2 de abril de 2014

Desobediencia civil en Cárcel de San Isidro, Popayán


La Cárcel de mediana seguridad de   SAN ISIDRO - POPAYÁN –la han convertido en un botadero de personas, de seres humanos que viven y sufren en carne propia todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Instituto Nacional penitenciario INPEC.

Las 2884 personas, que hacemos parte de la población  recluida  en la prisión de mediana seguridad SAN ISIDRO DE POPAYÁN-CAUCA, hacemos un llamado con carácter de URGENCIA  a todas las Autoridades del orden Nacional, Departamental y Municipal; a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos,  para que  de manera inmediata realicen una INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO a la grave crisis que en materia de derechos humanos vivimos las personas privadas de la libertad en este establecimiento.

En este centro penitenciario  se vienen violando los derechos fundamentales de manera sistemática y permanente; en Colombia dentro del sistema penitenciario las cárceles se han convertido en botaderos de personas, de seres humanos;  la cárcel de San Isidro de Popayán, no es la excepción,  acá  se pone en práctica todo tipo de castigos, vejámenes y torturas, es por esta razón que nuevamente  hacemos un LLAMADO SOLIDARIO, para que la comunidad en general y la sociedad colombiana se enteren de  las condiciones miserables y lamentables en las que nos encontramos y así mismo se devele el Régimen vengativo y represivo que se aplica al interior de este panóptico, por lo que nos permitimos presentar la siguiente:

DENUNCIA PÚBLICA

En días anteriores iniciamos una campaña jurídica la  cual consistía en la radicación de 300 derechos de petición, donde hacíamos una sola solicitud a la dirección del establecimiento en cabeza del señor OSCAR LEONARDO CARDENAS, que diera cuenta de las acciones realizadas para superar la grave crisis que padece el centro de reclusión San Isidro de Popayán, en materia de atención médica, servicio y suministro de alimentos, educación, estudio y  trabajo como actividades de resocialización, suministro y servicio de agua potable para el uso de los reclusos, dotación de útiles de aseo y mínimo vital, servicio telefónico, el derecho a la comunicación y al de estar informados, funcionamiento y servicio del área jurídica, entrega de encomiendas, servicio de expendio, consignaciones y venta de productos alimenticios, visita intima o conyugal, servicio básico de cafetería.


De igual forma este se dirigió a otras autoridades, como organismos de control, defensoría regional del pueblo, contraloría y procuraduría; para que estas encargadas de velar por los derechos humanos cumplan con su obligación constitucional.

  La cárcel de mediana seguridad San Isidro de Popayán, mantiene y perpetua un régimen interno que a todas luces se constituye en un instrumento violatorio de los derechos fundamentales, pero que garantiza la impunidad en los casos de malos tratos proferidos a los reclusos; y una corrupción entre el personal del INPEC  y los empleados o responsables de las empresas privadas que operan dentro del sistema penitenciario.

La asistencia médica, realizada por un solo galeno, para 2884 internos se realiza sin ningún tipo de ayudas técnicas, aquí se diagnostica a “OJO”, de esa manera se da cuenta de todo tipo de enfermedades, no se autorizan exámenes, para que de manera exacta se sepan cuáles son en realidad las dolencias de las personas aquí recluidas; se incurre de esta manera en diagnósticos errados, que se tratan de manera irresponsable con el  medicamento mágico: el ACETAMINOFEN e IBUPROFENO.

En este punto instamos a que se investigue y soliciten las historias clínicas de las personas que vienen siendo medicadas con droga siquiátrica porque se cree sin mayores exámenes vienen clasificando muchas personas como pacientes siquiátricos, sin que hayan sido valorados por el especialista.

Denunciamos así que el médico del área de sanidad no cumple con la ética médica que debería caracterizarlo, cuando actúa de esta manera con seres humanos.

No se cuenta con remisiones a médicos especialistas, lo que se traduce en el deterioro de la salud de los reclusos.

Acceder a la consulta médica es el mejor ejemplo de la corrupción, si alguien está enfermo y tiene con qué pagar para ser atendido,  su cita es pronta y oportuna;  de lo contrario debe esperar 6 meses, lo “normal” para una cita médica.

El servicio odontológico se caracteriza por contar con equipos viejos, en pésimo estado lo cual se constituye en un atentado a la higiene; acá solo se atienden limpiezas y curaciones simples; tratamiento de mayor complejidad no se pueden atender, aunado a esto las remisiones para tratamientos especializados  están prohibidos.

La visita intima o conyugal se ha convertido en otra forma de vulnerar nuestros derechos, los DOS MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y CUATRO (2.884) internos de Alta Seguridad recibimos la visita en los únicos dos (2) patios que posee este penal. Cada patio cuenta con VEINTICUATRO (24) celdas para la visita íntima. Este espacio es de por si degradante para nuestras esposas  por el desaseo y condiciones antihigiénicas, donde el tiempo que se le da a la pareja para sostener su relación íntima es de TREINTA (30) minutos, cada TREINTA Y CINCO (35) días.

