversionistas extranjeros, que conlleva a que Colombia se torne en un paraíso para la inversión de capital golondrina extranjero (esos que invierten, explotan, recogen y se van), dado su rol de economía primaria; así pues, la economía colombiana se centra en inversión extranjera en todos sus niveles, explotación minera (cada vez más representativa en el Producto Interno Bruto), la maquila industrial y de servicios (para lo cual se necesita mano de obra barata (véase acuerdo por lo superior 2034)).

Así empecemos a analizar el PGN, a la luz del modelo de país y del (aún en construcción, pero bajo los mismos lineamientos) Plan Nacional de Desarrollo PND 2015.

Primero, la composición de su renta:


De los 216.2 billones de pesos:
  • 191 corresponden a recaudos de la nación, por tributación, rentas de sus capitales y fondos y TES (bonos públicos cuya emisión falsamente no afecta el cupo de endeudamiento). De acuerdo a la contraloría, el estado es muy optimista y un poco descuidado de los factores de riesgo de una economía dependiente como la colombiana, al considerar un incremento del PIB de 4.8%, cuando organismos como el Banco Mundial pronostican 4.5% y menos, además de no considerar la vulnerabilidad de nuestra economía y del riesgo país a la TRM (tasa representativa del mercado) y al cada vez más volátil precio del barril de crudo, eso sin considerar la cada vez más retrasada meta de los 1000 barriles diarios.
  • 12.6 Billones de ingresos de los establecimientos públicos, fuertemente representados en el ICBF y SENA (por parafiscales) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (más minería, exploración y producción) y el fondo de TICs. 
  • Los 12.5 billones faltantes serán apalancados con una ley de financiamiento (aún en discusión) que mantendría el ya por mucho tiempo prorrogado y supremamente cínico impuesto del 4x1000, además de un impuesto al patrimonio (que grandes empresarios han puesto en discusión intentando volverlo de renta). 
La improvisación con cuentas sin sustento que alcanzan los 10.7 billones y el carácter incrementalista de la presupuestación preocupan a la contraloría por un posible déficit presupuestal, que implicaría un recorte de gastos en la ya mal enfocada inversión social, o a aparición de préstamos para funcionamiento de organismos estatales a bancos internacionales como el BID(Banco Interamericano de Desarrollo).

Pasemos ahora a la distribución del presupuesto:


Hay dos formas en las que suele ser mostrado al público, por tipo y por sector:

Por tipo, hace referencia al uso de ese dinero, se divide en funcionamiento, inversión y deuda, suele ser vacio y plano para analizar, pues nos dice de forma concreta a qué entidades es atribuido qué capital, sirviendo principalmente para mostrar cifras (una de las actividades favoritas del gobierno colombiano): Esa distribución del presupuesto nacional es:
  •  Funcionamiento, 119.4 Billones.
  • Deuda pública, 47.3 billones, de los cuales 28 billones van a capital y 19 son intereses.
  • Inversión, 49.4 billones.

Por sector, la distribución, aunque sigue siendo muy vacía, permite identificar los ejes prioritarios del gobierno, siempre y cuando se haga un análisis de la destinación de esos recursos para cada sector, transversalmente con las políticas públicas y los lineamientos internacionales a los que el gobierno Colombiano responde; en esta medida, la distribución del presupuesto nacional es:


