16 de septiembre de 2013

Frente a la crisis de DDHH en Colombia, Santos expulsa la oficina de DDHH de la ONU, y criminaliza la protesta



En Colombia llevamos más de 50 años con una intensa crisis de DDHH, aun antes de que estos mismos existieran, vivimos en un país donde al ver un policía en la esquina sentimos temor e inseguridad.

En las últimas semanas el pueblo colombiano ha sido víctima y ha presenciado con impotencia el abuso de los órganos de represión del gobierno. Son incontables los videos y las denuncias en las que el ESMAD, la policía y el ejercito ataca a manifestantes y periodistas, se infiltra en la protesta social, destroza, asesina, usa armas no convencionales, prohibidas por el DIH, tortura, detiene arbitrariamente, todo esto bajo la protección y complicidad del gobierno y el ministro de defensa.

Hechos que no son nuevos: es incontable la lista de víctimas de crímenes de estado y violaciones de derechos humanos. Un sólo ejemplo, de muchos, es el de Nicolás Neira menor de edad asesinado a golpes por miembros del ESMAD.

Ante esta crisis el gobierno nacional ha tomado las siguientes medidas:

  • Estigmatización de la protesta social.
  • Duplicar la cantidad de efectivos del ESMAD.
  • Pasar un proyecto de ley pretendiendo que los manifestantes que bloqueen vías paguen de 4-6 años de cárcel
  • Expulsar de Colombia a la oficina de DDHH de la ONU.


Santos decide expulsar la oficina de DDHH bajo el argumento de que Colombia ya no tiene la necesidad de usar sus servicios, de que tiene como prioridad del país la protección a los DDHH, pero la realidad nos muestra algo diferente, los mismos miembros de la fuerza pública expresan: “si no fuera por el cuento de los derechos humanos, ya habríamos acabado con esa manada de guerrilleros hace tiempo”


Hay que tener en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hace las veces de veedor, que su función es informar a las instancias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos que se dan internamente, sin embargo no existe una instancia que pueda asegurar que no se presente violación de derechos humanos, a menos de que estas violaciones sistemáticas puedan afectar la seguridad de la comunidad internacional.