En el marco de la mesa de diálogos en la Habana, Cuba en donde discuten el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la pretensión de pasos hacia un verdadero proceso de Paz en Colombia, en el suelo colombiano todavía se continúan cometiendo una serie de acciones antidemocráticas y persecutoras por parte del Estado colombiano que denotan una carencia de voluntad de paz y de transformación de los mecanismos causantes del conflicto armado colombiano. El caso de nuestros compañeros Carlos Lugo, Omar Marín y Jorge Gaitán es muestra de que en Colombia hace falta mucho camino por recorrer para conquistar la paz, ya han cumplido 16 meses en condición de prisioneros siendo sindicados por delitos de rebelión y conexos a pesar de que al día de hoy ninguna acusación ha podido ser comprobada.
El encierro es una forma más a partir de la cual se le hostiga a los líderes sociales y populares que han sido parte de las luchas y reivindicaciones de los colombianos y que las han llevado a propuestas y programas políticos alternativos en el país. La cárcel en Colombia es una tortura para todos los reclusos por las condiciones infrahumanas e indignas de vida a la que son expuestos, más para aquellos que están en ella por el aparente delito de pensar distinto. Nuestros compañeros son parte de los más de 8000 prisioneros políticos existentes en Colombia que con el encierro han sido privados de su libertad, expuestos a toda clase de vejámenes y fundamentalmente privados de sus derechos a la libre expresión, acción y organización democrática de masas.
A pesar de que ya han cumplido más de un año y tres meses en prisión, el sistema judicial colombiano no ha resuelto nada sobre el asunto y prolonga la tortura de la cárcel hacia nuestros compañeros, dilatando el proceso a partir del aplazamiento del juicio oral en 6 ocasiones y no concediendo las peticiones de libertad por vencimiento de términos, además, en contra de los pactos internacionales de los que Colombia hace parte, nuestros compañeros al igual que muchos otros prisioneros son internos de centros penitenciarios en donde han de estar los reclusos ya condenados y no aquellos, como el caso de nuestros compañeros, que son sindicados y apenas están en el proceso de juicio.
Esta inoperatividad la entendemos como un hecho que va más allá de simples fallas administrativas y procesales y constituye un acto deliberado del Estado colombiano para la tortura y hostigamiento de nuestros compañeros, sus familias, las organizaciones y procesos a los cuales ellos pertenecen, siendo esto un acto de castigo y evidentemente antidemocrático hacia quienes ejercen la política desde abajo, con las masas y en reivindicación de derechos y necesidades de la sociedad colombiana a la que se le ha cerrado las puertas de participación política.
Exigimos la liberación de nuestros compañeros, que su proceso judicial no sea dilatado y que el Estado colombiano cese todo tipo de actividades antidemocráticas que históricamente ha perpetuado contra la sociedad colombiana, las cuales alimentan directamente el conflicto armado y obstaculizan la tan anhelada paz para Colombia.
-Observatorio Gorgona
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