En el marco del congreso para la paz:
PLANTÓN “LA PAZ TAMBIÉN PASA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS
POLÍTICOS”
(Bogotá abril 18 de 2013)
Hoy en Colombia 115.780 personas se encuentran privadas de la libertad; 107.056
hombres y 8.724 mujeres, recluidos en 142 establecimientos penitenciarios a
nivel nacional; de ellos 35.338 se encuentran aún sindicados de los cuales 1684
lo han estado por más de 36 meses. El índice de hacinamiento, de acuerdo con
las cifras oficiales, alcanza a más del 50%; la mayoría de los presos
pertenecen a sectores pobres de la sociedad criminalizados por atentar contra
la propiedad privada.
La salida estatal es construir nuevos Establecimientos
llamados mega-cárceles según el anuncio de la señora ministra de Justicia Ruth Stella
Correa Palacios; la construcción de seis nuevas mega-cárceles, permitiría
contar con 26 mil nuevos cupos adicionales, para lo que se destinarían $1.5
billones para construirlas con capacidad para 4.500 reclusos cada una, en
lugares como Girón, Popayán, la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, entre otras
regiones, buscando lugares deshabitados, donde no exista señal de celular y los
gendarmes se comuniquen con telefonía satelital, esto, a su vez, ayudará a
terminar con las que serán financiado con recursos que vienen de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
En el artículo 26 de la reforma contempla que cuando no sea
suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el
principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la
custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares.
A la par que se
endurecen las penas y se crean más delitos; con la propuesta de reforma al
código penitenciario se pretende la privatización de las cárceles, la
profundización de la crisis al trasladar a los municipios la construcción de
centros carcelarios para sindicados y aumentar las facultades al INPEC para
declarar la emergencia carcelaria y adoptar medidas coercitivas contra los
presos que exigen sus derechos, tal como lo contempla el artículo 81 de la
cuestionada reforma.
Estas cifras y medidas, aunque alarmantes, no son el reflejo
de una contundente respuesta judicial a la impunidad en crímenes de lesa humanidad,
al punto que el número de asegurados preventivamente y condenados por punibles
de alto impacto social como la desaparición forzada (369), desplazamiento
forzado (364), tortura (158), tortura en persona protegida (21), no suman más
del 1,2% de la población reclusa.
Las condiciones de reclusión para el común de las personas
privadas de la libertad ha despertado la inconformidad de miles dentro y fuera
de las prisiones: En los últimos cinco años 500 internos han muerto dentro de
las cárceles; hoy se puede decir que la crisis del sistema de salud para las personas
privadas de la libertad es irreversible pues se han profundizado problemas
tales como la deficiente atención médica general y especializada, la falta de
suministro de medicamentos y práctica de exámenes diagnósticos, lo cual se
agrava ante un inexistente programa de prevención y detección temprana de
enfermedades.
El artículo 55 de la
Reforma no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen
especial, acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega
las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el
derecho de acceso a la salud.
Por su parte, otros problemas endémicos del sistema
penitenciario se exacerban: La corrupción, el cacicazgo, la violencia
intracarcelaria, las violaciones a los derechos humanos, el silenciamiento, la
represión encubierta, son el pan de cada día que sumerge a la población reclusa
en un permanente estado de sumisión que atenta contra la dignidad humana. Sus familias,
sufren igualmente la implementación de una política carcelaria en la que prima
la restricción de los derechos sobre la garantía y respeto de los mismos, que
se traduce en la desintegración de miles de núcleos familiares, abusos de
autoridad de la guardia generalmente contra mujeres y niños visitantes, la
limitación del derecho a la visita a través de medidas como el pico y placa,
entre otras expresiones.
Dentro de esta población carcelaria, sobreviven los Presos
Políticos, hombres y mujeres privados de su libertad en unos casos por ejercer
el derecho a disentir, protestar, por su liderazgo social o por defender los derechos
de los pueblos; en otros, por alzarse en armas contra el status quo o
simplemente por vivir en zonas de control rebelde. Los Presos Políticos por
años desde las cárceles colombianas han exigido su reconocimiento como sujetos
históricos y han luchado por la dignificación de las condiciones de vida de
toda la población reclusa, por tanto, están legitimados para que en todo
proceso de Paz se aborde su problemática desde el reconocimiento del delito
político, que no es más, que el reconocimiento de las causas socio-económicas
del conflicto colombiano.
Sin duda, todo ello debe cambiar y resulta evidente que la
propuesta gubernamental no consulta con las necesidades y expectativas de la población afectada directa
e indirectamente con la problemática en las cárceles y penitenciarías del país.
Es necesario que quienes conocemos esta realidad avancemos
en la construcción una propuesta colectiva y aumentemos nuestra capacidad de denuncia
y exigencia ante las instancias estatales. Por esta razón, hacemos un llamado
amplio a fortalecer los movimientos que brotan desde el interior de las
cárceles y aquellos que se han forjado desde sus familiares y amigos, por la
libertad y la dignidad de todas las personas privadas de la libertad.
Convocamos al Plantón “La paz también pasa por la libertad
de los Presos Políticos” que se llevará a cabo el 18 de abril de 2013 en la
ciudad de Bogotá, como la primera de una serie de actividades organizadas a
través de las cuales se busca la libertad inmediata de los presos políticos que
padecen enfermedades graves, la exigencia de una política criminal en la que
prime el derecho a la libertad como regla general y el respeto de la Dignidad
humana de la población reclusa y finalmente el apoyo solidario al movimiento
carcelario que se gesta desde los presos, sus familiares y amigos.
Convocan:
Asociaciones de Familiares de Presos de Colombia
Apoyan:
Congreso de los Pueblos.
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Campaña contra detenciones arbitrarias
Unión Sindical Obrera –USO
Asociación de Institutores del Cauca – ASOINCA
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
COSPACC
Equipo Jurídico Pueblos
Fundación Territorios por Vida Digna.
http://www.presospoliticosnoextradicion.org/
http://www.comitedesolidaridad.com/
http://derechodelpueblo.blogspot.com/
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