El
gobierno chileno continua con la política de entrega a las transnacionales de
las riquezas del subsuelo, a cualquier costo, sin importar el impacto
medioambiental, sigue otorgando riquezas
a las transnacionales sin ningún control ambiental, arrasando, acabando,
contaminando el aire, la tierra, el agua, ignorando los reclamos justos de la
comunidad de Atacama ya que están siendo afectados seriamente por la extracción
irresponsable de las empresas mineras, que tienen licencias para hacer
explotación minera en la región.
No
basta solamente con que la transnacional se haya apropiado del agua, usándola
desmedidamente para la explotación minera, sino que además afecta la salud de niños y niñas, mujeres y hombres de esa
Región, afectando entre otras el uso agrícola de los suelos circundantes a los
proyectos mineros, este liquido vital arrebatado a los habitantes de Atacama, a
quienes ahora pretenden dárselas desalinizada y aumentando los costos.
Antes de la llegada de las empresas mineras, los
habitantes de Atacama, no tenían que padecer de cortes de agua, ya que en la
actualidad se volvió una costumbre, debido a que el río Copiapó se encuentra
totalmente seco.
Frente
a esta problemática el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, anunció
la construcción de una desaladora del líquido como medida para suplir las
necesidades del consumo humano, la que operaría a partir -recién- de 2017.
El vocero de La Mesa
Social de Defensa de Atacama, Jorge Godoy, señalo que “el agua desalada
debiera ser consumida por las mineras y el recurso hídrico puro de la
cordillera, el agua dulce, destinarse al consumo humano”, lo que la
trasnacional pretende no es que evadir
la responsabilidad ambiental y social, dejando el costo de producción y
traslado de agua desalada hasta la ciudad, a los bolsillos de las personas,
ahorrándose ellos el desembolso.
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