11 de febrero de 2012

SEÑOR PRESIDENTE: EL PROBLEMA DE LA TIERRA SI ES UNA LUCHA DE CLASES



Hoy una multitudinaria marcha en Necoclí es encabezada por el Primer Mandatario Colombiano, un acto que se ha promocionado con bombos y platillos y que demuestran “la buena voluntad” del gobierno, un gobierno que se ha caracterizado por la cooptación de los movimientos sociales, que se declara de tercera vía, la vía del “neoliberalismo humano”, una gran ironía.

Según el presidente Santos la lucha por la tierra “no es una lucha de ricos contra pobres, no es una confrontación entre campesinos y terratenientes, NO ES UNA LUCHA DE CLASES; es simple y llanamente una cruzada de lo legal contra lo ilegal”. Gran barbarie la declaración de este señor.

Desconocer el carácter que tiene la problemática agraria en Colombia es desconocer todo el proceso histórico que ha existido en nuestro país alrededor de la tenencia de la tierra. El problema de la tierra no deviene de la problemática del conflicto armado y su proceso de desplazamiento, es al contrario, el surgimiento de las guerrillas y el conflicto armado actual tiene parte de su origen en el problema agrario, en la posesión de la tierra, en el monocultivo y la explotación al campesino. No podemos hablar de simple y llanamente una cruzada de lo legal contra lo ilegal, cuando lo legal en este país ha estado monopolizado por los mismos dueños de la tierra, cuando lo legal es que el 0.4% de los propietarios de la tierra posee el 62% de esta, mientras el 58% solo posee el 1.6%.

El problema de la tierra en Colombia si es una confrontación entre campesinos y terratenientes, entre las clases desposeídas y las dominantes que se han formado en nuestro territorio, es una de las manifestaciones de la lucha de clases en Colombia. No podemos desconocer el carácter de clase de los terratenientes y de los campesinos desposeídos.

La ley se limita a la mera reparación económica parcial. Excluye las víctimas de los años 80, época en la que la guerra sucia desplazó y asesinó a miles de campesinos y líderes sociales. Sólo cobija las del 91 para acá. En la llamada restitución de tierras, sólo se contempla la “devolución” de una tercera parte de las tierras despojadas, 2 millones de hectáreas de las 6 que se considera fueron arrebatadas. La ley deja a discreción del gobierno, definir qué zonas se incluyen en el programa y cuáles no, parte básica de los trámites se da en los niveles regionales, los que precisamente están controlados por los victimarios, por los que han despojado y establecido un poder local mafioso y paramilitar (un ejemplo es el caso de Uribe en Montería, por sólo mencionar uno de tantos). Los trámites jurídicos, son casi que inalcanzables para el campesino expropiado que no sabe de leyes, no tiene capacidad económica para contratar abogados, ni mayores posibilidades de deambular oficina por oficina, detrás de los diversos trámites que ha de cursar.

“Además de que no se entregará toda la tierra, es necesario analizar otro “puntico” de la ley, los casos con objeción de “tenedores de buena fe”, que irían a los magistrados de la circunscripción. Cálculos oficiales estiman en 60 mil los posibles litigios, lo que para cada una de las 60 magistraturas, implicaría atender 100 pleitos por año”[1].Estudios de Ibáñez indican que el 50% de los desplazados no retornarían y con el paso del tiempo este porcentaje puede ser menor y peor todavía si los esperan a sangre y fuego.

Además, en el marco de Prosperidad para todos se busca fortalecer la explotación agro-minera, que se desarrolla con la base de la confianza inversionista desarrollada por el régimen de Uribe, permitiendo la incursión de grandes multinacionales con el fomento de la nueva modalidad paramilitar, las BACRIM. Por sólo poner un ejemplo, la Corporación Anglo Gold Ashanti (que quería construir la mina de la Colosa) está realizando una exploración en 825 mil hectáreas. A esto hay que sumarle los datos presentados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, están en exploración 21,4 millones de hectáreas  y otras 79,4 millones están por entregarse a las transnacionales petroleras.

