3 de febrero de 2013

Grave situación de derechos humanos en el complejo carcelario de Jamundí



El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca se permite informar a la opinión pública la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra los presos y presas políticas y sociales del COMPLEJO DE JAMUNDÍ (COJAN), antes llamado Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional - ERON Jamundí y la Reclusión de Mujeres.

Hechos:

1. Siete mujeres presas en el pabellón 1-A del complejo carcelario de Jamundí – Valle (COJAN) se encuentran en huelga de hambre. Tres de ellas se han cocido los labios de la boca. La huelga la iniciaron 6 mujeres el 30 de enero/2013. Ellas son: YESENIA VEGA, CARMEN CECILIA JIMENEZ, DIGNA LUZ PINTO, CLAUDIA ANAYA, SUGEIDY AVILA y JOHANNA ORTEGA VARGAS (las dos últimas en mención han cosido los labios de su boca). Y Hoy, 31 de enero se sumó a la acción de exigibilidad de derechos la presa YOSIRA ROSALES del patio 1B quien también decidió coser los labios de su boca.

La huelga tiene como fin el de protestar ante las continuas violaciones a sus derechos fundamentales, y exigir al Estado colombiano, y en particular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, garantías y respeto a sus derechos, a su dignidad y acercamiento familiar.

2. Las mujeres que iniciaron la huelga son de la Costa caribe, que con tres años de encierro en esta cárcel no han podido ver a sus familiares dado que estos no se pueden desplazar cerca de 30 horas de viaje, y tampoco cuentan con los recursos económicos para hacerlo. La mayoría de lo hombres y mujeres presas en esta cárcel no tienen la posibilidad de mantener las relaciones interpersonales con sus familia, y/o sufrir todos los embates y dificultades económicas para trasladarse largas distancias, lo cual implica una pena accesoria a la persona presa y otra pena para sus familiares..

3. Debido a este distanciamiento las presas se encuentran en una situación precaria, pues no tienen como comprar ni quien les suministre los útiles de aseo, ya que el INPEC no cumple con la obligación de entregar el mínimo vital al que lo obliga la ley y el Complejo Carcelario de Jamundí no cuenta con la infraestructura ni los cupos para que las presas puedan trabajar, y así descontar pena y costearse sus útiles de aseo. Las presas en huelga también se encuentran incomunicadas con sus familias pues no tienen los recursos para comprar las tarjetas telefónicas para llamar a sus parientes.

4. Es importante resaltar que alejar a los y las presas de sus núcleos familiares constituye un doble castigo, pues el ordenamiento jurídico colombiano establece un conjunto de criterios y medidas para logar la “resocialización” de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, esta política de segregación del INPEC es totalmente contraria a esos postulados, pues no se puede esperar la “resocialización” de una persona presa cuando esta permanece privada de los círculos de apoyo, cariño y amor que le brinda su núcleo familiar, además de lidiar con la violencia de un sistema penitenciario autoritario.

5. Al momento de iniciar la huelga de hambre se encontraba en el Complejo Carcelario de Jamundí una Comisión de la Procuraduría Regional del Valle en la cual se encontraba el funcionario Miguel Rodríguez quien al hablar con las presas intentó persuadirlas para que declinaran en hacer la huelga haciendo comentarios desobligantes y diciendo que “no hicieran la huelga, porque esa acción podría generar problemas de desorden, disturbios y caos en la cárcel, ya que se podían sumar otras presas”, demostrando así, que la Procuraduría como institución encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de la sociedad no estaba respaldando las exigencias y reivindicaciones justas de las presas, abogando por el cumplimiento de sus derechos, sino que estaba defendiendo los intereses y la injusticia del INPEC.

6. El 2013 trajo consigo una restructuración administrativa al antes llamado Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional - ERON Jamundí y la Reclusión de Mujeres que hoy tiene por nombre COMPLEJO DE JAMUNDÍ – COJAN. Según lo informado por las presas políticas, la reestructuración ha resultado en un caos total al interior del complejo. La reforma UNIFICO a la cárcel de hombres y la reclusión de mujeres, elimino la figura de la directora en la reclusión de mujeres, pues su anterior directora CLAUDIA PATRICIA GIRALDO OSSA es hoy la encargada del COMPLEJO DE JAMUNDÍ – COJAN.

