Es la expectativa de
todos los colombianos un país más prospero, con mejores condiciones en salud,
trabajo, vivienda, un país sin consecuencias por las bombas, los tiros, el
desplazamiento, donde la participación democrática sea posible para las
mayorías a las que se les desconocen sus derechos y no se prioricen los
intereses extranjeros sobre los nacionales.
¡Esto no es posible en
el gobierno de Juan Manuel Santos!,
quien iniciando su gobierno pone en la vicepresidencia a un ex dirigente
sindical y pronuncia su gran interés por hacer respetar los derechos humanos,
negando su pasado reciente como el ministro de los falsos positivos; que concretando un escenario de negociación
con las FARC y participando en la gran movilización del 9 de abril convocada
por los sectores sociales que vienen trabajando el tema de paz, se hace ganar el corazón de muchos Colombianos,
dirigido por el interés de ganar las elecciones de 2014; pero las recientes
luchas del pueblo colombiano vuelven a mostrar la cara no tan amable de esté tecnócrata
que gobierna por los intereses extranjeros.
Recién empieza el paro
en el Catatumbo, el gobierno en vez de escuchar los argumentos de los
campesinos - que promueven la declaración de una zona de reserva campesina en
esa región, la suspensión del accionar
agresivo que intenta erradicar la
de hoja de Coca de tajo sin brindar condiciones para el sostenimiento de los
campesinos que la trabajan, y darle fin
de los grandes proyectos de minería y agro industria que benefician a empresas extranjeras-
desarrolla una serie señalamientos
frente a la infiltración de las FARC como causa del paro, basándose en
supuestos argumentos que nunca se han mostrado; plantea el retiro de la oficina de derechos
humanos de la ONU en Colombia, un día después de que el vocero de está afirma
que en esta movilización no hay infiltraciones, el presidente Santos justifica
su declaración en que “ el ejército de Colombia respeta los derechos humanos y
está muy calificado para resolver por sí mismo los inconvenientes nacionales ”,
cuando no se han esclarecido aún los culpables por todos los casos de falsos
positivos y en un mes de paro se han asesinado 4 campesinos y se han herido mas
de 30.
Hace una semana otro sector –el minero- se suma a paro
y antes de empezar, el gobierno señalaba que si el paro iba a las calles los
mineros la iban a pasar mal -cuando esté paro solo exije que se legalice el
empleo por parte de las multinacionales mineras, que se legalicen títulos mineros
en terrenos donde están presentes mineros artesanales, que se devuelvan
terrenos que han sido usurpados por las multinacionales, que se esclarezca la
diferencia entre la minería informal y la ilegal, y que se elimine un decreto
que ordena la destrucción a la fuerza de cualquier maquinaria pesada utilizada
en actividades de exploración o explotación que no tenga autorización- defendiéndose
el gobierno ante su negligencia con discursos pro ambientalistas y en contra
del lavado de dinero, cuando está claro que los grandes dueños de este negocio
son los que recaen en estás dinámicas. En el primer día de movilización ya
habían asesinado dos mineros y herido unos cuantos mas, demostrando que Juan
Manuel Santos no hablaba por hablar.
El sector salud a la cabeza de la Alianza nacional por
un nuevo modelo de salud desarrolló el 19 de julio una gran movilización
nacional y anuncia un paro para el 19 agosto como ejercicio de protesta contra
la reforma a la salud del gobierno de Santos que ronda en el congreso, la cual
no atiende los reales problemas del sistema. Esté sector espera que los puntos
que ya “han sido aprobados” se puedan revocar porque ponen el carácter de la
salud como derecho fundamental, condicionado a la sostenibilidad fiscal; como señala
Durango, frente a lo que plantean los sindicalistas
presentes en estas acciones “esta norma modifica la denominación de los empleos
a “servidor de la salud”, generando inestabilidad en empleados y trabajadores
oficiales, los cuales desaparecen de la planta de personal; flexibiliza las
plantas de personal, es decir, solo se contratará personal de acuerdo al número
de pacientes por turno y servicio; los recargos dominicales no serán del 300%
sino del 100%; limita el derecho a la asociación sindical, al poner un tope a
los fueros sindicales y no menciona el cumplimiento por parte de de los
hospitales de las sentencias c-614/09 y c-701/12”
Los lecheros en Colombia, que dé ha poquitos se les
está obligando a desaparecer, ven como última opción sumarse a paro y quieren
recurrir primero a vías de conciliación enviando cartas al gobierno para que se
les atienda sus problemáticas, pero sectores del mismo ya anuncian entrar en
paro desde el 20 de agosto, consecuencia de viejos decretos que hacen ilegal la venta de
leche si no es por empresas con certificación de calidad y obligan a todos los campesinos a vender la leche a las grandes empresas que
hay en Colombia, profundizada con la firma
del TLC, ya que se están importando masivas cantidades de leche y lactosueros
que los campesinos están en la capacidad de producir y se está pagando a menor
precio la que se produce, consecuencia adicional del aumento de contrabando de
leche desde Ecuador y Venezuela, y fruto de la falta de inversión y negligencia
del estado, frente acciones con las que ya se ha comprometido el gobierno pero
que no se han efectuado como “la de modernización del Instituto Colombiano
Agropecuario y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
para que pueda contribuir en el mejoramiento del estatus sanitario del país y
puedan certificar la calidad composicional de la leche que entra al país” como
menciona el gremio.
Los sectores conformados por paperos, camioneros
cafeteros y cacaoteros señalan volver a paro de nuevo este año a partir del 19
de agosto, ante el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos para
el cese de las pasadas movilizaciones, donde hubo a causa del sadismo del ESMAD
muchos mutilados y heridos; específicamente el sector papero señala que los 40
mil millones de pesos que ofreció el gobierno no resuelven las contradicciones
de fondo.
El estudiantado nacional encabezado por la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, que se moviliza el 29 de Agosto, después de un año de
construcción de una propuesta
alternativa de educación superior como respuesta a la crisis existente –que involucra
aspectos de financiación, autonomía, bienestar, papel de la educación en la
sociedad- y anuncia el desarrollo de una
serie de jornadas de movilización todo esté semestre para acercar la propuesta
al pueblo y posicionarla como la nueva ley de educación que derogue la ley 30
que tanto daño le causo al sistema.
Todos estos ejemplos no son solo muestra de que algo
se está gestando en el país a partir de la organización y la movilización de
los de abajo, sino que es claro que se ha tenido y se tendrá que recurrir
constantemente a la movilización social (y en algunos casos a la violencia)
como únicos mecanismos ante un gobierno que es solo pantalla y publicidad
porque no resuelve las necesidades de los Colombianos, con un legislativo
amañado a los intereses mafiosos y paramilitares de los ricos de este país y
con unas fuerzas militares ideologizadas a favor de las multinacionales, en
contra del activismo y la militancia social y capaz de hacer lo que sea para
reprimir las iniciativas.
Y pone en cuestionamiento si es posible la paz con la
poca participación política en el país, con el constante señalamiento a
cualquiera que lucha por sus derechos como un ente antipatriótico, con un pie
de fuerza tan extenso que no respeta los derechos humanos, con el referente de
toda una historia de gobernantes fascistas, corruptos y pro imperialistas.
Si la paz será
posible en este país, no estará en las
decisiones de los representantes del gobierno ni de las insurgencias -aún si conciertan
el fin de la guerra-, estará en las manos de los nuevos ejemplos de
organización que involucren a todo el pueblo Colombiano no para los intereses
de unos pocos –sean de izquierda o de derecha- sino para responderle a los
intereses a las mayorías de esté país.
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