El 12 de julio de 1997 mas de un centenar de miembros de
grupos paramilitares aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en
vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de Neclocí y Apartadó,
controlados por la Fuerza Pública, ubicados en la región del Urabá antioqueño,
siendo recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su
transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán.
Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control
del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a
intimidar a sus habitantes, a secuestrar y a producir la muerte de otros. Los
testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997, los
miembros de esos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en una
lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC y
que estas personas fueron torturadas y descuartizadas.
Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15
hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre
circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron,
desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos
al río Guaviare. Con posterioridad a la ocurrencia de esta cruel
masacre, se verificó el desplazamiento forzado de más de quinientas familias de
este municipio, hacía diferentes lugares del país.[1]
En el mes de noviembre de 2011 Daniel
Rendón Herrera, alias 'Don Mario', dio unas declaraciones a la Fiscalía, días
después se emitió una orden por parte del Tribunal Superior de Bogotá para
proteger tres mil hectáreas de tierras que hacen parte del proceso de
reparación de las víctimas que dejaron los paramilitares del Bloque Centauros,
de las cuales 250 están cultivadas con palma de aceite. Según lo establecido
con la Fiscalía, el exjefe financiero de este bloque ofreció en total 12.000 hectáreas
como reparación.
Según estas declaraciones, los
paramilitares siguen teniendo en su poder grandes extensiones de tierra pese a
las desmovilizaciones de 2005 y 2006, las cuales fueron adquiridas de tres
formas diferentes.[2]
Una de ellas fue hacer la titulación
de las tierras a nombre de personas de confianza de estos paramilitares, esto
fue posible por medio de un colaborador en el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder), haciendo que, según investigaciones, 6.177
hectáreas, que estaban destinadas a campesinos sin tierras, estén ahora en
poder de los paramilitares. Otra maniobra utilizada fue ocupar terrenos baldíos,
los cuales son explotados con palma de aceite. Por último, tomaron varios
predios y los convirtieron en uno solo, dándole un nuevo nombre.
Entonces ¿es suficiente la protección
de tres mil hectáreas de tierras? No, ya que
esta “protección” sólo significa que no se puede comercializar con las
tierras, es decir, no pueden pasar a manos de un tercero, empero siguen siendo
explotadas por los supuestos desmovilizados, por otra parte, tres mil hectáreas
representa apenas la cuarta parte de las tierras que ‘Don Mario’ ofreció como
reparación, haciendo que las tres cuartas partes restantes sigan siendo
explotadas, además que pueden en cualquier momento ser comercializadas.
Es aquí donde se ve la ineficiencia del
gobierno colombiano a la hora de reparar a las víctimas del conflicto armado
que sigue vigente en el país, además de la complicidad del Estado con los
grupos paramilitares que permite que antes y después de la “desmovilización” de
estos grupos se siga masacrando y desplazando campesinos para así seguir
enriqueciéndose unos pocos y dejando en la miseria a muchos tantos. La nueva
ley de tierras que tanto ha enarbolado el gobierno no representa una verdadera
restitución de tierras, y no permite generar una redistribución de la tierra
que está tan concentrada en nuestro país.
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