La semana pasada los rectores de
las 32 universidades públicas se reunieron en la Universidad Nacional sede
Medellín para hacer acuerdos sobre los puntos fundamentales de construcción de
una nueva ley de educación superior. En este encuentro los rectores propusieron
que la reforma debería girar en los siguientes ejes: sostenibilidad y
financiamiento, sistema educativo con impacto social, equidad y calidad.
A diferencia del programa mínimos
de los estudiantes, que tiene 6 ejes, los rectores plantean sólo cuatro, y
según Danilo Reinaldo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal: “estos puntos garantizarán que la educación
esté fundamentalmente centrada en que los estudiantes, no sólo con capacidades
económicas, sino también los de capacidades intelectuales y bajos recursos
económicos, accedan a la educación superior”.
En primera medida, los
estudiantes no estamos luchando simplemente por el acceso a la educación superior, sino por
una reforma integral que permita entre otras cosas que el estudiante acceda y
se mantenga en la universidad, para lo cual vemos temas más profundos que nos
permitirán alcanzar este objetivo, como lo es el Bienestar Universitario. Sin
embargo, pareciera que para el SUE la educación debe seguir basandose en méritos (cómo
lo proponía el art. 1 de la reforma presentada por el gobierno)
Debemos ver que si simplemente planteamos que aquellos que demuestren capacidades intelectuales independientemente de sus recursos económicos puedan entrar a una institucion de ducación superior de alto nivel seguiriamos promoviendo la desigualdad social.
tendríamos que analizar como desde la básica primaria existe una división en la educación que reciben los estudiantes según su condición económica, dado que cada vez son menos el número de estudiantes de colegios públicos que ingresan a la universidad pública.
Debemos ver que si simplemente planteamos que aquellos que demuestren capacidades intelectuales independientemente de sus recursos económicos puedan entrar a una institucion de ducación superior de alto nivel seguiriamos promoviendo la desigualdad social.
tendríamos que analizar como desde la básica primaria existe una división en la educación que reciben los estudiantes según su condición económica, dado que cada vez son menos el número de estudiantes de colegios públicos que ingresan a la universidad pública.
Es por eso que el problema del acceso a la
educación superior deviene de la educación básica, pues es desde estas bases
que se da una discriminación de clase y se le asigna un futuro al pueblo marginado,
porque se les da una educación de baja calidad que en la gran mayoría de casos
no alcanza para acceder a una formación superior, por tanto, el camino viable
es estudiar una programa técnico o tecnológico o ingresar inmediatamente a
trabajar, si eligen el primero, es simplemente un mecanismo para cualificar la
mano de obra para trabajos de baja remuneración.
En el marco de ese encuentro, el
viceministro de educación superior, Javier Botero, ha señalado que el gobierno liderará la concertación nacional
para impulsar una reforma, aunque no se han conocido mayores
detalles de los procedimientos de este proceso. Desde la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil se aclaró que en este momento de construcción de ley no se
concertará nada con el gobierno, pues consideramos que éste continúa con su
política neoliberal para la educación y por tanto, no podemos hacer una
concertación entre los que queremos una educación pública, gratuita y de
calidad, y los que quieren una educación de méritos y que permita acumular a
unos pocos.
Finalmente, debemos entender que
el proceso de construcción de ley no lo hacen solamente los rectores y el gobierno, lo
debe hacer el conjunto de la comunidad académica, la cual incluye
profesores, estudiantes y trabajadores, pues somos nosotros los que más sufrimos
las problemáticas.
Ni el SUE, ni el gobierno, ni
ninguna entidad que no haya realizado un proceso democrático de construcción de
ley representará los verdaderos intereses del pueblo, pues recordemos que el
SUE es el conjunto de rectores de las universidades públicas, los cuales son
elegidos por los Consejos Superiores Universitarios, y los delegados del CSU
son del gobierno, lo que implica que el rector es cercano a la postura política
del gobierno y su carácter privatizador, para no ir muy lejos, el paulatino
proceso de privatización de Wasserman en la Universidad Nacional, el mismo que
fue el “gran opositor” de la reforma.
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