8 de abril de 2013

9 de abril de 2013 ¡A la carga! Por la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna

 
Pronunciamiento conjunto de Colectivos de Estudio y Trabajo Sindical - CETS; Desde Abajo; Dignidad Educativa; Rebeldía Estudiantil Organizada REO; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo -MODEP.
Mañana marchen con nosotros: 9am. Carrera 30 Calle 26

9 de abril de 2013 ¡A la carga!
Por la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna

En nuestro país, desde el surgimiento como República en el siglo XIX, vivimos ciclos de guerras, armisticios, acuerdos de paz, constituciones. Se podría decir que el Estado–Nación inconcluso ha estado marcado por la guerra en largos y repetidos períodos y la paz efímera. Como hoy se reconoce de manera amplia, el último ciclo de guerra se abre el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio de la élite para bloquear el proyecto de democratización popular, y para viabilizar el desarrollo capitalista en medio del terrorismo de Estado.

Desde aquel 9 de abril de 1948 la guerra no ha cesado. Los asesinados de manera violenta, bajo la complicidad del Estado que debiera protegerlos y de los gobiernos de turno que tendrían que velar por su bienestar se cuentan por miles de miles, los desplazados y los despojados de sus bienes muebles e inmuebles se cuentan por millones. Amparados en esta violencia con marca oficial, en este largo y penoso proceso se potencian, desarrollan y consolidan las estructuras palpables que dinamizan la dialéctica del conflicto colombiano, a saber:

-El modelo agrario: cada día más excluyente, de acaparamiento creciente de la tierra en pocas manos y despojo violento de las comunidades rurales. La brutalidad del despojo sufrido por los campesinos ha sido tal que el índice Gini alrededor de la tenencia de tierra en 1985 era de 0,35 y en 2011 se trepa a un aberrante 0,85, lo que hace de nuestro país una de las naciones más desiguales del mundo en su estructura agraria.
-El modelo urbano: orientado hacia la especulación urbanística, el uso del vehículo y el comercio de mercancías, donde las familias cuentan cada día con menos espacio para el disfrute del descanso, el derecho a la recreación, y la vida digna.
-El capitalismo neocolonial –al servicio de los poderosos de dentro y fuera del país–, donde la economía se planifica al calor de los 8 Tratados de Libre Comercio ya firmados por las clases dominantes de nuestro país, y la garantía de las exenciones tributarias para las transnacionales, las misma que suman más de 9 billones de pesos, dinero más que suficiente para garantizar la gratuidad de la educación superior o la salud para todos aquellos que habitan en Colombia.
-El régimen político antidemocrático y policivo, que le ha impedido a varias generaciones de colombianos/as conocer la felicidad, la vida en justicia, la participación efectiva y la paz digna, potenciando como correlato la opción del ejercicio de la violencia revolucionaria por parte de miles de connacionales (a través de la lucha armada guerrillera) como única opción que han encontrado para proteger su vida, al tiempo que luchar por el poder político.

Una realidad que oprime y excluye. Como lo han padecido millones de connacionales desde la década de los años 40 del siglo XX, el Estado y los gobiernos de turno han estado al servicio de la guerra contra las mayorías nacionales; sin duda, el país político ha tratado de someter al país social, sin lograrlo a plenitud, y hoy estas mayorías reclaman otro tipo de modelo económico y político, reclaman, sin descanso, paz justa.
En esta pugna entre los pocos contra los muchos, entre los ricos contra los pobres, nuestro país padeció, en especial durante los últimos 30 años, una avanzada militar, política y económica del proyecto que ha regido los destinos del país por siglos, cuyas consecuencias las narran los millones de despojados y desplazados que copan sus principales centros urbanos, en los cuales, al mismo tiempo, la lucha por el territorio se encona con el paso de los días. Otra de sus consecuencias es el debilitamiento de las guerrillas revolucionarias, a pesar de lo cual no han podido ser derrotadas

