El tema de la reforma de la
Justicia, que estuvo tan aflora de piel en las últimas noticias y grandes
discusiones políticas, no es como no lo presentan. Que el presidente se haya
sorprendido por los “micos” que le pusieron a la reforma en la conciliación y
que haga todo lo posible por hundirla, no es más que una jugada política del
presidente Santos para lograr salvaguardar su reputación para una futura
reelección, aunque esto no le haya salido muy bien.
No es verdad que la reforma a la
Justicia se haya TRANSFORMADO EN SU TOTALIDAD en la conciliación, pues desde su
planteamiento dado por el gobierno santista, esta reforma era la bandera de la
impunidad. Congresistas blindados; magistrados casi vitalicios; herramientas
truncadas de la justicia; instancias de
investigación y juzgamiento abolidas. La reforma de la justicia que duro un
buen tiempo rondando en debates del Congreso no disgusto nunca de la gran
mayoría de senadores ni de magistrados, y mucho menos de altos funcionarios del
gobierno, pues dicha reforma planteaba que la violación del régimen de
inhabilidades solo tendía una sanción máxima –suspensión- de un año, la
investidura sería votada por el mismo congreso con un porcentaje de 2/3, y
varios casos que están en vigencia pasarían a ser juzgados por esta nueva
reforma.
En el debate de la conciliación,
lo que sucedió fue poner todos estos pequeños temas que querían dejar sin
clarificar, bien estipulados en la ley, lo que pareció un “descaro” –tal vez de
sinceridad- al gobierno y rechazo estos últimos artículos que se “transformaron
en la conciliación”, cuando este espíritu de impunidad venía desde los primeros
planteamientos. Entre los principales cambios constitucionales que se
incorporan en la reforma se destaca la eliminación de la Comisión de Acusación
y del Consejo Superior de la Judicatura, la doble
instancia para juzgar a los congresistas y la ampliación de la edad a los
magistrados de las altas cortes hasta los 70 años y su permanencia en el cargo
por 12 años.
El miedo en el gobierno de Santos
no pudo ser disimulado, pretendiendo hundir esta reforma convocando a sesiones
extraordinarias, para lograr salvar su popularidad, tratando de evitar acciones
de “hecho”, que pondrían en riesgo la estabilidad de los poderes, como podría
ser un referendo o la manifestación de distintas formas del pueblo colombiano.
Este discurso de “yo no tuve la culpa” es simplemente una forma de confundir al
pueblo, pues no hay ningún otro culpable que el mismo gobierno santista que
desde sus inicios busco dicha contra-reforma a la justicia.
No obstante, la misma realidad
demuestra que la gran carta magna del 91 esta hecha para una clase dominante, por
ello, sí se debe plantear una reforma a la justicia que cuestione a profundidad
el manejo del poder judicial en el país, claro esta que este cuestionamiento no
puede ser ajeno a las demás problemáticas estructurales que vivimos en
Colombia, y que deben ser combatidas y transformadas en su totalidad, sin creer
en las buenas intenciones del gobierno al “reformar” algo, porque al igual que
en la educación, lo que buscan siempre es el beneficio del capital y de su
clase.
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