La crisis en la UPN como un ejemplo de la crisis nacional de la educación

                                            

Ver artículo administración Orozco

Estamos a menos de un año para que se acabe el periodo administrativo de Juan Carlos Orozco (el cual ha sido muy lesivo para la universidad). Hace dos semanas pasamos por el escenario de elección de representante estudiantil al CSU en la Universidad Pedagógica Nacional, todas las planchas obviamente estaban  nutridas con propuestas para cambiar la situación de crisis que se vive,  esto llevó a que se produjera una de las votaciones más altas de la historia; sin embargo El Rebelde, que estuvo presente en todo el proceso valora que hay  falta de claridad en el estudiantado frente a la raíz de los problemas por los que pasa la universidad, lo que ha ocasionado que  este se indigne por ciertas situaciones en especifico -síntomas de la crisis- que terminan por olvidarse; pero sin avanzar en acciones organizadas y con continuidad que erradiquen el problema de fondo.

El año pasado los estamentos de la universidad se indignaron fuertemente después de que ingresara por la noche la policía, destruyendo la infraestructura de la comunidad (orinando oficinas estudiantiles, destrozando las chazas que quedaban guardadas y dejando mensajes sugestivos contra los estudiantes), todo esto tras un mes parejo de movilización que coincidió con jornadas nacionales de la MANE, la toma de la sede de la  calle 72 por compañeros indignados porque se habían reducido las practicas, se iban a retirar las fotocopiadoras y no habían interpretes para la comunidad estudiantil sorda -fueron dos movilizaciones y unos cuantos tropeles que parecía mostrar un movimiento estudiantil muy cohesionado y dispuesto a lo que fuera por mejorar la universidad- y una asamblea donde se crearon comisiones y se decretaron un gran número de acciones a desarrollar; pero con el fin de semestre y el inicio de otro todo fue volver a comenzar de ceros, pareciese como si toda esa experiencia no hubiese existido sino en la mente de los que estuvieron presentes.

Esta es la primer arista de la crisis:  Al movimiento estudiantil de la UPN le falta organización gremial, le falta coordinación y articulación para que así no vuelva a comenzar cada vez que se presente una situación; esto pasa porque a pesar de que hay gran diversidad de expresiones políticas, no existe un referente articulador que las cohesione a todas en la defensa de la universidad y es más llamativo escuchar un peto en las canchas que ir a una reunión de la coordinadora de derechos humanos o de la MANE local. Esto ha llevado a que en algún punto a pesar de la diversidad política y de propuestas pedagógicas y artísticas alternativas exista una especie de analfabetismo con los problemas de la universidad, conociéndose solo los más obvios o recientes, pero sin datos.

La universidad ha pasado por una crisis presupuestal fruto de la reducción de los pesos reales que entran en comparación a los gastos que se realiza (desde la ley 30), con un plus adicional proveniente de los desfalcos que ocasionó el anterior rector Óscar Armando Ibarra Russi, incluido entre estos la deuda de $ 1.200 millones de pesos al distrito de Bogotá.

Este déficit que ha disminuido en el periodo de Orozco en el cual la universidad se autofinancia en un 36% y con una política de austeridad y precarización de los recursos básicos  y el interés recurrente por priorizar los programas de extensión (como el centro de lenguas) que traen más recursos que el pregrado; todo esto con el único fin de reducir el riesgo crediticio y hacer la universidad más viable en el mundo de las finanzas capitalistas, así en la formación de docentes este ultrajada.

En este periodo se aprobaron dos fuentes de recursos adicionales, una por parte de una estampilla –de $ 250.000 millones de pesos- para la construcción de la sede de Valmaria (donde serían trasladadas la mayoría de carreras tras la presión de la burguesía para que la universidad desaparezca del centro financiero de Bogotá en la  calle 72), dichos recursos no van a ser administrados por la universidad, sino por el distrito de Bogotá, y un préstamo pedido al FINDETER por $8.100  millones de pesos.

Como lo mencionamos anteriormente, esté periodo estuvo caracterizado por la austeridad, lo que llevó a que se redujeran las salidas de campo (al punto de desaparecer) en carreras como Comunitaria, Sociales, Biología, en donde son necesarias para la buena formación de los futuros docentes de este país; la no contratación de intérpretes a pesar de que la universidad se regocija por la cantidad de cupos que se dan para compañeros con discapacidad auditiva;  la infraestructura es bastante precaria no sólo en la sede de la 72 donde todos los edificios están dañados, sino que además se ha recurrido a alquilar y hacer convenios con sedes de otras universidades para “solucionar” el hacinamiento –destinando para esto hasta $11 mil millones por año-; la reducción y no renovación de profesores de planta –que son solo el 16% frente al total de profesores-; el recorte de mallas curriculares y la creación de carreras como recreación y turismo que no reflejan la identidad de la UPN; y políticas de bienestar que no son pensadas en la investigación y la calidad académica sino en cooptar sectores del estudiantado –cosa que se refleja por ejemplo con un supuesto aumento de los cupos para el almuerzo a dos mil cuando hay seiscientos de estos repetidos con los mismos nombres -. Todo esto mientras los administrativos (incluyendo el rector) se encuentran en un edificio último modelo, lejos del resto de la comunidad, sin tener ni medianamente cerca estás problemáticas.

Y para mantener las condiciones existentes y llevar a cabo la transformación de la universidad pedagógica en la universidad Mcdonalds de Colombia, la administración ha destinado gran cantidad de recursos a la seguridad –a un grado casi de inteligencia militar- con la suficiente contundencia para  tener vigilados y reprimir los esfuerzos de resistencia y lucha existentes, sin embargo lo suficientemente ineficientes como para no ubicar los mafiosos que administran las ollas al interior del campus de la 72.

Tras la presión recurrente frente a los abusos de la anterior empresa de seguridad y la denuncia frente a las no comprobadas relaciones con Ibarra y una posible composición de cuerpos de inteligencia en sus filas, al final de semestre se llevó a cabo la contratación de una empresa de seguridad nueva. Sin embargo es comprobado que a esta se le destinan $2.500 millones de pesos y que entró a jugar tras la configuración de toda una dinámica de persecución con los estudios de seguridad de Hugo Acero que costaron $ 100.000 millones de pesos.

Este panorama de la universidad tan grave y lleno de matices, a pesar de la falta de coordinación de todos los estamentos llevó a la construcción de un pliego de peticiones por parte de ASPU y SINTRAUPN asociado a SINTRAUNAL con el fin  no solo de mejorar las condiciones laborales y de asociación para el sector trabajador y profesoral, sino también para debatir y exigir puntos con respecto al bienestar universitario y la administración de recursos.

 A pesar de estos heroicos actos, reiteramos la falta de iniciativa y coordinación del estudiantado frente a la situación actual, por lo que hacemos un llamado a todos los estudiantes de la Pedagógica a que se sumen a las propuestas para cambiar la Educación superior en general y de la universidad en específico. Entre esas múltiples propuestas los invitamos a que se sumen a la campaña: A la UPN la rescata nuestras manos  ( http://www.facebook.com/pages/A-la-UPN-la-rescatan-nuestras-manos/461831127217216?fref=ts ), que trata de incitar al estudiante para que pase del letargo a la acción, pues no podemos simplemente esperar a que las decisiones lleguen cuando ya fueron aprobadas, para ahí sí oponernos cuando es un poco tarde y mas bien empoderarnos del futuro de nuestra educación, construir el real gobierno universitario desde abajo.