Con el nuevo PND de prosperidad para todos, se diseña un reordenamiento territorial para la creación de entornos territoriales competitivos, teniendo como propósito, especializar las regiones en el ofrecimiento de servicios y la optimización de los recursos para minimizarle costos al interés extranjero. El paramilitarismo, que ahora el gobierno llama Bacrim, es funcional a estos reordenamientos territoriales, por eso se han vuelto a reactivar.

¿Y no hablamos de una lucha de clases? El problema de la tierra en Colombia demuestra el carácter de clase del Estado y sus políticas antidemocráticas y militaristas, pues sus planteamientos no responden a una verdadera “reforma agraria” como lo menciona el presidente; así se logre “devolverle la tierra” a algunos campesinos, no se está planteando una redistribución de la misma, el problema no es entre la “posesión legal o ilegal”, el problema radica en altísimos niveles de concentración de tierra que existe en Colombia.

Sin embargo, no es posible reducir el problema de la tierra simplemente a la posesión de la misma, va mucho más allá, y estos problemas no son tocados por la ley. La ley en curso no restituye al campesino en unas condiciones que le permitan sobrevivir, mantenerse en la tierra, hacerla producir y permanecer en el territorio. Es necesario realizar un análisis de todas las consecuencias que produjo la guerra paramilitar que despojo a miles de campesinos, el problema de la proletarización del campesinado (que ha producido nefastas consecuencias para las ciudades), pues centenares de familias campesinas que llevan varios años viviendo en la ciudad se han acomodado a un proceso de producción diferente. Las familias que llevan años deambulando fuera de sus territorios es difícil que se acomoden a un pedazo de tierra en una región que desconocen completamente, ¿Con qué recursos económicos va a sobrevivir, va a construir su vivienda y a volver productivo el pedazo de tierra adjudicado? Se verá obligado a vender esa tierra, a arrendarla o abandonarla. El modelo no coincide con la economía campesina. Para ello tendría que darse un cambio de modelo. El tamaño del problema del desplazamiento, exige mucho más que un pedazo de tierra y ello exige una política de Estado y no la improvisación gubernamental.


Además esta ley no cambia las realidades de violencia que lo sacaron de la tierra, pues seguimos enmarcados en un contexto de guerra, y con el modelo minero extractivo viene una nueva oleada de desplazamiento y de mayor concentración, siendo las BACRIM la nueva herramienta para la desposesión del campesinado, la seguridad no tan privada de los grandes empresarios.

La redistribución de la tierra., su uso para la producción de alimentos y otro modelo agrario, sigue siendo una de las principales reinvindicaciones del campesino pobre. Además de generar un proceso verdadero de redistribución que afecte de manera directa la concentración de la tierra en pocas manos, es necesario generar una planeación popular del desarrollo de las fuerzas productivas, donde se plantee como pilar una innovadora y adecuada explotación del suelo, que garantice una soberanía alimentaria y  plantee nuevas formas del uso de la tierra, erradicando el monocultivo y la ganadería extensiva, pues son causas fundamentales de la erosión del suelo y su futura improductividad.

Esta marcha es sólo un ejemplo más de la demagogia usada por Santos, que intenta maquillar los problemas estructurales que se viven en Colombia que radican en un modelo económico que ha explotado a miles de colombianos y colombianas. Intenta cooptar al movimiento campesino para evitar un posible cuestionamiento a sus políticas y legitimar su gobierno.


[1] DESDE ABAJO. “Revolución agrícola de Santos: ¿mucho ruido y pocas nueces?. Tomade de http://desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/19156-%E2%80%9Crevoluci%C3%B3n-agr%C3%ADcola-de-santos%E2%80%9D-%C2%BFmucho-ruido-y-pocas-nueces?.html