Por estos días se dictó la primera sentencia a dos empresarios de firmas palmicultoras por robo de tierras y desplazamiento forzado en el departamento del Choco entre 1997 y 2002. Al gerente de la empresa Palmar S.A, Iván Patiño Patiño se le imputaron los cargos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño ambiental, los cuales aceptó, por lo que de 11 años que debía pagar (según un juez especializado de Quibdó), recibió solo 5, como si la aceptación de culpabilidad disminuyera el daño causado. Por otro lado, Luis Alberto Flórez Pérez, miembro de la Asociación de Pequeños Productores de Palma, recibió 4 años, aceptando el cargo de concierto para delinquir.
Estos crímenes fueron perpetrados por paramilitares, que en complicidad con miembros de la brigada XVII del Ejército (que ya tenían antecedentes por el desplazamiento de más de 4.000 mil personas en el Urabá) incursionaron violentamente en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, del municipio de Riosucio, Chocó, desalojando los lugares donde se llevaría a cabo todo el proyecto palmicultor.
Empresarios antioqueños y costeños, estuvieron encargados de realizar parte de la inversión económica para la ejecución y darle visos de legalidad. No siendo suficiente, cuando el robo de tierras fue legalizado y se convirtieron en propiedad de Palmar S.A., el Estado proporciono millonarias ayudas para el cultivo de palma. Para la legalización de estos robos se utilizaron hasta las medidas más bajas, llegando a la falsificación de firmas de personas ya muertas, para facilitar las transferencias de tierras.
Algunos desplazados que volvieron a sus territorios, los encontraron infestados de palma, se estrellaron con títulos de propiedad que le conferían sus tierras a quienes se las habían quitado y de nuevo fueron sacados por los grupos paramilitares quienes esta vez utilizaron la legalidad burguesa, en esa ocasión las comunidades denunciaban aproximadamente 100 muertos y otros muchos desaparecidos. Hasta el sol de hoy los culpables se castigan por corrupción y daños al medio ambiente, pero nunca por la violación sistemática y agravada de los derechos humanos, condenas que son increíblemente absurdas comparadas con todos los problemas sociales (que pasan por el empobrecimiento, el desplazamiento forzado, conflictos de tierra, amenazas, desapariciones, torturas, asesinatos) que trae el monocultivo de palma africana financiado por los capitalistas, a quienes si les conviene, en complicidad con paramilitares y fuerzas militares que no les importa arrasar con lo que se cruce en su camino.
Por otro lado las consecuencias ambientales (que terminan por afectar a las mismas comunidades) son catastróficas, se habla de la tala de bosques, envenenamiento de suelos, agua y aire por medio de venenos agrícolas, la extinción paulatina de especies animales, entre otros.
Colombia es el segundo gran productor de palma africana en América, con más de 130.000 hectareas destinadas para dicha actividad, que podrían ser utilizadas por campesinos o indígenas para producir su propio alimento o para la obtención de productos que les garanticen su supervivencia, pero sucede que para los grandes capitalistas de este país eso no es rentable, como si lo es la siembra de palma para la obtención de biocombustible. La utilización del territorio rural legitimada por el Estado responde a las necesidades del mercado y del capital, matando y dejando morir de hambre al pueblo que lo trabaja.
La justicia Colombiana se jacta de estos “logros judiciales” creyendo q unos cuantos años de cárcel y una millonaria suma (que ni siquiera será destinada para los afectados de dichos delitos) podrá devolver a las centenares de familias afectadas sus tierras, sus hogares, sus muertos, su dignidad.
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