  • Educación: 28.58 billones, de los cuales 26.5 son para funcionamiento y sólo 2 billones para inversión, de los cuales por transferencias (lo que después de muchos niveles de corrupción finalmente llega a las instituciones públicas) hay sólo 1.4 billones (632 mil millones para educación superior) cuando universidades como la UNAL necesitan cerca de 1 billón de pesos para solventar su crisis de infraestructura y 800 mil millones para preescolar, básica y media; la deuda de cerca de 12.5 billones con las universidades públicas brilla por su ausencia. La situación empeora si se considera que todo ese capital será administrado por la señorita Parodi, y se pone tétrica si se leen los lineamientos de política pública de educación, ese falsamente llamado ‘Acuerdo por lo Superior 2034’, en donde se propende por la educación técnica y tecnológica, viéndola como una de menor costo, resultante en mano de obra barata y muy adecuada para maquillar cifras de empleo e inversión. El estado finalmente mantiene su tendencia a subsidiar la oferta con mecanismos como el ICETEX.
  • · Defensa y seguridad: Con 27.4 billones, dadas las lógicas gubernamentales de no reducción del pie de fuerza, incluso en un escenario de postconflicto se ha planteado aumentar la fuerza urbana. El presupuesto de inversión es de 1.4 billones repartido entre las fuerzas, pero principalmente para la adquisición de infraestructura y de dotación, esto en términos de la profesionalización de las fuerzas militares, elemento necesario para la exportación militar dado el reciente acuerdo de cooperación con la OTAN.
  • Trabajo: Con 26.5 billones, de los cuales 4.7 son para inversión y el restante está estipulado únicamente como funcionamiento del ministerio de trabajo, 1.5 son para subsidios y programas de adulto mayor, aún sin aclarar, y 3.1 billones corresponden a inversión en el SENA, destinada a aumentar cobertura a como de lugar con proporciones lamentablemente bajas para la infraestructura y la investigación en técnica y tecnología.
  • Hacienda: Con 24.2 billones, de los cuales 19.7 son para funcionamiento, y la inversión está en gran medida dada para el ministerio de hacienda en transferencias (A sus entidades adscritas como DIAN, Fogafin, entre otras)
  • Salud y protección social: Con 12.7 billones, de los cuales sólo 4.15 son inversión y sólo 3.7 billones son transferencias a las instituciones públicas prestadoras de salud y dependencias del ministerio, por concepto de aseguramiento en salud (Sisben y otros).
  • Inclusión social y reconciliación: Con cerca de 10 billones y con la inversión más alta de 8.7 billones de los cuales 4.5 son destinados al bienestar familiar, es decir, a programas asistencialistas como de cero a siempre, que desafortunadamente no transforman las condiciones ni las oportunidades de la población infantil vulnerable. El resto es igualmente asistencialista en la agencia para la prosperidad y sus programas de familias y jóvenes en acción y la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, entre otros. 
  • Otros sectores generales con una participación considerable son: Justicia, con casi 9 billones, e importantes inversiones para el régimen transicional del postconflicto; Transporte con 7.17 billones de los cuales 6.2 corresponden a inversión, pero sólo 8mil millones a vías terciarias, lo demás probablemente se destine a proyectos como el Plan Maestro para el Rio Magdalena que pretende privatizarlo. Después se encuentran sectores fundamentales por la composición social colombiana como el de agricultura, con una participación de apenas el 2%, vivienda, minas y energías con una elevada inversión de cerca de 3 billones, entre los más representativos de los 28 sectores de este PGN.
Esas son las trampas que a grandes luces se vislumbran en el PGN, falta ver que otro mico colaron a la fiesta.

La gran conclusión del PGN es que la gente pague y sigan pagando estas políticas que no le benefician ni transforman las realidades del país desigual, mientras las empresas transnacionales tienen exenciones de cerca de 10 billones en impuestos, resulta evidente entonces que los pilares de educación, paz y equidad, son una mentira, pues educación no es simplemente aumentar el rubro y financiar la oferta, paz no es asistencialismo y sin estas la equidad no será una realidad, es por ahora un sueño por el que hay que seguir luchando.
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10 de septiembre de 2014

UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA Y RESISTENCIA VIENE PARA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COLOMBIANO



Desde el paro del 2011 donde es tumbado el proyecto de reforma a la educación superior Ley 30, los estudiantes venimos construyendo propuesta de ley alternativa en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, que tiene al día de hoy un borrador de articulado, con base en las discusiones desarrolladas en escenarios locales, regionales, comisiones académicas, seminarios multiestamentarios, encuentros sociales y populares durante el año 2012. 

Pero si los estudiantes corren, el gobierno vuela. Y a la par de la construcción programática y política que llevaba el movimiento estudiantil, el gobierno de Juan Manuel Santos consolidaba su propuesta privatizadora por medio de foros “participativos” a nivel nacional con la supuesta pretensión de conocer las opiniones de la comunidad educativa y de la sociedad en general sobre educación. 

Como resultado de lo anterior, la presidencia por medio del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- organismo colegiado asesor del gobierno en materia de educación superior colombiana, que está conformado básicamente por representantes de las comunidades académicas y científicas, del sector productivo del país y por dos representantes de la comunidad universitaria; presenta el Acuerdo por lo Superior 2034, propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz.

La propuesta de política pública comprende 10 temas: accesibilidad, calidad, ciencia y tecnología, regionalización, formación para el trabajo y el desarrollo humano, bienestar universitario, innovación, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema, sostenibilidad financiera. Temas para los que se plantean 136 lineamientos, que serán la hoja de ruta en la implementación de la política pública durante los próximos 20 años.