Suficiente tiene que padecer nuestras visitas, debido a las filas que deben hacer bajo el inclemente sol o el frío, para luego encontrarse con el otro panorama de hacinamiento y condiciones inhumanas en las que nos encontramos.

La contratación para el suministro de los alimentos para los reclusos de San Isidro –Popayán, es un negocio redondo y lucrativo para la Empresa CONSORCIO ALIMEZA, en este punto sólo prima un interés el económico; este contrato se caracteriza por la compra de alimentos de mala calidad, la cual luego se suministra a los internos.

No se cumplen  con los estándares de calidad y cantidad establecidos en el Contrato de Suministro de alimentación y los productos, tanto para carnes, frutas, granos y verduras, estos  son de muy mala calidad que se descomponen rápidamente.

Todo este accionar de la  EMPRESA CONSORCIO ALIMEZA se da en una en alianza con las autoridades penitenciarias y personal de guardia de la Cárcel de SAN ISIDRO; contubernio que ha impedido que se realice al interior de cada patio, la elección de  un “FISCAL DE ALIMENTOS”, lo que niega a las personas privadas de la libertad ahí recluidas, la posibilidad de intervenir; facilitándole  de este modo  los abusos que comete diariamente ALIMEZA, no  nos atienden  ni siquiera las quejas al momento del ingreso de los alimentos, los cuales son  transportados en vasijas antihigiénicas,  en estos se sirven sopas, ensaladas, arroz cocido y cárnicos; los  “timbos” fueron construidos y diseñados para el almacenamiento y transporte de insumos químicos, no de alimentos.

Pero esta situación no la padecen todos los internos; aquellos que ostentan la condición de servidores públicos o ex funcionarios públicos tienen un trato PRIVILEGIADO, estos recluidos en el patio 10, el repartidor de alimentos pasa primero por ese patio, ahí seleccionan lo mejor de la comida y sacan el recado de las sopas y luego continua rumbo a los calabozos para entregarle lo peor de lo peor a los internos que se encuentran en las celdas de castigo.

El CISA, Comité de Interventoría y Seguimiento a la Alimentación,  no opera de manera integral con los representantes de los internos (fiscal) por lo que suponemos que las ACTAS mensuales las debe estar firmando el Subdirector con alguien más que desconocemos y de este modo se viabiliza el pago.

El área de comedores no es suficiente para que los internos nos sentemos de manera digna a consumir nuestros alimentos, pues en los mesones solo caben 40 reclusos por patio,  lo que indica que los otros presos debemos permanecer de pie o sentados en el mero piso para poder consumir los alimentos.

Estamos en condiciones más que inhumanas, soportando una pésima alimentación que nos hace perder masa muscular, defensas y genera en ocasiones intoxicaciones y debilidades.

El suministro del servicio de agua potable para los reclusos de los diferentes pabellones de esta penitenciaría es de tan solo tres (3) horas diarias, distribuidas de la siguiente manera: Una hora en la mañana a la hora de la salida de las celdas al patio, Una hora al medio día y una hora en las tardes.

El suministro de este líquido vital  se requiere de manera permanente, dado el alto índice de hacinamiento con que cuenta esta cárcel; no  podemos lavar nuestras ropas, el menaje o losa, ducharnos debidamente sin ser sometidos a tratos humillantes y tener el preciado líquido para el consumo; debido a la no prestación del servicio de agua, no realizamos actividades deportivas; la falta de agua significa entonces mantener letrinas rebozadas de materia fecal y orines; focos de moscas y el desarrollo de todo tipo de enfermedades.

La dotación de los útiles de  aseo y el mínimo vital debería ser como mínimo cada tres meses, otra obligación incumplida; pues es cada 5 años que vienen haciendo el cambio de la dotación de cama, colchoneta, sabana, sobre sabana, almohada y cobija; esta no cumple con un requisito mínimo, que sea de acuerdo al clima donde está ubicado el centro de reclusión. Cuando los cambios se presenta sucede lo siguiente: las personas que vienen llegando detenidos son los próximos destinatarios de los elementos viejos y deteriorados que han sido cambiados.

La entrega de uniformes para el uso de los reclusos es cada cinco años y los que han entregado como dotación no van de acuerdo al clima, ya que las telas son sencillas por lo que debemos soportar el frio diario, el otro aspecto a señalar aquí es que exigen para todo el uso del uniforme, salir a jurídica, a salud, todo; pero se debe hacer con uniformes en buen estado, cosa imposible, por lo cual en muchas ocasiones no nos permiten esos derechos anteriormente señalados.

