3 de abril de 2013

AUMENTAN CASOS DE PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD CONTRA COMUNIDADES QUE EJERCEN SU DERECHO A LA MANIFESTACIÓN




Bogotá, abril de 2013
Comunicado de Prensa 01

AUMENTAN CASOS DE PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD CONTRA COMUNIDADES QUE EJERCEN SU DERECHO A LA MANIFESTACIÓN

Las organizaciones, víctimas y familiares que hacemos parte de la campaña “Defender la libertad: un asunto de tod@s”[1] expresamos nuestra preocupación frente al incremento de la criminalización, persecución judicial y detenciones arbitrarias cometidas por parte del Estado colombiano contra líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y quienes ejercen su legítimo derecho a la reunión y manifestación pacífica, consagrado en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
De acuerdo con nuestros registros hemos constatado un pronunciado incremento de la privación arbitraria o injusta de la libertad, contra los sectores antes mencionados, así, mientras en el  año 2012 hubo en total 542 personas detenidas, en los tres primeros meses de este año se han registrado 311 víctimas.  De estas, al menos 81 personas se encuentran judicializadas y se enfrentan a la posibilidad de ser condenadas y enviadas a la cárcel por participar en conductas relacionadas estrictamente con el desarrollo de acciones de movilización y protesta social, y que se encuentran claramente criminalizadas en el tipo penal de “obstrucción de vías públicas que afecten el orden público” contenido en la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el actual gobierno y reconocido en el artículo 353 A del Código Penal colombiano.

En su mayoría estas personas habrían participado en recientes actos de protesta registrados a nivel nacional, entre los que se destacan el paro cafetero y cacaotero de campesinos y campesinas, quienes en febrero salieron a las calles exigiendo mejoras sustanciales a sus ingresos, disminuidos debido a políticas agrarias que les generan condiciones precarias de vida. Durante estas las protestas fueron proferidas 70 órdenes de captura.

Por otra parte, la manifestación realizada en marzo por pobladores/as y organizaciones sociales del Valle de Toledo (Antioquia) en rechazo a los impactos ambientales, sociales y culturales ocasionados por la construcción del proyecto Hidroituango, culminó en una situación en la que también fueron proferidas órdenes de captura contra 11 de las 77 personas detenidas.

Por lo anterior manifestamos públicamente nuestro rechazo a la privación arbitraria de la libertad y la utilización abusiva del aparato judicial como medio para reprimir la protesta social en Colombia, así como la forma en que el Estado y la fuerza pública dan un tratamiento represivo a los manifestantes, mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, las agresiones físicas y verbales, armas letales, los abusos de autoridad, la estigmatización y las amenazas. Así mismo repudiamos casos como el de Jhon Jairo Sánchez y Gildardo Ordoñez López, campesinos acusados de promover protestas, quienes resultaron golpeados y amenazados en Guayabal (Tolima) por parte de integrantes de la Policía Nacional, ó el campesino Pedro Humberto Suárez, quien perdió una de sus manos a causa de un artefacto explosivo lanzado presuntamente por integrantes de la policía del ESMAD en Calcará (Quindío).

Exigimos al Estado colombiano que respete el derecho consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que inste al gobierno a abstenerse de continuar con los actos de represión contra el pueblo colombiano, de tomar medidas que atenten contra la vida, la libertad y la integridad de campesinos/as, líderes/as sociales, comunitarios/as y defensores/as de derechos humanos que participan en manifestaciones, así como brindar garantías judiciales para las personas capturadas.

Finalmente invitamos a la comunidad en general a unirse a la campaña “Defender la libertad: asunto de tod@s” y a denunciar públicamente la detención arbitraria, persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

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[1] La Campaña es un espacio conformado por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, familiares y víctimas de distintas modalidades de detención arbitraria o injusta, que busca actuar frente al uso arbitrario del sistema penal ejercido contra líderes y lideresas, la criminalización y judicialización de la protesta social y la detención arbitraria contra manifestantes y sectores excluidos. Surge en el encuentro nacional de víctimas de detención arbitraria, abuso del sistema penal y criminalización de la protesta social, realizado en diciembre de 2012.