Diferentes voces de protesta se han levando sobre el Acuerdo por lo Superior. Desde ex rectores como Moisés Wasserman dicen que “ese documento no es un acuerdo y tampoco es una propuesta de política pública”, hasta Universidades públicas como la de Nariño cuyo CSU ya se pronunció contra el Acuerdo. 

Y no es menos el malestar que ha generado la propuesta del gobierno, ya que hacen un diagnóstico mentiroso y desactualizado sobre la educación superior, además con la desfachatez de asegurar que es un Acuerdo “construido con el aporte de todos los sectores sociales y académicos del país”, profundizando la autofinanciación de la Universidades públicas, convirtiendo estas cada vez más antidemocráticas y profundizando la privatización de nuestro derecho a estudiar.

A pesar del panorama, los estudiantes no nos quedamos quietos, y con la alegría, entusiasmo y propuesta que nos ha caracterizado en los últimos años, planteamos una audiencia de control político sobre la educación superior para el día 26 de Septiembre, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

El gobierno en dicha audiencia tendrá que responder las grandes falencias que tiene el Acuerdo por lo Superior, las pretensiones de privatización y por fin tendrá que escuchar a los estudiantes y profesores en sus críticas y aportes para hacer de este derecho uno de todos y para todos. Así los estudiantes, tenemos la intención de reabrir de nuevo el debate público sobre la educación en Colombia y levantar la lucha por una educación como derecho fundamental, gratuita y de calidad.



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29 de abril de 2014

¿Y cómo están las calles?




Para los que se están preguntando porqué hay movimiento casi normal en las carreteras, porqué los campesinos y manifestantes no están reunidos y atrincherados sobre las vías; la repuesta es simple: Las vías están temporalmente secuestradas.


El día de hoy, 29 de Abril, intentamos llegar al punto de "concentración" más cercano a la ciudad de Tunja; Puente de Boyacá con el fin de cubrir la movilización campesina y hacer algunas entrevistas como El Rebelde–Medios alternativos. Fuimos parcialmente retenidos por miembros de la Sijin a los que posteriormente se les sumaron la Dijin,  policía contraguerrilla, policía de infancia y adolescencia, miembros del ejército nacional y de la defensoría del pueblo.
Con actitud amenazante nos advirtieron que no podíamos transitar libremente por la vía que conduce de Tunja a Bogotá en el sitio conocido como el alto del moral. Retuvieron nuestros documentos de identidad, nos requisaron y esculcaron nuestras pertenencias y además pretendían conducirnos a la "Remonta" con el pretexto de revisar nuestros antecedentes disciplinarios. Cabe aclarar que los miembros de la defensoría del pueblo nos incitaban a hacer caso de las exigencias que nos hacían los miembros de la Sijin.
A pesar de esto, logramos hablar con algunos labriegos del sitio, ellos expresaban que la fuerza pública tiene total control de la carretera con constante vigilancia, sin embargo, están convencidos, animados y firmes en su lucha, que también es nuestra, que es de todos. Nos expresaron su preocupación por que la policía nacional adelanta en la zona algo similar a un censo con el fin de saber cuántas personas la habitan y a que actividad se dedican. 
Estos hechos violentan el derecho a la libre movilidad, atentan contra la organización y movilización popular y al respaldo que nosotros como estudiantes y medio comunicativo estamos dando a esta.
A pesar de los hechos seguimos en pie de lucha; la voz del pueblo, de los indignados y  de los rebeldes jamás será acallada.
¡Que viva el paro agrario, étnico y popular!

EL REBELDE – MEDIOS ALTERNATIVOS. 
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10 de diciembre de 2013

Trabajadores y líderes sindicales de la USO fueron privados injustamente de la libertad

Este 6 de diciembre el Juez 46 de control de garantías le impuso privación de la libertad a los trabajadores y líderes sindicales del departamento del Meta, Héctor Sánchez, Campo Elías Ortiz y  Delio Naranjo, medida que tiene como trasfondo las protestas legítimas emprendidas y lideradas por estos tres trabajadores, en Campo Rubiales, Puerto Gaitán, en el 2011.