La entrega del KIT de aseo debe ser cada tres (3) meses y que consta de: una máquina de afeitar, una crema dental, un jabón de tocados, un cepillo dental, una papeleta o sobre pequeño de desodorante, un rollo de papel higiénico. Esta dotación no supera el valor de cinco mil ($5.000) pesos debido a la mala calidad de los elementos.

La “resocialización y reinserción” en los centros carcelarios de Colombia son una mentira; todo comienza cuando las personas privadas de la libertad son DESARRAIGADAS, DISPERSADAS, esto nos aleja de  nuestros núcleos familiares. Otro aspecto por lo cual esto no funciona, es que la labor de docentes, la deben ejercer compañeros reclusos a quienes no se les provee de material didáctico para preparar las clases. En ese  mismo orden a cada interno que redime pena por estudio se le hace entrega de un solo cuaderno de 100 hojas en el que debe tomar apuntes de todas las asignaturas y un lapicero.

Al interior de cada patio se han instalado (8) teléfonos, los cuales permanecen dañados o fuera de servicio; la otra situación que se presenta es que a los 15 o 20 segundos de haber iniciado una comunicación la llamada se corta, realizándose el cobro, sucede igual cuando se deja timbrar tres veces.

La empresa encargada de este servicio TELENACIONAL, ha puesto la tarifa del minuto más costosa del país  DOSCIENTOS OCHENTA ($280) PESOS, y eso que somos población vulnerable, pero que importa, pues estas empresas por lo general son de ex militares y ex funcionarios del INPEC ¿Por qué no contratar directamente con las empresas como MOVISTAR, TIGO, CLARO?

Para la oficina jurídica presentar un Derecho de Petición es casi que un delito y genera disgusto en los guardianes, en la última reunión sostenida con la oficina de jurídica, cuando se inicio la jornada de protesta jurídica; nos manifestaron que para descongestionar esta oficina nosotros debíamos dejar de hacer solicitudes durante un mes; las respuestas a los escritos de Petición son inciertos ya que se demoran para dar respuestas dejando vencer los términos, las  respuestas  por lo general no resuelven nada de fondo sino solo es un formalismo y en otros casos ni los contestan. La manera altanera cuando se trata de indagar por el escrito es amenazante por parte del INPEC.

La Dirección General del INPEC suscribió Convenio con el BANCO POPULAR en el que se habilito la CUENTA ÚNICA con el agravante de que solo se autoriza a cinco personas por interno quienes solo podrán consignarle dinero al recluso. Los dineros consignados ingresan a la cuenta del INPEC y este a su vez respalda la compra de los productos que luego el INPEC nos vende al interior de las cárceles. Los expendios nos venden productos de muy mala calidad a precios elevados si se comparan con los precios y calidad de los productos que rigen en el comercio local de Popayán.

Lo irónico es que, siendo el dinero nuestro,  solo permiten que compremos el valor máximo de CUARENTA MIL ($40.000) PESOS diarios. ¿Por qué restringen el gasto de nuestro dinero?, la respuesta es que el resto queda consignado para respaldar a los proveedores.

Triste y desolador es el panorama que estamos soportando y viviendo en condiciones miserables, humillantes e inhumanas donde hasta usted que nos está leyendo con atención puede poner en duda que a estas alturas estemos denunciando hechos tan graves sin que se haya oído decir nada sobre el tema a las autoridades de Control y Vigilancia (DEFENSORIA REGIONAL DEL PUEBLO Y PROCURADOR DEL CAUCA). Es duro decirlo, pero existe una alianza entre estas autoridades con los funcionarios de la Regional Occidente INPEC y en especial con los de la Cárcel de SAN ISIDRO de Popayán para guardar silencio y no dar por cierto las QUEJAS y DENUNCIAS que los presos en varias oportunidades realizaron, no vemos en ellos esos defensores de los Derechos Fundamentales de los más vulnerables, por eso optamos por la denuncias públicas, para que la sociedad colombiana se entere que existen unos seres humanos invisibilizados  y vulnerados en sus derechos fundamentales.

La PERSONERÍA MUNICIPAL de Popayán y la DEFENSORÍA REGIONAL DEL PUEBLO  brillan  por su ausencia lo que les permite a guardianes y administrativos hacer con nosotros lo que se les plazca.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al Señor ALFONZO GÓMEZ MENDEZ –Ministro de Justicia, para que en lo posible y de manera URGENTE nombre una Comisión Conjunta de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPC- para que se apersonen de nuestras denuncias y se trasladen copias a las autoridades competentes (Fiscalía y Procuraduría) para que inicien las investigaciones de tipo Penal y Disciplinarias respectivamente.

De igual forma anunciamos el inicio hoy de una jornada de desobediencia civil indefinida hasta tanto esa comisión no se constituya.



PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES RECLUIDOS EN LA CÁRCEL DE POPAYÁN-CAUCA.