Ser defensor de derechos
Humanos y/o activista ha sido en la historia de Colombia una práctica
peligrosa, un ejercicio lleno de obstáculos, golpes y lagrimas, pues es la
lucha contra los grandes enemigos del pueblo: el capitalismo (y su fase actual
el neoliberalismo); el Estado Colombiano, sus fuerzas represivas (legales e
ilegales) y su inexistente “justicia”.
No es un secreto que en
Colombia hay una grave situación de derechos humanos invisibilizada. Tenemos el
primer puesto mundial en ejecuciones a sindicalistas (se habla de que cada ocho
días muere uno); primer puesto en homicidios a defensores de derechos humanos (la
Comisión Colombiana de Juristas señala que en el 2011 -el peor año desde 1996-
fueron asesinados o desaparecidos 55 defensores de derechos humanos); el
segundo lugar en atentados contra periodistas; ejecuciones extrajudiciales (que
aún se encuentran en total impunidad) han acabado con la vida de cientos de jóvenes
de barrios populares; los presos, y en especial los presos políticos viven en
condiciones inhumanas y no se les presta los servicios de salud adecuados; cientos
de opositores políticos siguen aún desaparecidos y otros muchos han sido
ejecutados; las poblaciones son desplazadas por las fuerzas armadas en representación
del Estado y las multinacionales (por megaproyectos mineros, como fue el caso
de Marmato o de hidroeléctricas, como el caso del Quimbo); un sinnúmero de
estudiantes han sido amenazados, algunos judicializados y en menos de un año
contamos ya con un estudiante asesinado. Las amenazas por parte de bloques
paramilitares urbanos no se han hecho esperar, han amenazado (por medio de
panfletos que han inundado las ciudades y los campos, firmados por “las águilas
negras, “los rastrojos”, “los urabeños”,
entre otros) artistas, estudiantes, defensorxs de DDHH, sindicalistas, abogadxs,
campesinxs, y otras cuantas organizaciones y sectores que con su lucha se convierten
en la piedra en el zapato del régimen.
Es por ello que en nuestro deber de solidaridad, hacemos la
denuncia pública del plan criminal para asesinar a JOSE HUMBERTO
TORRES, reconocido abogado defensor de derechos humanos de la costa
atlántica y delegado político ante el gobierno nacional. Las plataformas de
derechos humanos, desarrollo y paz en Colombia, por fuentes de extrema
confiabilidad, se enteraron de un ofrecimiento según el cual, parapolíticos,
paramilitares recluidos en cárceles y miembros del grupo “LOS RASTROJOS” han
hecho una bolsa común para ofrecer 200 MILLONES DE PESOS PARA QUIEN ASESINE AL
RECONOCIDO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS JOSE HUMBERTO TORRES, miembro del
Comité de Solidaridad con Presos Políticos desde hace 30 años.
José Humberto Torres es uno
de los delegados políticos de las organizaciones de derechos humanos
colombianas ante el gobierno nacional, en el marco de la mesa nacional de
garantías, que precisamente busca garantías políticas para el ejercicio de la
defensa de los derechos humanos en Colombia, junto con el Ministerio de
Interior y otras instancias del Gobierno y Estado. La situación de riesgo
inminente que afronta el Dr. Torres se suma a la de cientos de líderes
sociales, reclamantes de tierras, familiares de víctimas de desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, hombres y mujeres que están siendo
perseguidas por ejercer su derecho a la defensa de los derechos humanos.
Las Plataformas de derechos
humanos y paz en Colombia exigen al gobierno nacional acciones inmediatas para
proteger la vida de José Humberto, quien se encuentra en máximo riesgo, porque aunque
tiene un sistema de protección, no es suficiente contra las fuerzas que han
decidido acabar con su vida, además que por lo general (nos lo dice la
experiencia) esta “protección” no responde a las necesidades de personas que
son amenazadas por defender los derechos del pueblo.
El Estado asesina, los
medios de comunicación callan, el pueblo sufre y convierte ese sufrimiento en
motor de lucha!
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