2 de abril de 2014

Constitución y Reelección




Fuente: "25 años en obra" VLADDO



Autor: Prof. Manuel Humberto Restrepo Domínguez



Los dispositivos de la vaciada democracia que impera en Colombia, aparte de orientar los destinos de la nación con las reglas del mercado que convierten inclusive a los deseos en mercancía también bloquean los mecanismos de participación propios de una democracia real o sustantiva, entendida como aquella en la que la materialización de los derechos conquistados se realiza sin obstáculos, ni negaciones. Los pilares de la organización democrática fueron debilitados justamente por quienes desde las esferas de control del poder político y económico actúan en su nombre. Primero se produjo la usurpación de la economía que se colocó en el lugar de la política[1] y ocupó el núcleo en la Constitución y luego afectó las estructuras de participación y voluntad popular medianamente fijadas en la misma constitución de 1991. Finalmente fueron eliminados de las practicas políticas y económicas los contenidos éticos de contribuían a sostener los limites del poder y a mantener la independencia de los poderes.


Durante 20 años, diversos sectores han resaltado a la Constitución Colombiana como una de las mas ejemplares obras de la normatividad garantista de América, pero en su aplicación los resultados son cuestionables. El estado social de derecho es débil, el desplazamiento forzado, la barbarie imperante y las conexiones entre mafias y política han permitido que literatos, analistas y magistrados coincidan en declarar que se vive en el marco de un estado de cosas inviable e inconstitucional. La constitución ha padecido mas de 30 reformas de fondo propuestas y decididas a la medida de los sucesivos gobiernos del bipartidismo liberal, conservador[2]. Las técnicas de modificación han sido diseñadas y aprobadas por un reducido numero de representantes “elegidos” pero depositarios de poca o ninguna legitimidad ni reconocimiento ante sus electores. El ciclo de los cambios decisivos pero desestructurantes para la idea de una desgastada democracia se cerró con la más destructiva de todas las reformas: La REELECCION del Presidente, ocurrida en el marco de un proceso viciado ética, legitima y legalmente que contribuyó a formalizar un absolutismo moderado que ya estaba vigente. Los sistemas de corrupción e impunidad fortalecieron sus instrumentos de control y revitalizaron su accionar y las maquinarias electorales concentraron sus bolsas de votos a costa de comprar o imponer su arbitrio, para elegir y reelegir en todas las posiciones del poder local, regional y nacional a discreción de las empresas electorales que convertidas en closter ofrecen todo tipo de servicios, asesorías y contratos. 

El régimen creado por el Presidente Uribe al amparo de la reelección, de la que fue su promotor y primer beneficiario, propinó la gran derrota ética a la nación al fabricarse su propia reelección, y una vez reelegido acomodar el poder por sumatoria de partes del estado a la medida de sus propias necesidades siguiendo la lógica de tener poder para acumular mas poder, incluida la absurda idea de ponerle derechos al estado, a la patria y a las instituciones arrebatándoselos a las personas y a las comunidades. Su poder le permitió auto constituirse en interprete de la ley; Controlar la función publica, los recursos de la nación, las relaciones internacionales; las mayorías parlamentarias, los servicios de la deuda; la fuerza publica como salvaguarda del interés privado y la agenda publica a la medida del calculo político.

La reelección presidencial cambió de esta manera la forma de gobernar, de participar y de responder política y legalmente por los desafueros y los del cuerpo de elite en el poder. La reelección forzó la polarización social, la exclusión política de la oposición, el desbordamiento de funciones del poder ejecutivo y naturalizó la arbitrariedad. La reelección llevó al reelegido presidente a disponer de poderes absolutos para controlar a los otros poderes hasta convertirlos en poderes subsidiarios o subalternos. La política y la participación fueron suplantadas por la formalidad que impide ver la realidad. Sobre papel va una realidad llamada democrática que anuncia, vende y promociona el poder y sobre el asfalto van la desigualdad, la explotación, la pobreza, las carencias y la realidad de las mayorías excluidas.

Los escogidos para ser elegidos y luego ratificados mediante elecciones entran a hacer parte del club privado del poder, son expuestos desde arriba para ser ratificados –elegidos desde abajo- mediante votaciones que los legitiman para integrar el equipo de creativos del consenso de gobierno que traza directrices a los directorios políticos y distribuye privilegios. Los elegidos de este prestigioso club, que gozan de vehículos blindados, escoltas, tiquetes, visas, y exuberantes salarios, carecen de sentido critico o no usan porque en todo caso saben que estar del lado del poder los hace aparecer mas importantes, mas prestigiosos, les otorga existencia política para aspirar a otro peldaño, sus actuaciones son de esa manera bien porque están alinderados o son alinderables. Los elegidos son formidablemente útiles para restar, caricaturizar y eliminar la importancia de las iniciativas propias de los sectores sociales y políticos por fuera del poder a los que dicen representar. Los elegidos poco o nada saben de sus representados y viceversa y sus votos para completar el consenso usualmente los emiten en su nombre y aprueban casi siempre en contravía de sus representados como se ve y oye en las protestas de las calles.

La implantación del sistema de Reelección ha profundizado la democracia sin pueblo, autoritaria, despótica y clientelista. Las elites al servicio del poder reelegido se han encargado de banalizar la acción política, judicializar la protesta social y reducir la complejidad de la democracia a votaciones de mínima legitimidad. A la legalidad la han convertido en instrumento de guerra contra los legítimos depositarios de la soberanía en la escala nacional y de la autonomía en las otras escalas. Como se trata de responder al poder absoluto las normas vienen siendo aprobadas a granel, con bajo nivel de discusión. Sinembargo así mismo pueden ser derogadas de manera inmediata cuando las gentes se rebelan especialmente ante las formas usadas en su aprobación o por el carácter impopular de las mismas, como se destaca entre muchos ejemplos con la aprobada e inmediatamente derogada reforma a la justicia, de la que el presidente del Congreso dijo no haber leído aunque voto a favor, que el mismo presidente de la Republica que la promocionó como prioritaria solicitó revisar y que las movilizaciones sociales impidieron.

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[1] En los libros Teoría de los derechos humanos y políticas publicas y; derechos humanos, capitalismo global y políticas publicas, UPTC, 2006, trato a fondo este tema señalado como Impostura.

[2] Ver libro sobre lectura critica de derechos humanos, a 20 años de la Constitución colombiana, uptc, 2011.