Esta decisión se toma con serias inconsistencias de fondo. Entre ellas, que la Fiscalía dijo que los tres trabajadores comandaban un grupo de 300 encapuchados, los cuales, según esta versión, se habrían tomado el campo petrolero; el fiscal había dicho que este campo “tiene el tamaño de 20.000 plazas de Bolívar”. Además, la Fiscalía asevera que los trabajadores habrían hecho un anillo de seguridad para secuestrar a 150 personas en presencia del Esmad.
Entre las contradicciones notorias del Juez, resaltando la versión de la Fiscalía, está aquella que gira en torno a la existencia de secuestro, a la par que dice que los carros y personas entraban y salían de la zona.
Para la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, es bastante grave que la Fiscalía centre su atención en decisiones conducentes a alterar la verdad jurídica, tales como el secuestro agravado,  el concierto para delinquir, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción a vías públicas. Para el Comité estas acciones se constituyen en un auténtico “descalabro jurídico”.
Es necesario agregar que el juez no actuó con ponderación y que no impidió la privación de la libertad de los tres trabajadores, -quienes fueron llevados a la Cárcel La Picota- aun reconociendo las contradicciones y asegurando que él no los estaba condenando y “que más adelante puede pedir la revocatoria de la medida”.
La FCSPP se solidariza con estos tres trabajadores y expresa su profunda preocupación por la persecución de la que son objeto los sindicalistas de la USO, en razón de sus justas reivindicaciones y por denunciar las arbitrariedades y graves afrentas por parte de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta.

Continúa oleada de detenciones de líderes sindicales en Colombia
La UNION SINDICAL OBRERA –USO- denuncia la detención, el día de hoy, de los compañeros CAMPO ELIAS ORTIZ, HÈCTOR SANCHEZ y JOSE DILIO NARANJO, trabajadores y lideres sindicales del Departamento del Meta, fueron privados de su libertad por las protestas obreras de 2011 y 2012 en el municipio de Puerto Gaitán y quienes laboraron en empresas contratisas de la multinacional PACIFIC RUBIALES.
La detención fue ordenada por la fiscalia 239 seccional Seccional de la Unidad de Libertad Individual, bajo las gravess acusaciones de secuestro agravado, obstrucción de vías, amenazas y violación al derecho al trabajo; seguramente aplicando el tenebroso “Estatuto de seguridad Ciudadana” que abre paso a una nueva etapa de judicialización del derecho de asociación y la protesta social. 

Estas detenciones se vienen a sumar a la detención del compañero DARIO CARDENAS, Vice- presidente de la USO Seccional Meta,semanas atrás; y a las centenares de detenciones de los campesinos de todo el país que se movilizaron clamando por sus derechos. La judicialización se ha extendido a defensores de derechos humanos como el compañero DAVID RAVELO y dirigentes como HUBER BALLESTEROS miembro ejecutivo del la CUT y de Fensuagro. 

Se ha anunciado el riesgo de nuevas detenciones a dirigentes de la USO, con lo cual se evidencia una vez más que el Estado y particularmente la Fiscalía General de la Nación están al servicio de las Empresas Transnacionales en desarrollo de la llamada “confianza inversionista”, lo que significa pisotear los derechos de los trabajadores, el derecho de asociación y las libertades sindicales para garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales y las vulneraciones aberrantes al medio ambiente. 

La gran paradoja, que debe conocer el país y la comunidad internacional, es que mientras el sistema judicial debía estar investigando a la PACIF RUBIALES y las empresas contratistas que la rodean por las graves violaciones de los derechos de los trabajadores, hacen todo lo contrario, en una actitud vergonzosa de sometimiento al capital transnacional, en contravía del interés nacional. 

Mientras el gobierno autoritario de Santos y el Fiscal Montealegre presumen de estar favoreciendo la paz con la insurgencia, al mismo tiempo desatan la más feroz persecución contra el movimiento sindical y establecen un ambiente de terror generalizado en el mundo laboral. 

Exigimos no solamente la libertad inmediata de los compañeros detenidos, sino el cese de la persecución del Estado contra los trabajadores petroleros y contra el movimiento social en el país, el reconocimiento a las libertades sindicales y los derechos de los trabajadores, la soberanía de la justicia colombiana frente a los intereses transnacionales y la derogatoria del “Estatuto de seguridad Ciudadana” y demás normas arbitrarias que judicializan la movilización social y pisotean los derechos de los trabajadores, configurando una dictadura civil en el país. 

Bogotá, diciembre 4 de 2013. 

UNION SINDICAL OBRERA -USO- 

COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS Y PAZ -USO-
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