Es una lucha enconada. Para que llegue a su fin, el Estado y un sector de la insurgencia (las Farc-ep) intentan en La Habana un acuerdo de paz: las élites para dar garantías a la inversión nacional e internacional de capitales; las Farc-ep, para buscar otras maneras de hacer viable su proyecto social y político.
Desde el movimientos social, diversas experiencias organizativas de lo comunitario, nos afincamos en la necesidad que tiene el país de poner en práctica profundas y urgentes transformaciones económicas y políticas que permitan la justicia, la igualdad, la soberanía, al tiempo que consideramos que hoy la PAZ es una necesidad histórica para facilitar estos propósitos, pero también para recomponer las fuerzas populares alternativas y conquistar condiciones para la disputa del poder político.
Por todo esto, proponemos al pueblo colombiano la siguiente agenda de creación de un momento político para reagrupar las mayorías y construir un nuevo proyecto de país, liderado por las fuerzas más dinámicas que lo integran:

Gran dialogo nacional:
La solución política al conflicto social, político, económico y armado no cabe en la estreches del diálogo bilateral de las Farc-ep y el gobierno nacional; es imprescindible un gran diálogo nacional que tenga como resultado la implementación de una Asamblea nacional para la paz donde los pueblos, el resto de la sociedad civil, las insurgencias y el Gobierno nos encontremos cara a cara para discutir el país que necesitamos.

Diálogos regionales, que hablen los territorios y se decida en ellos:
La solución al conflicto social, político, económico y armado –tomando el diálogo como su principal herramienta–, debe estar anclada en los territorios, allí donde se vive lo más cruento de la conflagración armada, al tiempo de lo más ruin de la explotación y despojo que instaura este sistema. De esta manera, es definitivo el diálogo regional por la paz que involucre a los pueblos, gobiernos locales, el movimiento guerrillero y el resto de la sociedad.

Acuerdos humanitarios generales y regionales
Apoyar la realización de acuerdos humanitarios generales y regionales, que rebajen la intensidad del conflicto y sus secuelas que padecen los más pobres entre los pobres, ayuden a crear condiciones para la potenciación de los movimientos sociales y para la reconstrucción de las fuerzas revolucionarias y democráticas.

Combate frontal y desarticulación de los grupos paramilitares:
Con el nuevo título de Bacrim, el Estado y los gobiernos desligan su responsabilidad política de la tercera entrega del paramilitarismo en Colombia. Urabeños y Rastrojos son la readaptación del viejo libreto de la burguesía narcotraficante existente que se alía con poderes locales y fuerzas militares para mantener el rentable negocio del despojo, del monoproducto cocalero, de la destrucción de la economía campesina y la perpetuación de las economías ilegales. A través de ellos el Estado ha copado territorios a la vez que permite la perduración de la base social del guerrerismo que disputa con violencia total todo proyecto de solución política, reivindicaciones sociales y país distinto.

Democratización de nuestra sociedad
Desmonte de los elementos del fascismo que estructuran el poder político de las clases dominantes: las estructuras legales y de legislación fascista, que incluyen la desmilitarización de la Policía, la reforma de los códigos de la convivencia y seguridad ciudadana, el desmonte de cámaras de control y vigilancia por doquier, la desestructuración de las redes de apoyo ciudadano a los aparatos armados del Estado, pero también cesar la aplicación del terror en la vida cotidiana de nuestra sociedad, desmontar los grupos paramilitares y del narcotráfico y sus redes territoriales que están utilizando el microtráfico para el control de los territorios urbanos, la persecución a la opinión disidente.

Construcción de acuerdos humanitarios de carácter regional:
Que las fuerzas mismas de los territorios acuerden salidas transicionales tanto con las insurgencias, los gobiernos y las Fuerzas Militares (desminados humanitarios, desmilitarización de escuelas y cascos urbanos, cese de confrontaciones en zonas de clara ubicación de la sociedad civil, etcétera).

Reconocimiento de los derechos civiles y políticos a presas y presos políticos
Reconocer los derechos civiles y políticos a los detenidos y detenidas políticas en razón del conflicto que padece el país, hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles sobrellevando una vida indigna –recogiendo las recomendaciones que la Auditoría Internacional ha hecho al Gobierno– abriendo caminos para el más amplio diálogo con ellos, y claro está, para su libertad.

Con las víctimas por la verdad, justicia y reparación
Defender los derechos de las víctimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del terror padecido.

La lucha por una nueva sociedad pasa por concretar la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna. Esta es nuestra voz, nuestras caminar diario es por su concreción. No permanezca indiferente, venga y caminemos juntos por y para su efectiva realización.