13 de febrero de 2012

Marcha de Necoclí, activismo inútil


La reclamación de predios despojados a la fuerza por el paramilitarismo deberá pasar por estrados judiciales. Ahí la pelea ahí es a otro precio, pues enfrentará a campesinos empobrecidos con el gran capital agroindustrial.
Lunes 13 Febrero 2012

“Esta Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras la vamos a hacer efectiva contra viento y marea, contra cualquier enemigo”, dijo el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en un emotivo discurso en el municipio de Necoclí, durante el acto central que tuvo como telón de fondo la movilización masiva de campesinos del norte de Antioquia, Córdoba y Chocó en apoyo a la intención del Gobierno de atender los reclamos de aquellos que fueron despojados de sus tierras por grupos paramilitares, en asocio con empresarios, funcionarios estatales y sectores de la Fuerza Pública. 

Ver la concentración de pobladores en Necoclí y al presidente Santos conminándolos a defender la Ley me llevó a pensar en la insensatez de sus palabras, pues buena parte de ellas son ilusorias, generadoras de falsas expectativas, activismo inútil, pues la restitución de esas tierras despojadas a la fuerza durante buena parte de la década de los noventa y el dos mil en diversas regiones del país deberá surtir un largo trámite jurídico en el cual los labriego despojados, de manera individual, se tendrán que enfrentar a los grandes capitales.

Mi impresión se ratificó cuando escuché de boca de Santos Calderón otra afirmación: “ese proceso lo vamos a acelerar, lo vamos a ir acelerando”. Y ofreció algunas cifras para mostrar la magnitud de la tarea pendiente: “Aquí en Urabá, hemos recibido 270 solicitudes que están reclamando 12.200 hectáreas. En Antioquia hemos recibido 915 solicitudes, que están reclamando 33 mil hectáreas”.

Si bien el mandatario nacional pluralizó la intención de “acelerar” ese proceso, la verdad es que no depende de él sino de la rama judicial, la cual no le ha impreso la dinámica que intenta mostrar Santos Calderón, pues a la fecha no ha creado los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras que contempló la Ley 1448 de junio de 2011, y que hoy se conocen como Jueces Agrarios.

Según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se crearán 130 Jueces Agrarios, que serán los encargados de definir la restitución de las tierras a los más de 4 millones de despojados beneficiarios de la Ley de Víctimas y, según su percepción, podrán resolver los procesos en menos de 12 meses. Ahí tiene ya un primer tropiezo. La idea era que comenzaran a trabajar el 15 de enero pasado, pero ya ha pasado casi un mes y no hay nadie nombrado.

Ahora, esos 12 meses de los que habla Restrepo serían posibles siempre y cuando, como dice la Ley, “no se reconozcan opositores”, lo que es una utopía, pues como se ha advertido de manera exhaustiva en los últimos años, los labriegos despojados tendrán que enfrentarse, en cientos de casos, a los que hoy poseen los predios y se han declarado poseedores de buena fe, lo que quiere decir que darán la pelea. Y será una pelea muy desigual.

Además, la Ley establece que cuando hay un “opositor”, que en este caso serán los terceros de buena fe, “los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial”, lo que indica que el debate jurídico será más prolongado y se demorará más de los 12 meses calculados por el Ministro de Agricultura para llegar a un fallo definitivo.

He tenido la oportunidad de asistir a varias audiencias en los tribunales de Justicia y Paz, donde, hasta antes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han dirimido las demandas de reclamación de predios, y lo que se observa allí es un verdadero desequilibrio entre el campesino reclamante y el empresario poseedor del predio, pues el primero no cuenta con los recursos necesario para enfrentarse al segundo, que cuenta con el dinero suficiente para pagar hasta investigadores privados. En esencia, se trata de la lucha del pobre contra el capital.

Ahí es dónde el Gobierno Nacional debería estar preparando algunas estrategias para apoyar a los reclamantes de tierras con apoyo jurídico y recursos para costear los procesos, que van desde la expedición y fotocopias de decenas de documentos, hasta los recursos para asistir a las audiencias, que les cubran gastos de desplazamiento y estadía. Hoy, parte de esa financiación, la están cubriendo organizaciones no gubernamentales con recursos de agencias de financiación internacional. La idea es que haya más responsabilidad estatal en este asunto.

Adicional a ello, es importante señalar que la presencia de “opositores” a la reclamación le exigirá a la Fiscalía General de la Nación mayor trabajo de sus cuerpos de investigación para determinar si hubo o no despojo y poder participar, como coadyuvante, en la causa de los reclamantes de tierras. Por tal razón, será necesario dotar al ente acusador de más personal con los recursos y las herramientas necesarias para hacer bien su tarea; de lo contrario, habrá debilidades en la defensa de los campesinos que serían capitalizadas por los empresarios para demostrar que compraron los predios de buena fe y diluir cualquier responsabilidad en el despojo.

En definitiva, puede que las movilizaciones sean importantes para la Presidencia de la República, pero, dadas las características de lo que se viene judicialmente, son inútiles. La realidad, mirada con sensatez y bajo temperaturas más frías que las del Urabá antioqueño, es más compleja. Los reclamantes de tierras deberían tener eso claro, pues, de lo contrario, se crearán falsas expectativas, circunstancia que no es justa con quienes han padecido la guerra en toda su magnitud.


Por Juan Diego Restrepo E.*

*Periodista y docente universitario