Desde el paro del 2011 donde es tumbado el proyecto de reforma a la educación superior Ley 30, los estudiantes venimos construyendo propuesta de ley alternativa en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, que tiene al día de hoy un borrador de articulado, con base en las discusiones desarrolladas en escenarios locales, regionales, comisiones académicas, seminarios multiestamentarios, encuentros sociales y populares durante el año 2012.
Pero si los estudiantes corren, el gobierno vuela. Y a la par de la construcción programática y política que llevaba el movimiento estudiantil, el gobierno de Juan Manuel Santos consolidaba su propuesta privatizadora por medio de foros “participativos” a nivel nacional con la supuesta pretensión de conocer las opiniones de la comunidad educativa y de la sociedad en general sobre educación.
Como resultado de lo anterior, la presidencia por medio del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- organismo colegiado asesor del gobierno en materia de educación superior colombiana, que está conformado básicamente por representantes de las comunidades académicas y científicas, del sector productivo del país y por dos representantes de la comunidad universitaria; presenta el Acuerdo por lo Superior 2034, propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz.
La propuesta de política pública comprende 10 temas: accesibilidad, calidad, ciencia y tecnología, regionalización, formación para el trabajo y el desarrollo humano, bienestar universitario, innovación, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema, sostenibilidad financiera. Temas para los que se plantean 136 lineamientos, que serán la hoja de ruta en la implementación de la política pública durante los próximos 20 años.
Diferentes voces de protesta se han levando sobre el Acuerdo por lo Superior. Desde ex rectores como Moisés Wasserman dicen que “ese documento no es un acuerdo y tampoco es una propuesta de política pública”, hasta Universidades públicas como la de Nariño cuyo CSU ya se pronunció contra el Acuerdo.
Y no es menos el malestar que ha generado la propuesta del gobierno, ya que hacen un diagnóstico mentiroso y desactualizado sobre la educación superior, además con la desfachatez de asegurar que es un Acuerdo “construido con el aporte de todos los sectores sociales y académicos del país”, profundizando la autofinanciación de la Universidades públicas, convirtiendo estas cada vez más antidemocráticas y profundizando la privatización de nuestro derecho a estudiar.
A pesar del panorama, los estudiantes no nos quedamos quietos, y con la alegría, entusiasmo y propuesta que nos ha caracterizado en los últimos años, planteamos una audiencia de control político sobre la educación superior para el día 26 de Septiembre, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
El gobierno en dicha audiencia tendrá que responder las grandes falencias que tiene el Acuerdo por lo Superior, las pretensiones de privatización y por fin tendrá que escuchar a los estudiantes y profesores en sus críticas y aportes para hacer de este derecho uno de todos y para todos. Así los estudiantes, tenemos la intención de reabrir de nuevo el debate público sobre la educación en Colombia y levantar la lucha por una educación como derecho fundamental, gratuita y de calidad.
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