7. Esta figura ha creado una serie de subdirectores que tienen poderes de mando y decisión, lo cual ha traído una serie de medidas y castigos autoritarios. Para el caso de las mujeres presas se ha dado la implementación de castigos colectivos por riñas personales entre algunas presas. El INPEC impuso de manera ilegal y autoritaria un castigo consistente en prohibir a todas las presas arreglarse y vestirse en sus celdas y obligarlas a hacerlo en el patio. Se debe señalar que la responsabilidad disciplinaria en la cárcel es de carácter individual, por lo tanto el castigo debe corresponder a la persona que transgredió el reglamento interno y no a todas las presas que no han cometido ninguna falta. La imposición de penas y castigos sin existir faltas y transgresiones al reglamento interno y mucho menos un debido proceso en el que se les determine los grados de responsabilidad en una falta determinada podrían estar configurando prácticas de tortura a las presas por parte del INPEC, ya que estos castigos colectivos ilegales e injustificados lo que pretenden demostrar “la mano dura” e infundir su autoridad a través del miedo/ sufrimiento para persuadir y doblegar la voluntad de las presas ante faltas y transgresiones al reglamento que todavía no han cometido.

8. Ante la ilegalidad de los castigos colectivos, 18 presas del patio condenadas 1 A iniciaron entre el 14 y 15 de enero una jornada de protesta consistente en no salir de la celda, en el patio de condenadas 1B 79 presas se sumaron a las jornadas de protesta para desobedecer la imposición de los castigos colectivos ilegales. Ante estas manifestaciones de inconformidad, el INPEC ha dicho a las presas con pasarles un informe disciplinario por falta grave por desobedecer un castigo y las ha amenazado con imponerles un castigo consistente en dejarlas encerradas en sus celdas por tres días en una acción irresponsable, ilegal e injusta de manipulación del órgano disciplinario al interior de la cárcel.

9. Por último, queremos denunciar las irregularidades que se presentaron en la elección de la representante de derechos humanos del patio 1-A de mujeres a finales del año 2012, puesto que pasando por alto las lógicas democráticas y constitucionales se eligió a una presa como representante de patio que no contó con el respaldo de las mayorías. Anteriormente, la presa que venía de representante de derechos humanos del patio contaba con el respaldo, la aceptación y la legitimidad de las demás presas. No obstante, el INPEC le impidió presentarse de nuevo e inscribirse en la lista de candidatas. Ante esto, la mayoría de las presas en gesto de protesta eligieron el voto en blanco, en segundo lugar gano otra presa y con tercer mejor votación quedó la presa que era representante en el periodo anterior y fue votada por las presas que escribieron su nombre en los tarjetones donde aparecían las candidatas inscritas.

10. Ante la situación anterior, el INPEC nombro como representante de derechos humanos a la presa con mayor votación después del voto en blanco, no escuchó las solicitudes de las presas sobre repetir las elecciones y dejar inscribir a la representante del periodo anterior. Estas imposiciones del INPEC a las presas tienen la finalidad de menguar la capacidad de las presas para denunciar, exigir sus derechos e interlocutar con la dirección del centro penitenciario. Al día de hoy, el 90% de las presas están reclamando que la representante de derechos humanos del patio sea la del periodo anterior.

SOLICITUDES

Solicitamos al Estado colombiano y a la dirección general del INPEC que escuche, atienda y resuelva las exigencias y denuncias que vienen realizando las presas del Complejo Carcelario de Jamundí COJAN, demandas que se circunscriben a derechos reconocidos constitucionalmente, reivindicaciones que son obligaciones legales que el INPEC y el Estado colombiano vienen incumpliendo.

Igualmente, solicitamos a la dirección del Complejo Carcelario de Jamundí, al INPEC y al cuerpo de guardia y custodia que garantice condiciones para que las presas ejerzan derecho a la protesta y que se abstengan de torpedear e impedir y tomar represalias en contra de los manifestantes.

Finalmente instamos a la Dirección Nacional del INPEC, Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo para que investiguen y hagan seguimiento a dicha problemática.

“SI EL ESTADO NO PUEDE GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA EN PRISION, QUE ORDENE LIBERTAD A NUESTROS FAMILIARES.”

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – SECCIONAL VALLE DEL CAUCA. FCSPP