18 de febrero de 2012

LAS TIERRAS DE MAPIRIPÁN SIGUEN EN MANOS DE PARAMILITARES


El 12 de julio de 1997 mas de un centenar de miembros de grupos paramilitares aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de Neclocí y Apartadó, controlados por la Fuerza Pública, ubicados en la región del Urabá antioqueño, siendo recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán.

Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, a secuestrar y a producir la muerte de otros. Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997, los miembros de esos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en una lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC y que estas personas fueron torturadas y descuartizadas.

Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Con posterioridad a la ocurrencia de esta cruel masacre, se verificó el desplazamiento forzado de más de quinientas familias de este municipio, hacía diferentes lugares del país.[1]

En el mes de noviembre de 2011 Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', dio unas declaraciones a la Fiscalía, días después se emitió una orden por parte del Tribunal Superior de Bogotá para proteger tres mil hectáreas de tierras que hacen parte del proceso de reparación de las víctimas que dejaron los paramilitares del Bloque Centauros, de las cuales 250 están cultivadas con palma de aceite. Según lo establecido con la Fiscalía, el exjefe financiero de este bloque ofreció en total 12.000 hectáreas como reparación.

Según estas declaraciones, los paramilitares siguen teniendo en su poder grandes extensiones de tierra pese a las desmovilizaciones de 2005 y 2006, las cuales fueron adquiridas de tres formas diferentes.[2]

Una de ellas fue hacer la titulación de las tierras a nombre de personas de confianza de estos paramilitares, esto fue posible por medio de un colaborador en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), haciendo que, según investigaciones, 6.177 hectáreas, que estaban destinadas a campesinos sin tierras, estén ahora en poder de los paramilitares. Otra maniobra utilizada fue ocupar terrenos baldíos, los cuales son explotados con palma de aceite. Por último, tomaron varios predios y los convirtieron en uno solo, dándole un nuevo nombre.

Entonces ¿es suficiente la protección de tres mil hectáreas de tierras? No, ya que  esta “protección” sólo significa que no se puede comercializar con las tierras, es decir, no pueden pasar a manos de un tercero, empero siguen siendo explotadas por los supuestos desmovilizados, por otra parte, tres mil hectáreas representa apenas la cuarta parte de las tierras que ‘Don Mario’ ofreció como reparación, haciendo que las tres cuartas partes restantes sigan siendo explotadas, además que pueden en cualquier momento ser comercializadas.

 Es aquí donde se ve la ineficiencia del gobierno colombiano a la hora de reparar a las víctimas del conflicto armado que sigue vigente en el país, además de la complicidad del Estado con los grupos paramilitares que permite que antes y después de la “desmovilización” de estos grupos se siga masacrando y desplazando campesinos para así seguir enriqueciéndose unos pocos y dejando en la miseria a muchos tantos. La nueva ley de tierras que tanto ha enarbolado el gobierno no representa una verdadera restitución de tierras, y no permite generar una redistribución de la tierra que está tan concentrada en nuestro país.